Argumentos contrapuestos: la defensa final de Cristina Kirchner versus la acusación de la fiscalía

Cristina Kirchner dijo hoy sus “últimas palabras” frente al tribunal que la juzga por el caso Vialidad y acompañó su exposición, que no duró más de 20 minutos, con un documento titulado “Las 20 mentiras de la causa Vialidad”, que según la fiscalía, no conmueve su alegato. En esa enumeración de puntos hizo un recorte de las acusaciones -no contestó todas- y reiteró algunos de los argumentos que su defensa ya había esgrimido en el juicio. Los argumentos centrales de la vicepresidenta fueron los siguientes:

“A finales del mes de noviembre de 2015 no se hizo ningún pago en favor de las empresas de Lázaro Báez”, dice el documento difundido por Cristina Kirchner, quien sostiene que a Báez se le debía dinero al finalizar su gestión. Según la acusación fiscal, se aprobó a finales de noviembre de 2015 -justo antes de que el kirchnerismo entregara el gobierno a Mauricio Macri- un pago por aproximadamente $500 millones para pagarle a Lázaro Báez, más allá de que no se haya llegado a concretar la salida del dinero. Cristina Kirchner también planteó que “la prueba incorporada a la causa y en particular la información brindada por Vialidad durante la gestión de Iguacel prueba que las empresas de Lázaro Báez contaban con una gran cantidad de certificados de obra impagos”. Según la fiscalía, Báez era el único empresario al que no se le debía ninguna deuda vencida cuando Cristina Kirchner dejó el poder. Si tenía certificados impagos, eran por obras no vencidas.

Cristina Kirchner destacó que no hay ninguna ley que “fije límites sobre cómo debe llevarse a cabo la distribución” de la inversión pública y que eso lo decide el Presidente. Alegó que incluso el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, le había reconocido esta atribución al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en su carácter de “doctrinario”. Sin embargo, la fiscalía había sostenido que si bien no ponía en duda la atribución que tiene la Presidencia para repartir obras, se hizo sin “razonabilidad” y en forma “arbitraria” para favorecer a Santa Cruz. Destacó que la provincia de los Kirchner fue la segunda en cantidad de fondos recibidos para obras públicas viales, pese a que la tasa de accidentes de la provincia era ínfima (mucho menor, por ejemplo, a la de provincias como Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe) y pese a que Santa Cruz tenía la densidad poblacional más baja del país. La vicepresidenta sostuvo en su documento final que la obra pública vial de Santa Cruz se justificaba por el déficit que presentaba su red vial en 2003 y por la necesidad de garantizar los objetivos de integrar los distintos tejidos poblacionales y reasegurar la soberanía.

La vicepresidenta sostuvo que las obras que cuestiona la fiscalía fueron aprobadas en la ley de presupuesto, “una de las normas más debatidas en el Congreso”; que los proyectos de presupuesto presentados por el PEN cumplieron “con todos los controles legales y financieros”; que “quedó probado en el juicio que jamás se presionó o coaccionó a los legisladores para votar favorablemente las leyes de presupuesto del período 2004-2015″ y que “la propia oposición durante los ejercicios 2010 y 2011″ presentó proyectos que incluían las obras cuestionadas.

Sin embargo, según la fiscalía, el control que hizo el Congreso fue, en el mejor de los casos, parcial porque el Poder Ejecutivo omitió incorporar dentro de la planillas que recibieron los legisladores a 17 de las 51 obras y en otras 34 la información presentó “severas inconsistencias”. Sostuvo, por ejemplo, que la obra “Ruta 3 - Variante Caleta Olivia” se adjudicó por $146 millones y después se le pidió autorización al Congreso “por única vez” para gastar, como monto total, $32 millones. Esta misma obra, sostiene la fiscalía, finalmente se terminó ejecutando por $307 millones, pese a lo cual solo se construyó un 43% de lo comprometido.

