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Caso Carrasco: todo depende de un fiscal
El dictamen de José María Darquier marcará el rumbo
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NEUQUEN.- Ahora que la Comisión de Juicio Político de Diputados logró consenso para impulsar un dictamen pidiendo el enjuiciamiento de Rubén Caro por mal desempeño, habrá que ver hasta dónde permitirá el Gobierno que avance el proceso de erosión de la historia oficial que elaboró el Ejército y sancionó la Justicia.
En ese proceso se juega la suerte del comandante, general Martín Balza, firme aliado del Gobierno. Al respecto, el fiscal José María Darquier aún no se expidió sobre si investigará a Balza por falso testimonio calificado. El general declaró que Inteligencia no intervino en el caso Carrasco, algo que quedó definitivamente refutado.
Las directivas
De acuerdo con las directivas de la Procuración General, que depende del Gobierno, Darquier habrá consultado su decisión con el procurador Nicolás Becerra.
Según fuentes judiciales, si Darquier se niega a investigar, el juez Guillermo Labate acudirá a la Cámara Federal de General Roca, y será la segunda vez que un fiscal le impide avanzar.
Labate quiso indagar por encubrimiento al general José Miná, jefe de Inteligencia del Estado Mayor, pero chocó con la negativa de Luis María Viaut, fiscal federal de Zapala.
De todos modos, la caída en desgracia de Caro hiere a Viaut, que también firmó casi todas las irregularidades que se atribuyen a Caro en la investigación del homicidio de Omar Carrasco en 1994.
"Aquí hay tres condenados por el crimen (el subteniente Ignacio Canevaro y dos ex soldados) y es posible que el tribunal Oral de Neuquén llegara a las condenas por culpa de la pésima investigación que realizó Caro", expresó a La Nación el diputado Víctor Peláez (UCR-Neuquén), quien ayer expuso en la Comisión.
Si el Gobierno no ordena frenar todo, como hizo el año último cuando la Comisión iba a sellar la suerte del juez, la caída de Caro también lastimará al Tribunal Oral que en la sentencia declaró: "Es preciso que asumamos comompropios los errores y diferencias de la instrucción del sumario" de Caro.
Acuerdo irregular
Para los defensores de los condenados, los "errores y deficiencias" podrían obedecer a que Caro pudo ser uno de los encubridores.
Ya hay un pedido para indagar a este juez que comenzó el caso como subrogante y luego, en circunstancias extrañas, logró un acuerdo irregular del senado.
Tan irregular que el senador radical José Genoud pidió que no sentara precedente.
"Nosotros conseguimos que lo nombraran juez", confió a La Nación un oficial del estado Mayor en julio del año último.
"Se habría prestado a suspicacias la llegada a Zapala de un juez de Buenos Aires, así que pensamos que lo ideal era confirmar a Caro", siguió.
Avanza el juicio político a Caro
Los diputados de la Comisión de Juicio Político acordaron ayer que el 4 de junio próximo comenzarán a analizar el pedido de enjuiciamiento contra el magistrado Federal de Zapala, Rubén Caro, quien investigó el caso del soldado Omar Carrasco, y a quien ahora se lo acusa de cometer el posible delito de encubrimiento.
Legisladores del oficialismo y la oposición consensuaron sus posturas y se disponen ahora a llevar adelante el juicio político contra el juez Caro por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones".
El diputado Gastón Mercado Luna (UCR) confirmó ayer a La Nación que "hay un importante avance en el diálogo con el justicialismo que indica que se emitirá un dictamen en común sobre el juicio político contra el juez del caso Carrasco".
El radicalismo ya redactó un predictamen de jucio político al igual que lo hizo el diputado Carlos Soria (PJ) en consonancia con los peronistas Miguel Pichetto y Juan Carlos Maqueda.
El únco legislador oficialista que aun mantiene reticencias a firmar un pedido de juicio político contra Caro es el titular de la comisión, el menemista César Arias.
A través de una presentación de más de quince carillas, el radicalismo sostuvo en su pedido de enjuciamiento al magistrado de Zapala que "resulta inocultable y absolutamente injustificable que el juez Caro haya consentido sin inmutarse que la Justicia Militar investigue un hecho sobre el que no tenía jurisdicción ya que la suya (la de Caro) era absolutamente exclusiva".
Tanto el PJ como la UCR sostienen que en sus acusaciones de "encubrimiento" que "desde un comienzo la justicia militar investigó la muerte de Carrasco y esta circunstancia fue compartida tanto por el Ejército como por el juez Caro".
El pedido de enjuiciamiento de la UCR expresa que "el juez aceptaba los rumbos del sumario militar y aprovechaba sus resultados en la medida que él no procuraba nutrir su propio sumario a través de propia iniciativa".
El pedido radical fue firmado por los diputados Mercado Luna, Guillermo Aramburu, Elisa Carrió, y Melchor Cruchaga, y por Alfredo Bravo (Frepaso).
