Aprobó Diputados la Ley de emergencia nacional

En una sesión que duró más de ocho horas, la Cámara de Diputados aprobó esta medianoche, con el respaldo del justicialismo, el radicalismo, y el frepaso aliancista, el proyecto que declara la emergencia económica, pone fin a la convertibilidad que estableció una paridad cambiaria uno a uno con el dólar y pesifica las deudas bancarias en dólares hasta el monto de cien mil pesos.

La iniciativa, que concede poderes extraordinarios al presidente Eduardo Duhalde, podría ser convertida en ley hoy por el Senado.

Cuando se cumpla el trámite, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, anunciará el paquete completo de medidas con las que el Gobierno intentará contener el golpe que significará el fin de la paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar, después de 10 años.

El proyecto aprobado permite al Poder Ejecutivo pesificar los créditos hipotecarios de hasta 100.000 dólares, los saldos impagos de las tarjetas de crédito y las tarifas de los servicios públicos.

El "corralito" a los depósitos seguirá vigente y el Gobierno decidirá en qué forma se determina la devolución del dinero de los ahorristas.

Crea un impuesto temporario a las exportaciones de hidrocarburos (que podría recaudar hasta U$S1200 millones por año) para compensar a los bancos por la reconversión de créditos.

22.48| Diputados trata la Ley de emergencia nacional

El Gobierno esperaba esta noche la aprobación en Diputados del proyecto de ley de Emergencia Económica que pone fin a la paridad entre el peso y el dólar, con lo que restaría que mañana el Senado le de sanción definitiva a la posibilidad de devaluar por primera vez en casi once años.

Con la inclusión a último momento del "per saltum" para neutralizar una posible avalancha de demandas, el Gobierno de Eduardo Duhalde completaría así la mitad del camino para tener aprobada la ley antes del lunes y así prepararse para iniciar las negociaciones de asistencia financiera de los organismos internacionales.

La denominada "Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario", otorga facultades especiales por dos años al Poder Ejecutivo, que podrá fijar el tipo de cambio, pesificar deudas de hasta cien mil dólares, congelar alquileres por seis meses y renegociar los contratos del Estado, que a su vez serán desdolarizados.

Asimismo, la suspensión completa de la ley de Intangibilidad de los Depósitos deja abierta al Ejecutivo amplias posibilidades para reestructurar vencimientos, capital e intereses.

Apremiados por ponerle fin a una situación de incertidumbre que ya lleva dos semanas de feriados cambiarios y bancarios alternados, el presidente Eduardo Duhalde y el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, buscan una rápida aprobación de la ley para iniciar una serie de contactos internacionales, a los efectos de conseguir asistencia financiera.

En ese sentido, Remes ya mantuvo contactos telefónicos con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Krueger, el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, John Taylor, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, a quienes puso al tanto de las nuevas medidas.

Al respecto, se prevé que una vez aprobada la ley de Emergencia una misión del Gobierno argentino se trasladará a Washington para entrevistarse con las autoridades del Fondo.

Con la ley aprobada, Duhalde quedará facultado por el resto de su mandato a establecer la paridad entre el peso y el dólar oficial, así como modificarla cuantas veces lo considere necesario.

La ley también establece la pesificación de las deudas bancarias de hasta cien mil dólares por créditos hipotecarios, prendarios, personales y de pymes, así como la pesificación parcial hasta cien mil dólares de créditos para pymes e hipotecarios para vivienda familiar y única de montos superiores a esa suma.

Para compensar a los bancos por las pérdidas que pudiera ocasionar esa pesificación, el Poder Ejecutivo podrá emitir un bono garantizado con recursos de derechos a la exportación de hidrocarburos.

La iniciativa no da definiciones sobre el valor del tipo de cambio, aunque el propósito gubernamental es el de fijar mediante decretos una paridad oficial cercana a 1,40 peso por dólar, lo que representa una devaluación del 28,6 por ciento.

