Avanza la causa por coimas en el Senado

Uno de los casos más paradigmáticos de corrupción de los últimos años quedó muy cerca de llegar a juicio oral: la Cámara Federal porteña confirmó ayer los procesamientos de los nueve acusados por el presunto pago de sobornos a senadores, ocurrido durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

El fallo ratificó los procesamientos por cohecho del ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes, del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, del arrepentido Mario Pontaquarto, del ex presidente provisional del Senado José Genoud (UCR) y de los ex senadores peronistas Emilio Cantarero, Alberto Tell, Remo Costanzo, Augusto Alasino y Ricardo Branda.

Los procesamientos habían sido dictados el 2 de agosto pasado por el juez federal Daniel Rafecas, luego de que, en julio del año pasado, la Cámara anulara cuatro procesamientos dispuestos en enero de 2004 por el anterior juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral.

Para la Sala I del tribunal, integrada para este caso por los jueces Martín Irurzun y Horacio Vigliani, todos los procesados participaron del pago de 5 millones de pesos a cambio de la aprobación en el Senado de la reforma laboral, en abril de 2000.

Desde mediados de ese año, el caso desató una feroz crisis política que terminó con la renuncia del vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez, con la ruptura de la Alianza y, más tarde, con la caída del gobierno de De la Rúa. El ex presidente declarará como acusado en la causa el año próximo.

Si bien -y en contra de los fuertes rumores que corrieron por los tribunales federales durante los últimos días- la Cámara confirmó los procesamientos, Irurzun y Vigliani cambiaron la calificación para siete de los nueve acusados, criticaron la tarea del juez y de los fiscales y ordenaron la realización de 17 medidas de prueba para profundizar la investigación.

Ocurre que, de acuerdo con la resolución de los camaristas, hay varios tramos del relato de Pontaquarto, que en diciembre de 2003 admitió haber pagado los sobornos, que aún no están corroborados.

¿De dónde salió la plata?

Para Irurzun y Vigliani, tampoco está probado que el dinero de las coimas pertenecía a la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Por ello, los camaristas eliminaron la figura de malversación de caudales públicos y cambiaron las calificaciones.

Santibañes, Flamarique, Pontaquarto y Genoud quedaron procesados por cohecho activo agravado, es decir, por haber pagado las coimas; en tanto que Cantarero, Costanzo, Tell, Alasino y Branda fueron considerados responsables de cohecho pasivo, esto es, de haber cobrado los sobornos.

Otros de los tramos del relato de Pontaquarto que los camaristas tampoco dan por probado son la reunión en la Casa Rosada en la que, según Pontaquarto, se acordó el pago de las coimas y el encuentro entre el presunto arrepentido y Genoud, en el restaurante Happening, la noche en que se habría concretado la operación.

En cambio, los camaristas dieron por corroborado que el 18 de abril de 2000 Pontaquarto se reunió con Santibañes en la SIDE y que retiró 5 millones de pesos de ese organismo en un maletín, una valija y una caja de cartón; que la noche del 26 de abril entregó 4.300.000 pesos a Cantarero, que éste repartió con otros senadores del PJ, en su departamento de Callao y Posadas.

"A pesar de que se encuentran solamente corroborados ciertos aspectos de la versión de Pontaquarto, puede concluirse que los elementos valorativos incorporados en la causa resultan suficientes para confirmar la resolución apelada", dice el fallo de los camaristas.

Llamadas clave

Al igual que la resolución de Rafecas, la sentencia de Irurzun y Vigliani se fundó en la corroboración del relato de Pontaquarto. Sobre todo, se valoró el análisis de sus llamadas telefónicas, que comprobó que el ex secretario parlamentario estuvo en los lugares donde se concretó la maniobra.

Los camaristas cuestionaron además los sobreseimientos con los que el juez había beneficiado al ex director de finanzas de la SIDE, Juan José Gallea, y a los ex senadores Ramón "Palito" Ortega, Eduardo Bauzá, Javier Meneghini, Raúl Galván y Alcides López. Y objetaron asimismo que el fiscal de la causa, Federico Delgado; el fiscal de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, y el director de investigaciones de la Oficina Anticorrupción, Martín Mintero, no hubieran apelado esa decisión.

Irurzun y Vigliani se permitieron además una dura crítica al estilo de Rafecas y a su fallo, repleto de menciones históricas y giros literarios. "Las expresiones grandilocuentes, las alusiones históricas, políticas, éticas -dijeron los camaristas- no pueden remediar el déficit probatorio concreto apuntado, puesto que de lo que se trata es simple y sencillamente de llevar adelante este proceso judicial dejando aquellas consideraciones para otros ámbitos."

Entre las medidas de prueba ordenadas por los camaristas se destacan un nuevo peritaje sobre las llamadas de los teléfonos celulares de Pontaquarto, una pesquisa sobre los patrimonios de los ex senadores, la reconstrucción de los hechos de la noche en que se habrían pagado las coimas, un nuevo análisis de la agenda del ex presidente De la Rúa y un estudio del registro de movimientos en el 8° piso de la SIDE, donde estaba la bóveda.

Por orden de la Cámara, el juez Rafecas deberá fijar, además, los nuevos montos de los embargos, que iban de 100.000 a 7 millones de pesos.

El próximo paso importante en la causa será la declaración como acusado de De la Rúa. Se prevé que la elevación a juicio se produzca antes de fin del año que viene, ya que si antes de octubre próximo la fiscalía no solicita el cierre de la etapa de instrucción el delito prescribirá para varios de los involucrados.

Por Gabriel Sued

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