Ariel Lijo, como juez electoral, suspendió la elección de un académico para el Consejo de la Magistratura

A menos de 24 horas de la votación, la Justicia frenó la elección de un Colegio Electoral que elija a uno de los académicos que debe completar la integración del nuevo Consejo de la Magistratura a fin de año.

La decisión es nombrar al juez federal Ariel Lijo como juez electoral, subrogando a la jueza María Servini, que se encuentra de licencia. Se debía elegir al representante de los profesores de Derecho de las universidades nacionales en el Consejo de la Magistratura.

El magistrado hizo lugar a una medida cautelar y suspendió el cronograma que había aprobado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que preveía votar mañana, jueves 24 de septiembre.

La decisión responde a un amparo presentado por el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, y el decano de la Facultad de Derecho, Leandro Vergara, con el patrocinio del abogado Alberto Spota.

Detrás del debate sobre el método hay una disputa de poder entre universidades. Cuando la UBA planteó esta misma objeción en 2022, sostuvo que el colegio electoral potencia el voto de las unidades que tienen pocos profesores titulares y minimiza la representación de las que tienen más, como la UBA y las universidades de Córdoba, Santa Fe y Lomas de Zamora.

El reglamento de entonces fijaba un titular y un suplente por cada 50 profesores del padrón de cada unidad académica. Como resultado, facultades con un solo profesor titular tenían un elector, igual que otras con varias decenas.

El rector de la UBA y el decano de Derecho pidieron que se declaren inconstitucionales y nulas la Resolución CE 1998/26 del CIN, del 5 de agosto pasado, y la Resolución P. 533/2026, que fijaron el reglamento y el calendario de la elección.

El problema es el método dispuesto en esas resoluciones. El CIN, que reúne a los rectores de las universidades públicas, estableció una elección indirecta.

Primero los profesores titulares regulares de las carreras de Abogacía de las universidades nacionales eligen representantes para un Colegio Electoral, y luego ese Colegio Electoral designa al representante ante el Consejo.

El cronograma preveía elegir el 24 de septiembre a los integrantes del Colegio Electoral y el 30 de septiembre al consejero. La UBA reclama que los profesores titulares voten directamente a su representante.

El juzgado aceptó el argumento de la UBA. Según el fallo, el colegio electoral nació en 2022 como una solución de emergencia. Ese año la Corte Suprema declaró inconstitucional la integración de 13 miembros de la ley 26.080 y obligó a volver a los 20 consejeros de la ley 24.937, con plazos muy cortos.

Por eso, sostiene la resolución, el CIN dejó de lado el régimen de voto directo de los pares que regía desde la Resolución CE 108/1998 y lo reemplazó por un esquema indirecto con carácter “excepcional” para ese proceso.

“Se habría establecido de manera definitiva un Reglamento Electoral que tuvo carácter de transitorio”, dice el fallo. Agrega que el cambio de sistema se hizo “sin contarse con mayores precisiones normativas”, lo que “justifica la incertidumbre planteada por los accionantes”.

Para el juzgado, la posible ilegalidad manifiesta está en haber vuelto a aplicar ese régimen excepcional. Según la resolución, eso podría afectar “la debida participación democrática y la legitimidad de origen de la representación académica”.

El fallo también aclaró que lo que está en debate es si los académicos deben elegirse por colegio electoral “o a través del voto directo, tal como lo hace el resto de los estamentos” del Consejo. El peligro en la demora se debe a que, si la votación se hacía mañana, la discusión de fondo quedaba abstracta. El juzgado también tuvo en cuenta el tiempo transcurrido.

Pasaron cuatro años desde el primer reclamo contra este sistema y la causa principal, que tramita en el fuero contencioso administrativo federal, todavía no tiene sentencia de fondo.

En ese expediente, medida la cautelar fue rechazada en 2022, la Cámara confirmó el trámite ordinario en abril de 2024 y un recurso de queja espera desde junio de ese año en la Corte Suprema.

La nueva presentación de la UBA había sido enviada primero a ese fuero por conexidad. Pero el 15 de septiembre la Cámara Nacional Electoral revocó esa decisión y le dio la competencia a la justicia electoral. El CIN interpuso un recurso extraordinario contra ese fallo, que todavía no fue resuelto. La resolución de hoy le da traslado hasta el lunes 28 a las 13.30 para que conteste la demanda.

La suspensión se produce en plena renovación del Consejo de la Magistratura. Todos los mandatos vencen el 18 de noviembre, salvo los de Horacio Rosatti, que sigue por ser presidente de la Corte, y Santiago Viola, designado por el Gobierno como representante del Ejecutivo.

Los jueces votan primero. El estamento judicial elegirá cuatro consejeros titulares y doce suplentes el 8 de octubre, en una competencia de cuatro listas. Los abogados votan después. Los profesionales con matrícula federal activa votarán el 20 de octubre para renovar las cuatro bancas del estamento.

Los académicos tienen dos bancas y una ya está cubierta. Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, fue elegido por unanimidad por el CIN para el período 2026-2030. La banca en disputa es la del profesor titular de una facultad de Derecho nacional.

Los legisladores siguen otro camino. Los ocho representantes parlamentarios son designados por los presidentes de ambas cámaras a propuesta de los bloques. Esa designación también está en disputa, porque La Libertad Avanza pasó a ser primera minoría en Diputados y busca tener dos representantes propios en el Consejo. Con la cautelar, la banca de los profesores queda en suspenso hasta que se resuelva el fondo del caso.

LA NACION

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