Ante un conflicto entre los tres poderes

El presidente Javier Milei, titular del Poder Ejecutivo, entró ayer a salto de mata en un conflicto con los otros dos poderes del Estado. Decidió nombrar por un simple decreto en comisión a los dos miembros de la Corte Suprema que, en principio, cubrirán las vacantes en ese tribunal: el actual juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla. La Corte Suprema de Justicia, cabeza del Poder Judicial, ya decidió que no le tomará juramento a Lijo mientras sea juez federal. Lo hará solo si el polémico juez, cuestionado moral e intelectualmente por distintos dirigentes políticos, importantes entidades empresarias y varias ONGs vinculadas con la justicia, renunciara al cargo que tiene ahora en los tribunales federales penales de la Capital. No es un capricho: la jurisprudencia de la Corte nunca avaló que un juez con acuerdo senatorial lo sea por decreto en otra instancia judicial. Por ahora, lo que se sabe es que Lijo decidió que pediría una licencia extraordinaria como juez federal cuando se conociera el decreto. El decreto se conoció en la tarde de este martes. El pedido de licencia lo presentará ante el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, aunque varios juristas señalaron que Llorens no está en condiciones de concederle una licencia extraordinaria a un juez federal. Esta es una facultad exclusiva de la Corte Suprema, que ya resolvió, de todos modos, que le tomará juramento a Lijo solo si este renuncia a su cargo actual. Llorens es un juez que goza de prestigio en los tribunales de Comodoro Py; es muy difícil, por lo tanto, que lo ponga en riesgo por la sencilla licencia de un juez. Llorens podría ser reprendido por la Corte. En definitiva, si Lijo no renuncia a su cargo de juez federal es imposible que pueda asumir como miembro de la Corte Suprema.

El caso de García-Mansilla es más simple de resolver porque no tiene cargos en el Poder Judicial. La Corte le tomará juramento luego de que el Presidente lo designó por decreto. Los jueces supremos sostienen que existe un artículo de la Constitución, el 99 inciso 19, que habilita al jefe del Ejecutivo a nombrar “empleos que requieran el acuerdo del Senado” cuando el Congreso está en receso. Algunos constitucionalistas señalan que el espíritu de la Constitución nunca previó que un presidente designaría a un juez de la Corte por decreto apenas tres días antes de que finalice el receso del Congreso. “Están forzando los límites constitucionales. No se puede decir que la decisión es inconstitucional, pero claramente no se condice con el espíritu de ese artículo”, apuntó uno de ellos. Ese disposición constitucional rige desde 1853 cuando el receso parlamentario duraba entre diciembre y mayo, y los legisladores debían trasladarse en carruajes tirados a caballo desde y hacia sus provincias. La objeción de los constitucionalistas refiere, sobre todo, a la inminencia del fin del receso parlamentario, que concluirá formalmente el próximo sábado, cuando el Presidente inaugure la sesiones ordinarias del Congreso con su discurso anual ante la Asamblea Legislativa.

El otro conflicto sucederá con el Senado, una de las dos cámaras que integran el Poder Legislativo. El Senado es el cuerpo parlamentario que debe darles acuerdo a los jueces de la Corte con los dos tercios de sus votos. Es decir, si estuvieran los 72 senadores en el recinto el acuerdo necesitaría del voto favorable de 48. Para decirlo de otra manera, si un grupo senatorial controlara 25 votos sería imposible alcanzar los dos tercios; 25 votos son un tercio más un voto. Los pliegos de Lijo y de García-Mansilla están en el Senado desde hace 11 meses y nunca pudieron progresar más allá de que la Comisión de Acuerdos, cuyo dictamen es crucial para llegar al debate, pero no para decidir el acuerdo, consiguió las nueva firmas necesarias para el acuerdo de Lijo. Desde ya, el Senado defiende su facultad constitucional de darles su acuerdo a los jueces supremos y no admitirá fácilmente que el Presidente los nombre por decreto. Según la Constitución, los jueces designados por decreto en comisión pueden ejercer el cargo hasta el fin del próximo período legislativo. En este caso, sería hasta el próximo 1º de diciembre. Si no obtienen sus acuerdos hasta esa fecha, los magistrados deben abandonar sus funciones en la Corte.

