Baja la intensidad del Congreso en marzo y la agenda de reformas se posterga hasta abril
El inicio del período ordinario coincidió con cambios en el Gabinete, roces internos, nuevas revelaciones del caso $LIBRA y el Adorni-gate; el oficialismo busca retomar la iniciativa el mes próximo
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El impulso reformista del Gobierno en el Congreso perdió ritmo en marzo. Tras la intensidad de las sesiones extraordinarias, el arranque del período ordinario transcurrió con menor voltaje: no hubo debates de peso ni avances sustantivos en la agenda oficial.
La actividad se concentró, en cambio, en cuestiones administrativas. Se conformaron comisiones en ambas cámaras, se avanzó en la organización de la audiencia pública por la ley de glaciares y, en el Senado, se dio ingreso formal a una serie de ascensos militares y al pliego que propone a Carlos Mahiques -padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques- para continuar por otros cinco años en la Cámara de Casación Federal al cumplir los 75.
El contexto político tampoco ayudó a sostener la iniciativa. Marzo estuvo atravesado por reacomodamientos en el Gobierno. En los primeros días del mes se oficializó la asunción de Mahiques como ministro de Justicia y de Santiago Viola como secretario del área. Con esos movimientos ganó terreno Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en detrimento del asesor presidencial Santiago Caputo. Estos ajustes profundizaron los cortocircuitos internos que parecían haberse aplacado durante las extraordinarias. Atrás quedó la imagen del equipo político compacto que se exhibió en febrero para negociar las reformas sancionadas.
A ese escenario se sumaron las controversias públicas. La polémica por los viajes de Manuel Adorni con su esposa a Nueva York y Punta del Este erosionó al oficialismo. En paralelo, las nuevas revelaciones del caso $LIBRA -que exponen a Javier y Karina Milei como interlocutores frecuentes de Mauricio Novelli, el nexo con el empresario Hayden Davis en el lanzamiento del activo digital hoy investigado como una presunta estafa- complicaron la capacidad del Gobierno para ordenar la agenda.
Pese a ese cuadro, en el oficialismo relativizan el impacto. Sostienen que la actividad legislativa de marzo “fue intensa” y aseguran que los proyectos pendientes se enviarán en el corto plazo. El primer objetivo es avanzar con la ley de glaciares, que el oficialismo aspira a sancionar en Diputados el 7 de abril.
Superado ese hito, en la bancada de La Libertad Avanza anticipan que comenzarán a trabajar sobre el paquete de iniciativas anunciadas por Adorni en X. Apuestan a recuperar la iniciativa política y reencauzar el debate público tras semanas dominadas por las controversias.
Entre los proyectos en carpeta, que todavía no ingresaron formalmente pero fueron elaborados en el Consejo de Mayo, aparece una reforma del Código Penal orientada a endurecer penas y ampliar los delitos con cumplimiento efectivo de prisión.
También, un paquete vinculado a la propiedad privada: incluye cambios en la ley de expropiaciones -para que el mercado determine el valor de los bienes a indemnizar-, una flexibilización de la ley de tierras que amplíe la titularidad extranjera bajo el argumento de atraer inversiones “de interés público” y modificaciones en la ley de manejo del fuego para reducir las restricciones sobre el uso de áreas incendiadas con fines económicos.
El Gobierno también busca modificar el régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana. La intención es eliminar las restricciones a la reventa de terrenos -habilitando su compra por empresas para distintos fines- y suprimir la obligatoriedad de contratar cooperativas para las obras en los barrios.
Además, Adorni anticipó cambios en la ley de discapacidad y en el esquema de financiamiento universitario “para compatibilizarlos con el equilibrio fiscal”.
El proyecto de financiamiento universitario ya ingresó a Diputados a mediados de febrero, pero no llegó a tratarse. La iniciativa oficial prevé una actualización salarial en tres tramos -4,1% en marzo, julio y septiembre- sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, no contempla la pérdida acumulada por la inflación desde diciembre de 2023, a diferencia de la normativa vigente.
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