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Auditan la Obra Social del Poder Judicial por inversiones millonarias, sistemas obsoletos y descontrol
Lo ordenó la Corte Suprema tras un duro estudio interno: la Ospjn tiene ingresos por $13.000 millones y plazos fijos por $34.000 millones y US$ 4 millones, pero serias fallas administrativas, informáticas y de gestión
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LA NACIONHernán Cappiello
Un operativo conjunto de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y de la Policía Federal realiza un allanamiento en la sede de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn) luego de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera realizar una auditoría tra conocerse un informe preliminar que detectó graves problemas en el sistema administrativo, informático, en la compra de prótesis, medicamentos y en la gestión general del organismo.
Los fondos que maneja la obra social son multimillonarios: tiene plazos fijos por más de 34.000 millones de pesos y otros por 4 millones de dólares, y recibió ingresos solo en este año por más de 13.000 millones de pesos, según documentos oficiales de la Corte publicados en el Centro de Información Judicial (CIJ).
La decisión de auditar el organismo ocurrió una semana después de que la Corte dejó la Obra Social en manos del administrador Daniel Marchi y cuando la Justicia federal lleva adelante una investigación por una denuncia sobre malos manejos en el organismo.
Marchi pidió informes a diferentes áreas de la obra social y luego elevó a los jueces de la Corte un lapidario informe en el que señala, entre otros aspectos, que la estructura organizativa es precaria porque hay un solo director y otros dos cargos en el directorio vacantes. También afirma que existen áreas sensibles de la organización vacantes, como la Subdirección de Administración o la Auditoría Interna, o que están ocupadas por personas contratadas en sistemas o control de facturación.
También advierte que se enfrentan 224 juicios por mala praxis, que el sistema informático “es obsoleto y alto riesgo” y que los subsistemas, además de ser precarios, no están integrados, son vulnerables y no son eficaces para la gestión.
Los servidores son vulnerables y hay riesgo de pérdida de información, añadió. Por ejemplo, en el caso de la compra de medicamentos, se señala que hay diferencias entre el stock que figura en el sistema y el stock físico de remedios.
Marchi expuso además que en la obra social no hay herramientas de gestión, no se hacen presupuestos, no hay manuales de procedimiento y que la litigiosidad se duplicó en los últimos 10 años. También señaló que existe un alto riesgo en la contabilidad e integridad de la información y, por ende, en la toma de decisiones inherentes a la gestión.
El administrador recomendó cubrir las vacantes en el directorio, colocar sistemas informáticos aptos para la gestión, llamar a licitación para un nuevo software de gestión, terminar las licitaciones realizadas por la seguridad informática para garantizar el resguardo de la información, hacer un presupuesto 2022, implementar manuales de procedimientos administrativos de las áreas de compras y contrataciones, utilizar indicadores de gestión para evaluar el avance del proceso de mejoras y, finalmente, hacer una auditoría que es la que dispuso ahora la Corte.
Sistemas informáticos anteriores a Windows
Los informes que apuntan a los sistemas informáticos son críticos. Señalan que los servidores están desactualizados y que al ser versiones antiguas su funcionamiento podrían no ser el adecuado; que las aplicaciones internas tampoco están actualizadas y que están expuestas a intrusiones, y que las redes son vulnerables.
El software de gestión de la obra social es uno de los puntos más críticos del informe, que advierte que está desarrollado con una plataforma de programación obsoleta, en sistemas anteriores a Windows. Alerta que uno de los mayores riesgos es que cualquier usuario puede ingresar, acceder a la información, borrarla o alterarla parcial o totalmente.
“Para un correcto proceder se recomienda, como forma de mitigar el riego, el reemplazo del software actual por uno que cuente con una base de datos centralizada y con un sistema de seguridad acorde a las necesidades de la obra social del Poder Judicial”, escribió el especialista, y advirtió que “el no cumplimiento de lo anteriormente citado podría afectar la seguridad informática de todos los datos de la obra social”.
“No se puede asegurar la confiabilidad y oportunidad de la gestión de información financiera”, agrega en otro apartado el informe que determinó la auditoría.
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