Apelan la absolución a De la Rúa por los sobornos
La fiscal federal pidió rever la medida que se dispuso en el juicio oral; argumentó que el tribunal ignoró la mayoría de las pruebas
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La fiscal federal Sabrina Namer apeló ayer la absolución del ex presidenteFernando de la Rúa y de otros imputados por los supuestos sobornos en el Senado para aprobar una ley de flexibilización laboral durante el gobierno de la Alianza.
Namer había pedido durante el juicio oral la pena de seis años de prisión para De la Rúa ; para el ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes; para los ex senadores peronistas Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Costanzo; un año y seis meses de prisión en suspenso para el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, y la absolución del ex senador Ricardo Branda y del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique.
Según la fiscal, la voluminosa sentencia de casi tres mil páginas que elaboraron los jueces del tribunal oral federal número tres, Miguel Pons, Fernando Ramírez y Guillermo Gordo, fue "absolutamente arbitraria e infundada".
La apelación de la fiscal pasará ahora a estudio de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal, que no tiene plazos para pronunciarse, máxime en un expediente en el que todos los imputados fueron declarados inocentes y no hay detenidos.
El tribunal podría revocar el fallo del tribunal oral, pero también confirmarlo o incluso declarar que el expediente está prscripto por el paso del tiempo.
Para la fiscal, el fallo absolutorio combinó "exageraciones de los errores, omisiones, contradicciones o mentiras de Pontaquarto" para arribar a la conclusión sobre la existencia de "conspiraciones ridículas".
El durísimo recurso de apelación reprocha a los jueces del tribunal oral que "omitieron entrar a analizar la gran mayoría (de los elementos de cargo), sobre todo los relevantes", y en cambio confeccionaron un fallo al que "se le agregaron cientos de hojas de transcripciones para dar una falsa apariencia de «volumen» que sirviera para encubrir la falta de fundamentos".
La causa de los sobornos en el Senado se originó con la aprobación de la ley de reforma laboral de la Alianza, en el año 2000.
Se reactivó especialmente a partir de la declaración de Pontaquarto, quien confesó que él había trasladado el dinero para el pago de las coimas. Sin embargo, la Justicia se pronunció por la absolución.
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