Antes de irse, Petri ordenó una auditoría para investigar el manejo de la obra social de los militares
Transmitió la decisión a la titular del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que enfrenta una deuda de $200.000 millones y severos cortes de prestaciones; las gestiones que aparecen como las más cuestionadas
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LA NACIONMariano De Vedia
En una de sus últimas decisiones al frente del área de Defensa, el ministro Luis Petri ordenó realizar una auditoría al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que enfrenta una severa crisis marcada por cortes de prestaciones a los afiliados y una deuda de $200.000 millones, según vienen informando fuentes castrenses.
El saneamiento de Iosfa es uno de los principales desafíos que le esperan al futuro ministro y sucesor de Petri, el teniente general Carlos Alberto Presti, quien define por estas horas su equipo de colaboradores, incluso el nombre que propondrá para presidir la obra social. Algunos trascendidos anticipan que le confiará esa responsabilidad a un oficial en actividad que fue director del Hospital Militar y suma experiencia en el área de la sanidad. Una de las variantes que analizará la futura gestión podría ser la división de Iosfa para que cada fuerza administre su propia obra social.
Petri ordenó la auditoría antes de dejar el edificio Libertador para asumir su banca en la Cámara de Diputados de la Nación y la medida se extiende a los últimos seis años, al incluir el período correspondiente a la gestión del presidente Alberto Fernández, con el fin de “darle tranquilidad a los afiliados y máxima transparencia”.
Con 600.000 afiliados, Iosfa es la tercera obra social más grande del país, detrás del PAMI y de IOMA.
“Es necesario saber que esta obra social, como la armó el kirchnerismo, es totalmente infinanciable y no hace justicia a la calidad de prestaciones que tiene que tener la familia militar”, dijo Petri al anunciar la decisión, tras encomendarle a la actual titular de Iosfa, Bettina Surballe, que arbitre los medios para auditar el período 2019-2025.
Estimaciones de fuentes militares indican que la deuda de la obra social crece a un ritmo de $20.000 millones por mes y que los cortes de las prestaciones producen situaciones extremas, que afectan especialmente a pacientes que esperan trasplantes, enfermos oncológicos y con otras patologías crónicas severas y los insulinodependientes, entre otros cuadros graves.
Gestiones cuestionadas
Para el ministro Petri, una de las razones del mal manejo de Iosfa es la fusión de las tres obras sociales de las Fuerzas Armadas que antes funcionaban en forma separada, dispuesta por el decreto 637/2013, firmado ese año por la entonces presidenta Cristina Kirchner. Más allá del cambio institucional, el Foro de Generales Retirados atribuyó recientemente la responsabilidad de la crisis a las sucesivas gestiones de los mendocinos Oscar Sagás y Roberto Fiochi, designados por el actual ministro de Defensa.
En los últimos dos años se sucedieron varios reclamos en el Directorio de la obra social, integrado por representantes de las fuerzas, para que se auditaran las polémicas gestiones de Sagás y de Fiochi. Pero los pedidos no encontraron eco en la presidencia de Iosfa ni en el Ministerio de Defensa.
“Cuando asumió el gobierno de La Libertad Avanza, la obra social de los militares tenía reservas positivas por más de $25.000 millones y un adecuado nivel de prestaciones, sin cortes de cobertura médica. En casi dos años, tras las gestiones de Sagás y Fiochi, el déficit asciende a más de $160.000 millones, a lo que se suma una caótica situación prestacional”, denunció el foro militar en mayo pasado, tras la renuncia de Fiochi. Con el correr de los meses, el pasivo creció a unos $200.000 millones, según la misma fuente.
Al ordenar ahora una auditoría, Petri instruyó a la actual titular de la obra social para realizar “un análisis de todos los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, la evaluación de programas, proyectos y operaciones, desde 2019 hasta el cierre de ejercicio del presente año, que permitan contar con los datos suficientes para la toma de decisiones y concluya con su opinión profesional sobre el estado de la organización”.
En enero de 2025, en medio de la severa crisis y tras la renuncia de Sagás, en la gestión de Fiochi la obra social pidió un préstamo de $40.000 millones al Instituto de Ayuda Financiera para el pago de pensiones y retiros militares (IAF), que lejos de sanear a la entidad contribuyó a acrecentar la deuda. El préstamo se gestionó con un costo financiero total del 66,48%, por lo que el monto final por devolver asciende a $88.400 millones. Según in informe interno, en marzo pasado solo se habían abonado las tres primeras cuotas, por un total de $5900 millones, por lo que quedaba pendiente el pago de $82.400 millones.
Balance de gestión y deudas
Un informe de la gestión de Surballe, que asumió en junio pasado, señala que se realizaron fusiones en la estructura orgánica para reducir costos y “agilizar y hacer más eficiente la gestión”, se lanzó una herramienta digital para facilitar el acceso de los afiliados a los servicios y se avanzó en “una mejora de los sistemas de gestión interna, que contribuirá a detectar desvíos o sobrefacturación por parte de prestadores”.
También se menciona como un logro la inclusión en el proyecto del presupuesto nacional para 2026 de una partida para la obra social, que implicará un ingreso anual de $26.424 millones.
A eso se suma un refuerzo de recursos del Tesoro Nacional, programado en cuotas desde agosto de 2025, por $ 30.319 millones, destinado a recortar el pasivo de las droguerías de alto costo, lo que favoreció la adquisición y regularización de dichos medicamentos. Otra ayuda del Tesoro por $5500 millones permitió “atender erogaciones prestacionales”.
En el último año hubo reuniones con las Fuerzas Armadas y de Seguridad para regularizar la liquidación delas contribuciones patronales adeudadas desde 2017. Los importes pendientes ascienden a $155.514 millones, con el siguiente detalle: la Gendarmería, $72.509 millones; el Ejército, $36.700 millones; la Prefectura Naval, $24.300 millones; la Armada $14.800 millones, y la Fuerza Aérea, $6900 millones.
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