
BTU, otra empresa involucrada que prefiere el silencio
Sus directivos, reacios a dar explicaciones
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En uno de los 48 departamentos de un despintado edificio de 16 pisos, en Maipú 96, a metros del puente Pueyrredón, en Avellaneda. Allí está la oficina sede de BTU SA, una de las empresas constructoras que intervinieron, junto con Skanska y Contreras Hermanos, en la ampliación del Gasoducto Norte, que opera TGN.
Los diputados Adrián Pérez (ARI) y Esteban Bullrich (Pro) le habían pedido al juez federal Guillermo Montenegro que investigara si BTU y Contreras presentaron sobreprecios en esa obra, igual que Skanska. En esa millonaria obra pública se habría pagado un sobreprecio del 118%, que podría haber incluido el pago de coimas, como admitió Skanska. Ayer, personal del juzgado de Montenegro fue a la firma BTU a retirar documentación.
Las instalaciones de la firma parecen avergonzar a sus directivos, que procuraron impedir que LA NACION transitara por los descascarados pasillos del edificio. El presidente y accionista de la firma, Carlos Mundín, indagó, alarmado, cuando la semana pasada supo que en minutos un cronista preguntaría en su oficina por él: "¿Cómo que está viniendo para acá?" Y propuso: "No, mañana le doy una entrevista, pero en el diario".
Al día siguiente Mundín llamó para cancelar el encuentro. Explicó que la empresa informaría a través de una solicitada en los diarios y así procuraría esclarecer a la opinión pública la situación de la firma, que se había visto "altamente perjudicada" por el "editorial" firmado por Joaquín Morales Solá el miércoles 2 del actual.
Mundín prometió que, si después de la publicación quedaba alguna duda, daría una entrevista; propuesta que luego se encargó también de abortar.
En la solicitada publicada el viernes pasado, la constructora informó sobre su trayectoria en el mercado del gas y del petróleo: "Durante 25 años hemos ejecutado más de 160 obras en forma exitosa", señala el texto que firman Carlos Mundín, presidente y accionista, con Angel Di Pietrantonio y Héctor Leis, ambos directores y accionistas.
En la solicitada también consignan que, entre sus clientes, están YPF SA, Gas del Estado, Esso, Shell, TGN, TGS y Metrogas, y que realizaron obras en las plantas compresoras Miraflores, Tucumán, Deán Funes, Beazley, Cochico, Lumbreras y Tres Cerros. La empresa no mencionó su participación en la expansión de un gasoducto en Santa Cruz.
Sin respuestas
Cuando LA NACION visitó la sede de BTU, en Avellaneda, el personal obvió todo tipo de declaraciones y pidió desalojar el lugar.
De inmediato, LA NACION visitó el domicilio legal de la firma, en la calle Beauchef, del barrio porteño de Caballito. La construcción es de dos pisos y no está descascarada: es la casa de la familia Mundín, confirmaron los vecinos y, luego, el propio empresario. Había luz y gente adentro, pero nadie atendió. Tampoco respondieron a las reiteradas llamadas telefónicas de LA NACION.
Indignado, al día siguiente, el presidente de BTU respondió el teléfono desde su oficina. Dijo que, en adelante, no atendería más llamadas de la prensa. Habló de las dificultades personales ocasionadas por lo que consideró una intromisión en su hogar y en su trabajo. "No le voy a informar nada más", dijo.
Al preguntársele dónde se ubican el departamento de ingeniería de la empresa, el depósito de materiales y dónde puede observarse el ingreso y la descarga de camiones, Mundín repitió que no iba a responder. "Ustedes tienen que informarse más sobre el tema. Tenemos obradores en distintos puntos del país", dijo.
"Por suerte, los bancos y las aseguradoras con las que trabajamos saben de nuestra seriedad", fueron las últimas palabras que se oyeron antes de que el empresario colgara el teléfono.


