Avanza el proceso contra los estafadores que simulaban ser víctimas de la dictadura para cobrar indemnizaciones

La fiscal federal Paloma Ochoa le solicitó a la jueza María Eugenia Capuchetti elevar a juicio oral la causa en la que investigó a un grupo de personas que, simulando ser víctimas del terrorismo de Estado, diseñaron un esquema para engañar a damnificados reales y cobrar los beneficios contemplados en las leyes de reparación.

Lo hicieron a través de un estudio jurídico trucho, dirigido por el organizador de la maniobra, Matías Ezequiel López -quien falseaba la firma de un reconocido abogado, además de hacerse pasar él mismo por uno-; y a través de “H.I.J.O.S Paraguay”, una asociación civil de su invención, a partir de la cual los miembros de la banda buscaban vincularse con las verdaderas víctimas y producir elementos que pudieran incorporar a los expedientes.

Según la fiscal, esa plataforma, de la que también participaron Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Omar Ramón Enrique García, les sirvió para construir y formular denuncias falsas y presentarse en distintos expedientes judiciales con documentos y testimonios también truchos.

En total, se les imputa haber participado en más 90 hechos delictivos que comenzaron a sucederse desde 2013. Hay pocos antecedentes de semejante sucesión de estafas.

López, que llegó a adoptar al menos tres identidades falsas -una de las cuales logro inscribir en el registro- también se hizo pasar por víctima de la tragedia de Once, al sostener que su pareja había fallecido en el accidente ferroviario para recibir un beneficio económico que no alcanzó a cobrar.

A López, en particular, la fiscal lo acusa del delito de asociación ilícita, en calidad de organizador; de falso testimonio; de uso falso de documentos públicos; de falsedad ideológica y de estafa procesal, entre otros delitos.

López ya está detenido en el marco de otra causa que tramita en la justicia ordinaria, donde se lo juzgará por abuso sexual con acceso carnal.

“La operatoria llevada a cabo por López, Gaete y Garrido Piris consistía, por un lado, en hacerse pasar por víctimas del terrorismo de Estado y solicitar en nombre propio y/o por sus supuestos familiares, los beneficios contemplados en las leyes de reparación, pretendiendo así defraudar a la administración pública”, describe el dictamen.

“Esta organización criminal se contactó con gran cantidad de víctimas de la última dictadura cívico militar y sus familias, a quienes les hicieron creer que también eran familiares de víctimas y militantes de ‘Hijos Paraguay’ y, tras ganarse su confianza, les brindaban información falsa relativa a sus casos y a los derechos que les otorgaban las leyes [...]”, continúa.

Con legajos, informes y testimonios falsos, López consiguió engañar a un juzgado en 2014 y cambiar tanto su fecha de nacimiento como su identidad. De Matías Ezequiel López pasó a llamarse Adrián Martínez Moreira. En septiembre del año pasado, con esta investigación en curso, el juzgado volvió sobres sus pasos y declaró la nulidad de aquella resolución.

En dos hechos puntuales de la maniobra también habría formado parte Susan Claudia Feldman, acusada por el delito de falsa denuncia. El abogado Enrique García, otro de los implicados en la maniobra desde 2016, falleció el mes pasado mientras cumplía prisión preventiva.

Todo ellos, según la acusación, integraron una “organización criminal destinada a cometer delitos indeterminados, cuya principal finalidad estaba orientada a defraudar a la administración pública a través del cobro ilegal de indemnizaciones”.

Por Federico González del Solar

• Justicia Federal
• Derechos Humanos

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