Por ahora, existe un acta firmada por los 33 senadores peronistas (ahora son 34 con la incorporación de la camporista entrerriana Stefanía Cora en reemplazo del exsenador Edgardo Kueider, que fue detenido en la frontera con Paraguay con 200.000 dólares y expulsado del Senado), en la que se comprometieron a rechazar cualquier designación por decreto de jueces de la Corte Suprema. Más cerca en el tiempo, este jueves, la senadora riojana peronista María Florencia López le anticipó al periodista Ignacio Ortelli que el bloque peronista, el más numeroso en el Senado, impulsará en el acto la destitución de un juez nombrado por decreto. “No podemos aceptar que un juez de la Corte comience su mandato violando la Constitución”, señaló. “No se nombra un juez de la Corte como quien se compra un saco”, ironizó la senadora.

Otra vez, es la designación de Lijo la que está en mejores condiciones de ser rechazada por el Senado. Eso será así si el Gobierno no retira los pedidos de acuerdos de los dos candidatos que están en la Cámara alta desde marzo pasado. Al tener Lijo un dictamen de Comisión favorable, el plenario del Senado puede tratar su acuerdo en cualquier momento en el período de sesiones ordinarias que se abrirá el próximo sábado. Si todo sucediera como se anuncia, es probable que Lijo no consiga los dos tercios de los votos (el peronismo solo, sin la compañía de nadie, puede bloquearlo) y su acuerdo quedaría automáticamente rechazado. Resta saber en qué quedó la gestión que venía haciendo en favor de Lijo el exgobernador peronista de Tucumán y actual senador nacional Juan Manzur, quien también firmó aquella acta en la que todo el peronismo se oponía a las designaciones de jueces por decreto. El caso tomó una deriva más grave este jueves, cuando la unanimidad del bloque de senadores peronistas anunció que no asistirá a la Asamblea Legislativa del sábado para escuchar al Presidente. Es un gesto de queja ante el discurso de Milei en Washington en el que comparó al Estado con la mafia.

El pliego de García-Mansilla necesita, en cambio, el dictamen de la Comisión de Acuerdos, que aún no lo tiene, para llegar al plenario del cuerpo. Pero, ¿qué pasaría si el Gobierno retirara los pliegos ahora que firmó el decreto? Se entraría en una interminable discusión sobre facultades institucionales. Es cierto que el Senado necesita exhibir solo 25 firmas en contra de los nombramientos para demostrar que los dos tercios serán bloqueados, pero otros legisladores señalan que un decreto del Poder Ejecutivo no puede ser rechazado por una sola Cámara del Congreso cuando la Argentina tiene un sistema parlamentario bicameral. El decreto del Presidente desatará, en fin, una larga controversia con los otros dos poderes del Estado. ¿Para qué? ¿Por qué? Cuando lo constituyentes escribieron que son necesarios los dos tercios de los votos, es obvio que estaban reclamando jueces de la Corte que contaran con un acuerdo previo de las principales fuerzas políticas.