Cristina Kirchner fundamentó que los DNU que ampliaron partidas fueron expresamente validados por el Congreso y que contaron con los controles de legalidad de los servicios jurídicos. No hay grandes diferencias entre ese argumento y lo que sostuvo el fiscal, pero en la acusación se cuestiona la falta de control por parte de los organismos correspondientes, como la Sindicatura General de la Nación, para advertir las supuestas irregularidades que se llevaban adelante en la ejecución de las obras y en el otorgamiento de los contratos.

Cristina Kirchner volvió a sostener que “la ejecución del presupuesto de la Nación es competencia exclusiva” de los jefes de Gabinete. Cuando se cometieron los hechos que se investigan en esta causa ocuparon ese cargo, entre otros, el actual Presidente, Alberto Fernández, y el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Ninguno está imputado en la causa. “Todos los exjefes de Gabinete declararon bajo juramento de decir verdad que jamás recibieron instrucciones por parte de NK o CFK para que direccionaran partidas presupuestarias para financiar proyectos viales en la provincia de Santa Cruz”, dijo Cristina Kirchner. En la visión del fiscal, los jefes de Gabinete era simples intermediarios, que recibían los pedidos del Ministerio de Planificación y de Vialidad Nacional, y los incluían en el Presupuesto.

La vicepresidenta se refirió al decreto 54/2009, que incorporó a Vialidad Nacional como beneficiaria de un fideicomiso creado en 2001, y dijo que constituyó una “simple norma de asignación de funciones”. Según el fiscal, lo hizo a pesar de la opinión contraria de los Servicios Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal y del Ministerio de Economía.

Cristina dijo que no existió un dictamen jurídico que aconsejara que el decreto no fuera firmado. Sin embargo, la fiscalía destaca que en el expediente existe como prueba el dictamen jurídico 010403, firmado por Pablo Emilio Campi, exdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación, que llama la atención respecto de algunos puntos del decreto mencionado. En ese dictamen, al que accedió LA NACION, dice que se no se consignan en el decreto “las obras viales que pretenden ejecutarse” por esta vía, si bien Campi concluye que “no tiene reparos que formular al adjunto proyecto de decreto”.

El fiscal sostuvo en su alegato que el kirchnerismo, cuando perdió las elecciones de 2015, puso en marcha el plan “limpiar todo”, que incluía el “abandono de las obras” y la “desaparición” de Báez. Citó como prueba los mensajes de José López, exsecretario de Obras Públicas, incluidos los que cruzó con Mariano Cabral, secretario privado de Cristina Kirchner. De esos mensajes surge que López buscó garantizarle a Austral el cobro de cifras millonarias en tiempo récord, ante el peligro de que los pagos se frenaran porque cambiaba el gobierno, destacó el fiscal. Uno de los elementos que citó Luciani como prueba fue una supuesta reunión de Cristina Kirchner con Báez. “El día 30/11/2015, en el mismo momento en que según la Fiscalía CFK tenía un encuentro con Báez, CFK participaba de un acto público en Río Negro que fue transmitido en vivo y en directo para todo el país”, dice el documento de la vicepresidenta. La defensa ya había advertido que la fiscalía tomó erróneamente una nota periodística y confundió fechas. Para la fiscalía, eso no es determinante y el supuesto encuentro está ratificado por el teléfono de López, que el 1 de diciembre recibe mensajes insistentes de Báez que pide hablar para contarle lo que conversó con “la señora”.

Según el documento de Cristina Kirchner, “los mensajes extraídos de manera sesgada del teléfono de José López” demostraban, “entre otras cosas, que López mantenía una relación mucho más que fluida con el ‘hermano del alma’ de Mauricio Macri, Nicolás Caputo”. En la fiscalía advierten que la relación de López con Caputo, en todo caso, será objeto de otra causa. Tal como informó LA NACION, López tenía un trato de familiaridad con Caputo, pero no era el único. También, con el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, a quien López se refería como “amigo” y “compañero”. Y se le detectaron mensajes que exhiben una relación de confianza con el empresario Osvaldo de Sousa, hermano de Fabián, que le pidió “una mano” para cobrar la redeterminación del saldo de una obra y le ofreció una reunión con empresarios chinos para financiar proyectos en la Argentina. A Julio Mendoza, el presidente de Austral Construcciones, López le dio instrucciones para que la empresa de Báez abandonara todas sus obras y echara a sus empleados cuando Mauricio Macri ganó las elecciones.

