Analizará la justicia española si extraditan a los ex franquistas

El gobierno de Rajoy consultará a los magistrados por el requerimiento de Servini
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21 de septiembre de 2013  

MADRID (AP).- El gobierno español anunció que escuchará el criterio de la Justicia antes de ejecutar la orden internacional de detención contra cuatro ex agentes franquistas, requerida por la Argentina.

"Como ocurre en todos los casos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trasladarán la orden internacional de detención a la Audiencia Nacional, a través de la fiscalía'', dijo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al término de la reunión del Consejo de Ministros, que deliberó en esta ciudad.

En su momento, la fiscalía de la Audiencia Nacional se había opuesto a la investigación franquista que intentó abrir el ex juez Baltasar Garzón en España, por considerar que los delitos prescribieron, al amparo de la ley de amnistía de 1977.

Garzón, de visita en Buenos Aires, celebró ayer la decisión de la jueza María Servini de Cubría y dijo que la justicia internacional "es de ida y vuelta". La magistrada argentina fundamentó el pedido de extradición de los ex agentes franquistas en el caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet, entregado a su país en 1988, por considerarse que los delitos de lesa humanidad no prescriben y son de jurisdicción internacional.

Al respecto, el ministro Ruiz-Gallardón evitó hablar de plazos. Los abogados de la acusación sostienen que seis meses sería un tiempo razonable para dar respuesta a las peticiones de arresto.

Es la primera vez, desde la amnistía de 1977, que un tribunal de Justicia imputa a personas por hechos relacionados con el régimen franquista.

Servini de Cubría dio curso a la orden de detención, a través de Interpol, a las policías de todo el mundo. Pidió la detención de los acusados para interrogarlos en Buenos Aires por 13 delitos de tortura, que en el Código Penal argentino contempla penas de 8 a25 años de cárcel.

Los cuatro acusados tienen domicilio en España. Son Juan Antonio González Pacheco (67 años), José Ignacio Giralte González (71) y Celso Galván Abascal (77), que pertenecieron a la Brigada Político Social, que actuaba como policía política de Franco. El otro es Jesús Muñecas Aguilar (74), que integró la Guardia Civil.

Respaldo de AI

Amnistía Internacional (AI), en tanto, pidió ayer al gobierno de Mariano Rajoy que detenga y extradite a los cuatro presuntos torturadores de la dictadura franquista cuyo arresto ordenó esta semana la jueza argentina.

"España está obligada bajo el derecho internacional", dijo la organización defensora de los derechos humanos, al calificar de "histórica" la decisión de la Justicia.

El ex juez Garzón, en tanto, afirmó durante su visita a la Argentina que la decisión del ex presidente Néstor Kirchner de reabrir los juicios por los delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar apuntaron a "consolidar al país" y lamentó que en España no se hiciera lo mismo.

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