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Causa Vialidad: el fiscal Luciani le pidió al Tribunal que condenó a Cristina Kirchner acelerar el decomiso de los bienes
Junto a su colega Sergio Mola, señalo más de 140 bienes “decomisables” para cubrir los 530 millones de dólares; es lo que resta cumplir de la sentencia
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Diego Luciani y Sergio Mola, los fiscales del juicio por Vialidad -por el que Cristina Kirchner cumple en su casa una pena de 6 años de prisión- le pidieron al Tribunal Oral Federal 2, encargado de ejecutar la pena, que acelere el decomiso de bienes para cubrir la suma de más 680 mil millones de pesos por la que deben responder todos los condenados en la causa.
En un duro escrito entregado al Tribunal, y “con el fin de agilizar” su tarea, los fiscales ofrecieron un listado donde señalan más de 140 bienes “decomisables” con los que es posible comenzar a cubrir aquel monto, que al cambio oficial equivale a más de 530 millones de dólares. Son propiedades adquiridas por los condenados entre 2003 y 2015, el período juzgado en la causa.
Es una lista no exhaustiva e incluye más de 100 inmuebles del empresario Lázaro Baez o de sus compañías; otros 20 de la expresidenta en la provincia de Santa Cruz -la mayoría cedidos a sus hijos Máximo y Florencia-; y una veintena de propiedades que son del resto de los funcionarios condenados. Por caso, el exsecretario de Obra Pública, José López, figura con cinco inmuebles.
La ejecución de la pena comenzó a correr desde que la Corte Suprema dejó firme en junio de este año la sentencia emitida por el tribunal en diciembre de 2022. El decomiso de los bienes, sin embargo, aún no se ejecutó.
El plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de “forma solidaria” por el monto actualizado venció el 13 de agosto, luego de una intimación por parte del Tribunal.
En respuesta a un pedido de nulidad de la expresidenta, los fiscales pidieron entonces la “ejecución inmediata” de los bienes, tal como recordaron en su escrito.
“Ninguna de las personas condenadas cumplió con la intimación dispuesta por el Tribunal. Por lo tanto, este Ministerio Público requirió –el pasado 20 de agosto– que se haga efectivo el apercibimiento dispuesto y, sin más, se proceda a ejecutar los bienes y valores", señalaron.
En paralelo, la pulseada por la ejecución de los bienes trepó a la Cámara de Casación, que fijó una audiencia el pasado jueves con el fin de escuchar a las partes.
Cristina Kirchner pidió anular la ejecución de los bienes y criticó el modo en que se realizó el cálculo del decomiso; por su parte, el fiscal ante esa instancia, Mario Villar, se opuso a la suspensión y lo confirmó.
Los fiscales presentaron el escrito en respuesta a la decisión del TOF2 de correrle vista a cada una de las partes para que se expresen.
“Pretender que las defensas puedan tener participación y opinar sobre la ejecución de una pena accesoria firme, recaída en su contra, se asemeja, en sus efectos, a habilitar una nueva instancia recursiva”, dijeron.
“El Tribunal, sin exponer fundamento normativo alguno y desatendiendo el derrotero de resoluciones que ya han adquirido firmeza, se encuentra procrastinando la ejecución de una condena firme”, sumaron.
Entre las 20 propiedades de Cristina Kirchner identificadas por los fiscales se encuentra el terreno de más de 6 mil metros que la expresidenta le cedió a en febrero de 2007 a Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez. El terreno había sido adquirido como tierra fiscal dos años antes y según los registros lo hizo valer 45 veces su precio original.
La mayoría de los bienes de la expresidenta son fideicomisos destinados a la construcción, que cedió a sus hijos Máximo y Florencia.
Allí no figura el departamento en el barrio de Constitución donde la ex Jefa de Estado cumple prisión domiciliaria. El inmueble está embargado en el marco de la causa “Hotesur-Los Sauces”, donde sigue siendo investigada.
Algunas de las propiedades de Baez incluidas en la nómina están en manos de la Corte Suprema porque fueron decomisadas en el marco de la causa conocida como “La Ruta del dinero K”, donde el empresario fue condenado a 10 años de cárcel. Es el caso de los cuatro inmuebles ubicados en Olivos, sobre la Avenida Libertador al 3000.
Los bienes señalados, dijeron los fiscales en su escrito, “constituyen un primer bloque sobre el cual puede comenzar a ejecutarse, sin dilaciones, el decomiso que ya se encuentra firme”.
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