Caso D'Alessio: crece la preocupación por los avances sobre la tarea de los periodistas

El presidente de ADEPA, Martín Etchevers; la organización señaló el serio riesgo para la libertad de expresión que implica el informe sobre periodistas que hizo la Comisión de la Memoria
El presidente de ADEPA, Martín Etchevers; la organización señaló el serio riesgo para la libertad de expresión que implica el informe sobre periodistas que hizo la Comisión de la Memoria Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo
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14 de octubre de 2019  • 01:58

La preocupación por los avances sobre la libertad de prensa motivados por el informe de la Comisión Provincial de la Memoria encargado por el juez federal Alejo Ramos Padilla generó la reacción de organizaciones oficiales y privadas.

La titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Silvana Giudici, pidió la intervención de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con la evaluación de periodistas que hizo la Comisión.

También la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) contra del intento para vincular a periodistas con supuestas tareas de "inteligencia ilegal" que impulsó el informe.

Giudici calificó de "inaceptable" el monitoreo del trabajo periodístico. "Es inaceptable que se monitoree la labor periodística, uno de los pilares más importantes de los sistemas democráticos es la libertad de expresión y las garantías para que los periodistas puedan informar, opinar e investigar con absoluta libertad, tal como lo expresa el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos de la OEA", señaló la exdiputada Giudici, que fue presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja.

Añadió que esos derechos fueron "vulnerados desde el momento en que una investigación judicial encomienda a Adolfo Pérez Esquivel (presidente de la Comisión de la Memoria) el monitoreo de las notas periodísticas y el juzgamiento de sus autores".

El organismo que preside Pérez Esquivel le entregó un informe a Ramos Padilla vinculado al caso D'Alessio en el que denuncia la existencia de "una red de espionaje ilegal utilizada para cometer delitos" y en la que incluye a agentes de inteligencia, personal judicial y periodistas. Es un escrito de 200 páginas en el que señala con nombre y apellido a periodistas reconocidos, como Daniel Santoro, Jorge Lanata, Rodrigo Alegre y Nicolás Wiñazki, entre otros. "Desde el comienzo la investigación de Ramos Padilla se pone en riesgo la garantía de resguardo de las fuentes periodísticas previsto en el artículo 43 de la Constitución nacional", denunció Giudici. Según ella, el informe que la Comisión Provincial de la Memoria le entregó al magistrado agrava la situación porque "vulnera directa y gravemente los derechos de los periodistas investigados". Y recuerda que la libertad de expresión forma parte de los derechos humanos que la Comisión Provincial de la Memoria dice tutelar. "Monitorear notas periodísticas y acusar a periodistas es un peligroso mecanismo utilizado por dictaduras y regímenes totalitarios", concluye.

Silvana Giudici (centro), autora del pedido para que la CIDH intervenga en la investigación a periodistas
Silvana Giudici (centro), autora del pedido para que la CIDH intervenga en la investigación a periodistas Crédito: @SilvanaGiudici

ADEPA, por su parte, también expresó ayer su "enérgico rechazo" y su "alarma" por el informe. "Pretender que un organismo gubernamental audite la tarea periodística contradice la esencia misma de la libertad de prensa, vulnera la Constitución nacional y desconoce los tratados internacionales. En efecto, tanto la solicitud de dicho informe por el juez Alejo Ramos Padilla como la elaboración del mismo por la Comisión constituyen peligroso precedentes contra la libre expresión y el ejercicio profesional del periodismo", sentenció la organización. ADEPA señala además que "la gravedad de la situación se ve profundizada por el contenido del insólito informe, en el que se pretenden establecer interacciones y motivaciones de diversos periodistas para vincularlos con operaciones de inteligencia ilegal, desconociendo el oficio del periodismo y sus herramientas más elementales". Y añade: "Las cuestionables especulaciones del informe, lanzadas sin ninguna autoridad profesional ni debido proceso, configuran un hecho lamentable del que no se recuerdan antecedentes en democracia". La solicitud de Ramos Padilla a la Comisión de la Memoria ya había merecido un rechazo por parte de ADEPA, por ser "inconducente, no vinculante con una causa judicial".

Fopea, en tanto, aseguró que el informe de la Comisión de la Memoria "representa un nuevo paso hacia la criminalización de la actividad de los periodistas". La entidad dijo que la Comisión define la actividad de inteligencia con un criterio tan amplio que abarcaría la actividad de cualquier periodista de investigación, y recurre al verbo condicional para atribuir actividades supuestamente ilegales a periodistas como Santoro.

"La Comisión se creó para trabajar por la memoria, la igualdad y la defensa de los derechos humanos, no para ser una Conadep de la prensa", advirtió Mario Negri, titular del interbloque de Cambiemos.

El informe de la polémica

El detonante

Un informe de la Comisión Provincial de la Memoria fue lo que provocó los cuestionamientos del Gobierno y de entidades periodísticas. Se trata de una evaluación que la entidad hizo del trabajo periodístico a pedido del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla sobre el caso D'Alessio.

Qué dice el informe

Es el segundo documento que la Comisión entrega al magistrado. En este, el organismo ratifica la existencia de "una red de espionaje ilegal utilizada para cometer delitos" y advierte por "posibles vínculos" del falso abogado Marcelo D'Alessio con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). También plantea que "en el esquema operativo delictual se involucraban actores de la Justicia provincial y federal e, incluso, periodistas".

La lupa en el periodismo

El juez Ramos Padilla procesó al periodista Daniel Santoro, de Clarín, como "partícipe necesario en orden a los delitos de coacción y extorsión en grado de tentativa" contra los empresarios Mario Cifuentes y Gonzalo Bruza Dovat. Por eso, Ramos Padilla le pidió a la entidad que evalúe si las notas del periodista constituyeron "operaciones de acción psicológica" contra los empresarios.

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