Hay un problema que es verdadero: Cristina Kirchner hizo trascender que podría negociar, pero a cambio de que pongan mujeres abogadas que le son ciegamente fieles, y que no tiene una buena formación intelectual en el campo del Derecho. ¿Qué presidente haría semejante trato? Milei debería mejorar su propuesta (la que atañe a Lijo, fundamentalmente) para diferenciarse de su adversaria política. La candidatura de Lijo, un ahijado político del juez y expresidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, entró en una zona de rápidas definiciones. Podrían significar la última oportunidad de Lorenzetti para restablecer su predicamento en la Corte, o para concluir definitivamente con su aspiración de recuperar el poder perdido en el tribunal. Hasta ahora, Lorenzetti fracasó en sus intentos de modificar con los jueces propuestos su situación en la Corte. Ya hace algunos meses, le propusieron en su nombre a García-Mansilla que firmara anticipadamente una acordada por la que se ponía en comisión a todos los secretarios y directores de la Corte, y se modificaba el sistema de elección de presidente del tribunal. Se instauraba uno por el que el titular de la Corte respetaría un sistema rotativo, empezando por el juez más antiguo, que es el propio Lorenzetti. En síntesis, Lorenzetti se proponía volver a ser presidente del tribunal rápidamente. García-Mansilla rechazó esa propuesta, y Lijo habría hecho lo mismo en las últimas horas.

En ese paisaje de potenciales conflictos por venir, Milei dio también un brusco giro en la política exterior argentina y modificó su adhesión constante a Ucrania, país cruelmente invadido por el déspota de Moscú, Vladimir Putin. El presidente argentino se alineó rápidamente con Donald Trump, que también cambió la política norteamericana sobre ese país agredido y ultrajado por Rusia. Al parecer, la Argentina de los últimos años permite que su política exterior la controlen líderes extranjeros. Con Alberto Fernández, era el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador o el mandatario brasileño Lula da Silva quienes marcaban los lineamientos de las relaciones exteriores argentinas. Ahora, el gobierno de Milei delegó en Trump esa función. Milei se abrazó con Volodímir Zelensky, el popular presidente ucraniano, en Davos hace menos de un mes, y lo invitó especialmente a su asunción en diciembre de 2023. Zelensky estuvo entonces en Buenos Aires y recibió de Milei el regalo de un candelabro judío de nueve velas.

Trump acaba de acusar a Zelensky de ser un “dictador”; antes, el líder norteamericano había iniciado conversaciones con Putin. ¿Considerará a Putin un demócrata? En Ucrania no hay elecciones, en efecto, porque está en guerra desde la invasión de Rusia (¿cómo hacerlas en ese contexto?), situación a la que no hizo mención Trump en su diatriba contra el líder ucraniano. Milei ordenó el lunes que la Argentina se abstuviera en las Naciones Unidas en una votación sobre una resolución que exigía a Rusia retirar sus tropas de Ucrania. ¿Abstenerse, después de tanta acercamiento meloso con Zelensky y su pobre país? Mucho más grave que la falsa acusación a Zelensky porque no convoca a elecciones, son las denuncias contra Putin sobre su sistema de gobierno autoritario; sobre la persecución a la que condena a sus adversarios políticos, y sobre los supuestos asesinatos, perpetrados por sicarios del régimen de Moscú, de enemigos y de periodistas críticos, dentro y fuera de Rusia. Silencio sobre eso de parte de Trump y del propio Milei. Cristina Kirchner y Alberto Fernández también callaban cuando se trataba de autócrata ruso. En el caso del presidente argentino se puso, además, en contra de la posición de Europa, cuyos líderes, incluida la italiana Giorgia Meloni, amiga de Trump y cercana a Milei, conmemoraron el martes en Kiev, la capital ucraniana, los tres años que pasaron desde la ocupación de Rusia a Ucrania. El principio que está en juego es la intangibilidad de los territorios soberanos. El mundo había progresado de tal manera que ningún país podía ocupar un territorio soberano de otro sin sufrir graves consecuencias. Nadie podía salir impune de semejante agresión. Ese es el principio que violó Putin, entre sus otros muchos crímenes, y que Trump y Milei ignoraron. Ese es un principio también históricamente defendido por la política exterior argentina cuando la decidían los gobiernos argentinos.

Por Joaquín Morales Solá

• Javier Milei
• Ariel Lijo
• Donald Trump

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Tipo de trabajo:análisis