La medida representaría un giro sustancial respecto de las condiciones fijadas en la ley 23.928 de Convertibilidad, que impedía al Poder Ejecutivo modificar la paridad aprobada por el Congreso.

Asimismo, si la fijación de la paridad queda reservada al PEN, el proyecto también avanzaría sobre la autonomía del Banco Central.

La iniciativa no deroga completamente la ley de Convertibilidad (elimina algunos artículos y modifica otros) a los efectos de preservar la inembargabilidad de las reservas, una disposición fundamental en momentos en que la Argentina se encuentra en cesación de pagos.

Por otra parte, no se especifica cuándo ni cómo se dejarán sin efecto las restricciones del "corralito" bancario. Por el contrario, se dispone la suspensión por 90 días (en el primer borrador eran 180) de la ley que dejaba sin efecto las restricciones al retiro de dinero de los bancos, paradójicamente impulsada por las bancadas justicialistas de Diputados y Senadores cuando las integraban Jorge Remes Lenicov y Oscar Lamberto.

Asimismo, se suspende por dos años -o hasta que finalice el "corralito"- la ley de Intangibilidad de los Depósitos, que impide, entre otras cosas, reprogramar vencimientos de plazos fijos.

Los saldos de las tarjetas de crédito o débito por consumos realizados en el país "serán consignados en pesos y pagaderos en pesos", tanto los futuros como "los pendientes de pago a la fecha de la promulgación de la presente ley".

En otro orden, se dispone la desdolarización de los contratos que el sector público realice con particulares, con lo que quedan sin efecto las cláusulas indexatorias en la moneda estadounidense.

Al respecto, el PEN podrá renegociar los contratos dolarizados, entre los que se cuentan la mayoría de los servicios públicos.

Las obligaciones entre particulares no vinculadas al sistema financiero se pesificarán por 180 días y después de ese plazo las partes podrán renegociar las pautas de los contratos. Esta disposición abarca principalmente alquileres de inmuebles, servicios educativos y de salud prepagos y telefonía celular.

El Gobierno podrá regular en forma transitoria los precios de "insumos, bienes y servicios críticos", entre los que sobresalen los medicamentos.

Por último, el PEN podrá canjear todos los bonos provinciales (patacón, quebracho, CECACOR, etc) y nacionales (LECOP), tal como intenta hacer infructuosamente desde mediados del año pasado.

Fuente: DyN

21.30| Diputados trata la ley de emergencia nacional

La Cámara de Diputados empezó a sesionar pasadas las 16.30, para tratar el proyecto de ley que significará la devaluación del peso y el fin de la convertibilidad monetaria que rigió al país en la última década.

Alessandro, a favor de la devaluación

El jefe del bloque de diputados del Frepaso, Darío Alessandro, defendió la devaluación que impulsa la administración de Eduardo Duhalde y señaló que "vamos a apoyar y trabajar activamente para llevar adelante políticas de ataque a la pobreza y redistribución del ingreso".

Asimismo, durante su intervención en la sesión que lleva adelante la Cámara de Diputados, Alessandro manifestó la necesidad de "cambiar el perfil productivo de la Argentina", dándole "un lugar preponderante a las pequeñas y medianas empresas".

Matzkin: "la ley evitará una salida caótica de la convertibilidad

El diputado Jorge Matzkin, miembro informante del justicialismo sobre el proyecto que terminará con la paridad cambiaria "peso-dólar", afirmó esta tarde que la ley evitará "por todos los medios una salida caótica de la convertibilidad".

"Lo que estamos debatiendo es mucho más que un conjunto de dispositivos jurídicos. Estamos generando los cimientos de un modelo de crecimiento económico, justicia social y sustentabilidad institucional", indicó.

Matzkin explicó que el proyecto tiende a "superar rigideces del actual sistema monetario" que impusieron "límites insuperables en materia de competitividad" con su consecuente impacto en los niveles de actividad y distribución de la riqueza.

