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Aprovechó que era secretario de un juzgado y le pinchó el teléfono a su mujer supuestamente infiel
El máximo tribunal dejó firme su condena a cuatro años de prisión; era un funcionario judicial de Corrientes que también fue condenado junto a un juez por favorecer a narcos
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LA NACIONHernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cuatro años de prisión para un exsecretario judicial que ordenó la intervención ilegal de las líneas telefónicas de su mujer y de un presunto amante como parte de una investigación por narcotráfico.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó por inadmisible el recurso de queja de la defensa y confirmó así la condena por los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica.
Según se analizó en el juicio oral que se hizo en Corrientes, Pablo Carlos Molina sospechaba de la infidelidad de la mujer. De acuerdo con la imputación, Molina −junto al exjuez Carlos Vicente Soto Dávila− ordenó las escuchas del teléfono de su esposa y de su presunto amante en una causa por narcotráfico.
El hecho se descubrió en marzo de 2019, cuando empleados judiciales encontraron 28 discos compactos con esas comunicaciones interceptadas de manera ilegal entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014.
En gran parte de ellas, aparece el secretario judicial hablando con su esposa, insultándola e incluso amenazándola. La justicia federal de Corrientes se declaró incompetente y las remitió a la justicia local de Chaco, donde viven la damnificada y Molina, para su investigación y su posterior juzgamiento.
Cuando el caso se descubrió, Molina ya había sido apartado de la Secretaría Penal N°2 del juzgado federal de Corrientes por decisión de la Cámara Federal de esa jurisdicción, ya que se lo investigaba en la causa en la que fue condenado junto a Soto Dávila por favorecer a narcotraficantes, en una asociación ilícita.
En 2023, juez y secretario fueron hallados culpables de integrar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de resoluciones judiciales favorables a narcotraficantes. En diciembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal agravó esas penas: seis años de prisión para el exjuez y cinco para el exsecretario, al considerarlos jefe y miembro de una organización criminal.
Un dato clave que la fiscalía destacó en el juicio actual es que el mismo día en que Molina firmó el oficio para intervenir los teléfonos de su esposa, también rubricó una resolución que benefició con la exención de prisión a Carlos Alberto Bareiro, alias “Cachito”, un conocido líder narco de Itatí. Según la acusación, ambos funcionarios recibieron $1.000.000 [al cambio de ese momento serían unos US$70.000], como dádiva por esa decisión judicial.
En 2025, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a Molina a cuatro años por el caso de las escuchas ilegales sobre su entonces esposa.
En abril del 2026 la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la decisión. La defensa buscó llegar a la Corte Suprema planteando que se había afectado su defensa en juicio y el debido proceso así como que se había afectado el principio de que el beneficio de la duda opera en favor del acusado.
Pero la presentación fue desestimada por inadmisible por aplicación del artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial.
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