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Avanza la suspensión y destitución de un juez acusado de quedarse con 144 monedas de oro
Es Martín Poderti, de Mar del Plata; en el Consejo de la Magistratura votó un dictamen para iniciarle juicio político
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LA NACION
Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura avanzó en la suspensión y destitución del juez federal Martín Poderti, de un tribunal oral federal de Mar del Plata, acusado de quedarse con 144 monedas de oro que estaban bajo custodia del tribunal valuadas en 200.000 dólares.
Se reunió hoy la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación que, por unanimidad, con los votos de los consejeros diputado Álvaro González (PRO), César Grau (abogado), Luis Juez (senador PRO), Alberto Maques (abogado) y Rodolfo Tailhade (diputado UP), decidieron impulsar el dictamen para enjuiciarlo.
Los consejeros decidieron poner a consideración del Plenario del Consejo el dictamen que propone la elevación al jurado de enjuiciamiento del proceso seguido contra el juez Poderti.
Además, propusieron al plenario que disponga su inmediata suspensión, dada la gravedad de los hechos imputados.
La Comisión de Acusación, acreditó que entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023, el juez, quien a ese tiempo era secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, ingresó en 19 oportunidades a la caja de seguridad Nº 8-44 de la sucursal San Isidro del Banco de la Nación Argentina y sustrajo 144 monedas de oro secuestradas en una investigación judicial.
El funcionario tenía el deber de resguardo sobre esas monedas. Actuó por fuera de sus obligaciones e incluso encontrándose de licencia en alguna oportunidad, sin que esos accesos estuvieran justificados en el expediente donde se incautaron las monedas.
También se tuvo en cuenta que por esos hechos se encuentra procesado por el juzgado federal de San Martín, confirmado por la Cámara Federal de San Martín, por malversación de caudales públicos.
También se dispuso el embargo sobre sus bienes por 190 millones de pesos. Ese caso, ya se encuentra en etapa de juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín.
Los consejeros rechazaron las múltiples y disimiles explicaciones que el juez Poderti ensayó para desligarse de la imputación dirigida.
También la defensa formal que hizo cuando argumentó que el hecho que se le atribuye lo habría cometido cuando era secretario y no juez, por lo cual se lo debería haber, a todo evento, sancionado administrativamente como secretario.
Allí, la Comisión de Acusación recordó su jurisprudencia y la del jurado de enjuiciamiento, en cuanto a que debía determinarse si los hechos imputados habían sido evaluados por el Senado al momento de asignarle acuerdo para ser juez.
Si esos hechos hubiesen sido evaluados, ni el Consejo ni el jurado podrían avanzar, puesto que ello importaría un avance sobre otro Poder del Estado. En caso contrario, como en caso presente, sí se puede avanzar con el juicio político y la destitución.
Para la elevación del caso al jurado de enjuiciamiento y su suspensión hasta que finalice ese proceso, se requiere una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes de todo el Cuerpo en reunión Plenaria.
“Este Consejo asume la trascendencia y gravedad institucional de la decisión que habrá de tomar, cual es la apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el jurado de magistrados del doctor Martín Luciano Poderti, señalando que dicho temperamento se adopta en resguardo de la administración de justicia”, dijeron los consejeros.
“Obsérvese, sobre el punto, que quien se encuentra dotado de una alta investidura estatal para juzgar actualmente a otros ciudadanos por conductas ilícitas, como puede ser un robo, resultaría ser, paradójicamente, un ladrón”, señalaron.
Y por eso justificaron su “inmediata suspensión” en la inteligencia de que todas “las imputaciones formuladas guardan relación directa con su actuación funcional y revisten una gravedad tal que pueden derivar en posibles pedidos de recusación en su labor como magistrado, planteos de nulidad, entre otras cuestiones de peso que conspiran contra la correcta administración de justicia o el éxito de este procedimiento disciplinario”.
LA NACION
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