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Casi 200 jefes policiales adeudan la información
Además, la UIF tiene la lupa sobre algunos casos de presunto enriquecimiento ilícito
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LA PLATA.- Cuando ya venció el plazo para presentar las declaraciones juradas todavía hay 199 jefes y subjefes de la policía bonaerense que no presentaron la documentación y que en los próximos días comenzarán a ser sancionados por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.
Entre ellos no figura ningún integrante de la cúpula, pero la mayoría son uniformados con jerarquía que trabajan en puestos claves en la provincia de Buenos Aires. Fuentes oficiales dijeron a LA NACION que están trabajando con la Unidad de Información Financiera (UIF) para saber si estos uniformados están involucrados en algún caso de lavado de dinero.
En total son 6341 policías, de los 94.000 uniformados que tiene la fuerza provincial, los que debieron presentar su declaración de bienes ante Asuntos Internos y en la Escribanía General de Gobierno. El jefe de la bonaerense, Pablo Bressi, cuestionado por la diputada Elisa Carrió por supuestos vínculos con el narcotráfico, se adelantó y fue uno de los primeros en presentar la documentación.
En su declaración jurada sobresale que declara no tener automóvil propio para movilizarse. Eso sí, tiene una casa comprada con fondos propios y otra heredada. También cuenta con un cuatriciclo valuado en $ 100.000. Y declara, además, poseer $ 270.000 en un plazo fijo y 20.000 dólares en efectivo.
Quizá la mayor sorpresa de las declaraciones juradas presentadas por los 23 superintendentes que integra la cúpula de la policía bonaerense es la del Superintendente de Coordinación Administrativa, Néstor Martín. El jefe, cuya tarea es manejar la caja interna de la fuerza (entre la que figura la distribución de las horas adicionales) declaró tener siete propiedades, un helicóptero experimental, más de $ 2 millones en efectivo, 18.000 acciones de una cooperativa, electrodomésticos valuados en $ 100.000 y otro inmueble a nombre de su señora.
Martín, junto a otros cinco jefes de menor jerarquía, está bajo la lupa de la Auditoría General de Asuntos Internos por el posible delito de enriquecimiento ilícito.
El resto de los integrantes de la cúpula presentaron sus declaraciones y, en general, informaron que tienen casa propia, son deudores de créditos y préstamos personales que oscilan entre $ 20.000 y $ 300.000, algunos no tienen automóvil y la mayoría posee sumas de dinero en efectivo, que van desde $ 600.000 a casi $ 1 millón.
En tanto, el máximo responsable del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Díaz, declaró que posee nueve propiedades, entre ellas una heredada, un auto valuado en $ 151.500, dinero en efectivo por $ 44.500 y US$ 3320. Su sueldo, según informó en la declaración jurada, es de $ 45.374 por mes.
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