El documento de Cristina Kirchner destaca que la Presidencia de la Nación “no tiene competencia alguna en los procesos de licitación, ejecución o pago de los proyectos viales investigados en la causa ni en ningún otro que se hubiese realizado en el período 2003 y 2015″. Y dice además que “todos los testigos que declararon en el juicio, sin excepción, afirmaron que jamás recibieron de NK o CFK orden alguna para beneficiar a Lázaro Báez o a cualquier otro contratista del Estado”. Para el fiscal, no obstante, el análisis completo de las pruebas de la causa prueba que los expresidentes eran los jefes de una asociación ilícita “piramidal” destinada a “la detracción de fondos del Estado para beneficio particular”, a través de beneficios millonarios a Báez, el empresario que ellos “crearon”.

Cristina Kirchner volvió a sostener que nunca fue “socia” de Báez y dijo que los contratos privados que hicieron no eran “retornos en favor de la familia Kirchner”, porque se intercambian prestaciones recíprocas. También sostuvo que esas relaciones fueron investigadas en un expediente que ya fue cerrado, en referencia al caso Hotesur-Los Sauces, en el que Cristina fue sobreseída con un fallo que está a estudio de la Cámara Federal de Casación Penal.

Es cierto que los Kirchner y Báez no compartieron acciones en una sociedad, pero sí realizaron gran cantidad de operaciones comerciales, que incluyeron una decena de compraventa de bienes, un fideicomiso para constituir 10 unidades funcionales y la administración de los hoteles de los Kirchner por parte del grupo Báez, con ganancias millonarias para el matrimonio presidencial y pérdidas económicas para su contraparte.

Cristina Kirchner dijo que la única perito que hizo un estudio serio sobre la existencia o no de sobreprecios fue la ingeniera Adriana Alperovich, designada por ella y los otros acusados, quien, según el documento difundido hoy, “de manera fundada descartó la acusación de sobreprecios”. Los sobreprecios no son el eje central de la acusación -si bien la fiscalía los dio por probados- y en la causa hubo opiniones encontradas entre los peritos. El de la Corte sostuvo que en cinco obras que se analizaron hubo sobreprecios de 198 millones de dólares; el de la fiscalía; que el monto de lo pagado de más fue de 202 millones de dólares. Para la especialista de la defensa de Cristina Kirchner, en cambio, no hubo sobreprecios. En su dictamen dijo incluso que a Báez el Estado le pagó de menos. Los tres peritos discreparon sobre el método aplicado para calcular los costos. Cristina Kirchner dijo que el de los fiscales que dijeron haber encontrado sobreprecios fue “manifiestamente ilógico”.

La vicepresidenta cuestionó además que la fiscalía “jamás pidió un estudio pericial que demostrara esta acusación” y que el que se hizo “se realizó exclusivamente a instancias de las defensas y fue limitado por el tribunal a solo cinco obras elegidas según criterios fijados por los acusadores”.

Según la defensa de Cristina, la prueba incorporada al juicio (documental, testimonial y pericial) demostró que las demoras que las obras registraban se encontraban “debidamente justificadas en los distintos expedientes administrativos sustanciados al respecto”. Luciani cuestionó que algunas obras sufrieron demoras de hasta diez años y que eso no impidió que a Báez se le siguieran otorgando contratos, además destacó que con el argumento de las demoras se le concedieron redeterminaciones de precios.

La vicepresidenta también escribió en el documento difundido que las obras fueron “deliberadamente abandonadas durante el gobierno de Mauricio Macri, lo cual generó el verdadero perjuicio para el Estado”. Las obras fueron abandonadas por Lázaro Báez antes de que terminara la gestión del gobierno kirchnerista -según el fiscal, como parte del plan “limpiar todo”-, y quien rescindió los contratos fue la Agencia de Vialidad Provincial de la gestión de gobierno de Alicia Kirchner.

Por Paz Rodríguez Niell y Candela Ini

• Cristina Kirchner
• Diego Luciani
• Juicio Vialidad

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