Calcaterra y otros tres empresarios confesaron ante el juez pagos ilegales

Con el mismo efecto en que caen las fichas de dominó, la causa por los cuadernos de las coimas sumó dos nuevos empresarios arrepentidos que admitieron pagos a funcionarios kirchneristas, una versión que también ratificaron otros dos imputados que declararon ante el juez federal Claudio Bonadio .

Ángelo Calcaterra, exdueño de la constructora Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri, y su empleado Javier Sánchez Caballero fueron aceptados como imputados colaboradores, al confesar que realizaron los pagos presionados por el exsubsecretario Roberto Baratta para financiar campañas electorales del kirchnerismo.

Calcaterra se hizo cargo de su responsabilidad para que Sánchez Caballero realizara los pagos en nombre de Iecsa. "Yo le daba la plata a Sánchez Caballero. Él pagaba por orden mía", dijo ante la Justicia, indicaron fuentes judiciales. Fueron 13 encuentros los que se registraron en los cuadernos de Oscar Centeno con movimientos por US$8 millones. Muchos ocurrieron hasta octubre de 2015 en el estacionamiento subterráneo del Hotel Hilton, de Puerto Madero.

La declaración, orquestada durante todo el fin de semana, tuvo su premio: Sánchez Caballero fue liberado al mediodía y Calcaterra -que se había presentado espontáneamente- dejó el juzgado con una eximición de prisión que le asegura que no debería ser detenido hasta el juicio. También se formalizó el acuerdo con Juan Carlos De Goycoechea, extitular de la empresa española Isolux-Corsán, que también fue liberado.

No tenía opciones el primo de Macri. Si Sánchez Caballero quería declarar como arrepentido tenía que apuntar hacia arriba. Sus abogados le dijeron que corría riesgo de ir a prisión, un rumor que se había instalado el fin de semana y que se concretó durante este lunes.

Desde el Gobierno estaban al tanto de la decisión. Incluso, el propio Calcaterra se habría reunido el viernes a solas con el Presidente para informarlo sobre la situación, dijeron fuentes oficiales.

Calcaterra llegó a las 7.20 a Comodoro Py. Pasó seis horas en el juzgado de Bonadio hasta cerrar su acuerdo como colaborador imputado, mientras desfilaban abogados, fiscales, periodistas y curiosos por el tercer piso de los tribunales. "Sí, disculpen..., ¿para arrepentirse es por acá?", bromeó un letrado habitué de esos pasillos.

Calcaterra, Sánchez Caballero y De Goycoechea, representados por el mismo estudio jurídico, plantearon una defensa idéntica: hablaron de presiones de aportes en negro para la campaña, pero no mencionaron los millonarios contratos de obra pública que ganaron con el Estado durante el kirchnerismo.

Los investigadores están atentos a los argumentos que ensayen los próximos empresarios arrepentidos para vislumbrar si el supuesto pago a funcionarios para financiar la campaña electoral es parte de una estrategia en conjunto. El gran temor -admiten en la defensa de Calcaterra- es que se suspendan obras que todavía están en curso.

"Si te dan a elegir entre quedarte preso o irte a tu casa, ¿vos qué elegirías?", desafió uno de los abogados que negocia la figura del arrepentido. Y agregó que uno de sus clientes le recordó que Lázaro Báez lleva más de dos años en el penal de Ezeiza a la espera del juicio oral. El estudio de abogados Landaburu, Feder, Carrió, Mayer & Rosental es el mismo que representa a la familia Macri y a la empresa Socma SA.

La constructora Iecsa funcionó hasta 2007 dentro de Sideco SA, una empresa del grupo Macri. Ese año fue adquirida por Calcaterra y, desde ese momento, multiplicó las obras públicas asignadas por el kirchnerismo. Un ejemplo es el soterramiento del tren Sarmiento, un contrato también investigado por la Justicia ante distintas irregularidades dentro del caso Odebrecht.

En la misma línea que Calcaterra, Alejandro Ivanissevich, exdueño de Emgasud, y Manuel Santos Uribelarrea, extitular de MSU, ratificaron ante la Justicia los pagos anotados por Centeno en su cuaderno. Otra vez, el mismo argumento: Baratta los "apretaba" para realizar los pagos. La maniobra -detallaron- también se ejecutaba con Nelson Lazarte y, en algunos casos, también se entregaba dinero en pesos.

Rodolfo Poblete, extitular del Grupo Romero, en cambio, quedó detenido después de negarse a declarar ante Bonadio. El empresario Raimundo Peduto, de MSU, no declaró y quedó libre.

El próximo arrepentido podría ser Francisco Valenti, exvicepresidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), que negociaba hasta el cierre de esta edición la posibilidad de ser un colaborador en la causa y, de esta manera, conseguir su libertad.

No será el único que pasará por Comodoro Py. Héctor Zabaleta, el exempleado de Techint que fue detenido, deberá dar explicaciones de sus menciones en los cuadernos. Hoy, en tanto, se presentarán a declaración indagatoria el operador judicial Javier Fernández; Rudy Ulloa, exchofer de Néstor Kirchner; el exsubsecretario de Vivienda Germán Nivello, y el exsecretario de Minería Jorge Mayoral.

Thomas pide no ir a prisión

"Mi cliente va a presentarse en el momento en que se le acuerde la eximición de prisión", afirmó el doctor José Manuel Ubeira, abogado de Oscar Thomas, el exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá, que permanece prófugo. El letrado presentó el pedido de eximición de prisión al juez Bonadio y está a la espera de la decisión del magistrado.

Ubeira reveló que su cliente le dijo: "No tengo nada de que arrepentirme, porque para arrepentirme tendría que haber cometido un delito". Y aseguró que Thomas "quiere entrar dentro del expediente, la única condición es que no lo quiere hacer detenido".