El diputado, que condujo el bloque justicialista durante la mayor parte de la era menemista e impulsó el tratamiento de la ley de convertibilidad y las privatizaciones de empresas de servicios públicos, dijo que la ley en consideración no es "contradictoria" con aquella época, sólo se trata de otra "visión" de la situación.

Diversas reuniones

Antes se reunió la comisión de Labor Parlamentaria, donde los presidentes de bloque organizaron la sesión posterior.

En tanto, el bloque peronista recibió un informe de los diputados que participaron hasta la madrugada de las negociaciones con las autoridades económicas que terminaron con la modificación del proyecto cuya versión final ingresó hoy al Congreso.

Jorge Matzkin, Juan Schiaretti, Arturo Lafalla y Jorge Obeid estuvieron en las conversaciones con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, que dio forma final a la iniciativa.

La posición de la UCR

En cuanto al bloque radical, que anticipó ayer que aprobaría las nuevas medidas en el recinto, se reunió antes de la sesión para analizar el proyecto que remitió el Poder Ejecutivo.

Previamente al inicio de la sesión en la Cámara baja, el diputado radical Horacio Pernasetti afirmó a LA NACION LINE que su bloque acordó algunos puntos de la ley de emergencia nacional como la pesificación de los préstamos menores a los 100 mil pesos así como la desdolarización de los servicios públicos.

El legislador también informó que está previsto que se grave la plusrenta que van a obtener las exportaciones petroleras con la modificación del tipo de cambio, para financiar los costos de la pesificación.

La versión final del proyecto

El proyecto de ley remitido a la Cámara de Diputados reproduce el borrador conocido ayer pero efectúa algunas precisiones.

Entre ellas, se explicita que el Poder Ejecutivo podrá reestructurar las deudas en dólares con el sector financiero pesificando todas las deudas hipotecarias -para vivienda única-, prendarias, personales y de pymes de hasta 100 mil dólares, también se incluyen las operaciones realizadas con tarjetas de crédito.

En cuanto a las tarifas de las empresas prestatarias de servicios públicos el proyecto fija la eliminación de las claúsulas de ajuste por el dólar u otras divisas extranjeras y la indexación por índices de precios de otros países.

El proyecto de ley también establece la suspensión por 180 días de la ley 25.557, que exceptúa de las restricciones del "corralito" a sueldos, jubilaciones, indemnizaciones y cuotas alimentarias.

La ley que se propone suspender fue sancionada el 20 de diciembre del año último y aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo, por lo que nunca llegó a aplicarse.

Además, a último momento, el proyecto de ley incluyó en uno de sus últimos artículos el "per saltum", es decir la posibilidad de apelar "directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación" ante el dictado de medidas cautelares relacionadas con algunas de las medidas establecidas en el paquete legislativo.

El artículo 19 del proyecto modifica el 195 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con una nueva redacción que pasa a ser la siguiente:

"Cuando se dicten medidas cautelares que en forma directa o indirecta, afecten, obstaculicen, comprometan o perturben el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Municipalidades, de sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, o de entidades afectadas a alguna actividad de interés estatal, podrá interponerse recurso de apelación directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"La presentación del recurso tendrá por sí sola efecto suspensivo de la resolución dictada. La Corte Suprema de Justicia de la Nación requerirá la remisión del expediente. Recibido éste, conferirá traslado con calidad de autos a la parte que peticionó la medida por el plazo de CINCO (5) días. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, previa vista al Procurador General de la Nación dictará sentencia confirmando o revocando la medida".

Este artículo no figuraba en el primer borrador que el presidente Eduardo Duhalde diera a conocer el viernes por la mañana a los legisladores justicialistas, sino que se lo incluyó posteriormente en una nueva versión, que en definitiva fue la que ingresó al Congreso oficialmente como proyecto del Poder Ejecutivo.

Fuente: DyN y LA NACION LINE

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