Amplio debate entre jueces y periodistas sobre las redes sociales y la libertad de expresión
Fue en un seminario en homenaje al fallecido jurista Gregorio Badeni; se planteó si, por ejemplo, los usuarios de Twitter tienen la misma protección que los profesionales de la información
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LA NACIONHernán Cappiello
Un centenar de jueces y periodistas debatieron más de dos horas sobre las relaciones entre la prensa y la Justicia en la inauguración de un seminario que organizó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) en homenaje al constitucionalista Gregorio Badeni, fallecido hace un año, que asesoró a la entidad durante 30 años en temas de libertad de expresión.
Badeni fue recordado no solo por sus esclarecedores tratados sobre la libertad de prensa y su defensa de los valores que guían la tarea del periodista, sino por su generosidad con colegas y periodistas tanto en el ejercicio de su profesión como en el debate público.
La charla fue inaugurada por Martín Etchevers, presidente de ADEPA, que destacó los roles de ambas instituciones, vitales para la democracia, para que las cuestiones jurídicas puedan ser abordadas con claridad y las decisiones judiciales puedan llegar a la audiencia en sus complejidades y a tiempo. Independencia y autonomía son valores que familiares a ambos mundos, dijo Etchevers.
Recordaron a Badeni por su coraje, su inteligencia, sus calidades humanas y profesionales, Guillermo Ignacio, de ADEPA; Roberto Luqui, por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales; y Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Garay advirtió que los avances sobre la libertad de expresión son bastante comunes, dijo que hay que estar alerta no solo en cómo se comportan los funcionarios, sino también los jueces.
Con la moderación de Daniel Dessein, de ADEPA, el juez de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, tras destacar una vez más la figura de Badeni, abordó el tema de la capacidad de manipulación de las redes sociales en contextos electorales. Y explicó que está en juego la verdad, que es la preocupación común de jueces y periodistas: proteger la información veraz. Informó que la publicidad de las agrupaciones políticas en redes creció en los últimos 10 años de un 10% de su presupuesto a casi el 50%, pero que la ley electoral solo regula la radio y la TV.
Indicó además que hay tres modelos para esta regulación: el de los Estados Unidos, que dejó actuar al mercado y terminó por favorecer a las grandes plataformas; el de la censura, como en China y Rusia; y el modelo europeo, que prevé sanciones legales severas, hasta la suspensión de las plataformas o la eliminación de los contenidos. Contó que en Argentina desde 2018 se dispuso mediante una acordada y luego una regulación para protegerse de las fake news y se firmaron compromisos con ONGs, instituciones y las plataformas para contribuir a combatirlas.
Por otro lado, la jueza Marta Cáceres de Bollati, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, se refirió a la cuota de responsabilidad adicional que tienen los jueces en el uso de las redes sociales y a cómo la difusión de noticias judiciales afecta la legitimidad social de los pronunciamientos y la imagen de los ciudadanos sobre la Justicia.
Asimismo, reflexionó sobre si es necesario revisar principios jurisprudenciales de protección de la libertad de expresión y los medios, ante las expresiones que se vierten por redes sociales. Y planteó si es posible asimilar así a un tuitero o cualquier persona que emite un posteo con la protección de que gozan los periodistas.
La jueza civil Virginia Simari habló sobre la confianza necesaria para el fortalecimiento de las instituciones y el rol que ocupan los medios para poder reconstruirla.
Carlos Jornet, director de La Voz del Interior, abogó por un lenguaje claro por parte de los jueces, de modo de reducir la distancia con la ciudadanía, y exaltó la necesidad de transparentar los algoritmos de las plataformas y los nuevos desafíos en torno a lo digital no contemplados en las leyes. Jornet abogó por que la información sobre los gastos de campaña electoral esté disponible en formato de datos abiertos Y recordó que los medios tradicionales, de marca y prestigio consolidado, son el mejor antídoto ante la desinformación.
Por último, rechazó el mal llamado “derecho al olvido”, que dijo que está inmerso en una confusión. Pues se traduce en avances sobre la libertad de expresión, en fallos, leyes y proyectos que promueven el interés individual sobre los derechos colectivos a conservar la memoria sobre situaciones de violencia, corrupción, crimen o violaciones de derechos. “Se pretende que se desindexen o eliminen determinadas informaciones veraces y que efectivamente han ocurrido”, advirtió.
Por último, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el juez Marcelo Gallo Tagle, dijo que jueces y periodistas se parecen cuando actúan con compromiso, capacidad y pasión y reconoció que la relación con el periodismo enriquece a los magistrados. Señaló que se trata de una saludable convivencia, aunque no exenta de tensiones. Dijo que las redes sociales claramente los dejan expuestos al escrutinio público, pero que eso hace necesario que se respeten y se escuchen para llevar a la sociedad informaciones claras y precisas.
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