Cavallo ya está preso en España

El juez español Baltasar Garzón dispuso ayer la "prisión incondicional" y sin derecho a fianza para el capitán de corbeta (R) Ricardo Miguel Cavallo, acusado por los delitos de "genocidio, terrorismo y tortura" cometidos durante el último gobierno militar en la Argentina.

El magistrado decidió la detención de Cavallo, que arribó ayer por la mañana a Madrid extraditado desde México, luego de que el militar argentino se negó a declarar en una causa en la que se le imputa la desaparición de 227 personas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención ubicado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

El capitán de corbeta retirado fue trasladado al centro penal de Soto del Real, a 30 kilómetros de Madrid. En ese presidio también se encuentra recluido desde agosto de 2001 el ex marino argentino Adolfo Scilingo, acusado por Garzón por los mismos delitos que Cavallo.

En un proceso histórico, Cavallo, de 53 años, es el primer militar latinoamericano extraditado para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad en un tercer país. Fue descubierto en agosto de 2000 en México, luego de ser reconocido en una foto publicada en medios periodísticos aztecas como Sérpico o Marcelo, el marino que presuntamente interrogaba a presos en la ESMA.

En la sede de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), Garzón confirmó la "orden de prisión incondicional y comunicada", una figura similar a la prisión preventiva del Código Penal argentino, y comunicó el auto de procesamiento a Cavallo, quien se presentó acompañado por sus abogados, entre ellos, el prestigioso penalista español Julio Ferrer Sama.

En su fallo, el juez consideró que "la actividad delictiva imputada de forma provisional al procesado es de tal gravedad que no deja opción diferente a la medida de prisión" y, además, cree que podría haber riesgo de fuga.

"El riesgo de sustracción a la Justicia es evidente, si se tiene en cuenta que si estuviera en libertad eludiría la acción judicial con tan sólo huir a la Argentina, su país de origen, en el que, de momento, no podría ser perseguido por estos hechos por la aplicación de las leyes de obediencia debida y punto final", afirma el escrito.

"Esa potencial huida supondría, no el cambio de jurisdicción sino, lisa y llanamente, la impunidad del sujeto, cuya posibilidad se pretende combatir mediante la aplicación del principio de justicia universal", afirmó el juez español.

Férrea custodia

En medio de un férreo operativo de seguridad, el ex capitán de corbeta había llegado a las 9.30 hora local (4.30 de la Argentina) a la base aérea de Torrejón de Ardoz (al nordeste de Madrid), en un avión de la Fuerza Aérea española, acompañado por dos agentes españoles de la Interpol que habían viajado a México el viernes último para detenerlo.

Ni bien estuvo frente al magistrado, Cavallo indicó que desconocía el auto de procesamiento en su contra y solicitó un tiempo para leerlo, por lo que Garzón postergó la audiencia unas horas. Por la tarde, el imputado se negó a declarar, con el argumento de que si lo hiciera "violaría las leyes argentinas en su condición de capitán de navío".

Tras permanecer casi tres años detenido en una prisión en México DF, Cavallo llegó a España después de que la Suprema Corte de ese país autorizó, el 10 del actual, la extradición del ex militar solicitada por la justicia española, en septiembre de 2000.

El juez Garzón había iniciado en 1998 la investigación sobre los homicidios de los argentinos de origen español Elba Delia Aldaya y Mónica Jáuregui y por las torturas sufridas por Thelma Jara de Cabezas y, un año después, instruyó un proceso sobre el propio Cavallo a partir de declaraciones de ex detenidos en la ESMA.

En la Argentina, en tanto, existe un pedido de prisión preventiva para 98 militares desde noviembre de 1999. Sobre 48 de ellos, Garzón envió en reiteradas oportunidades requerimientos de detención con miras a su extradición, pero ninguno prosperó.

La llegada de Cavallo a la Audiencia Nacional se produjo en medio de una manifestación de condena contra el militar de decenas de personas, entre ellas, varias víctimas de la dictadura argentina, convocados por la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos.

Los manifestantes, que sostenían pancartas que decían "que se anulen las leyes de impunidad" y "justicia universal para las víctimas de genocidio", se enfrentaron con la policía en los alrededores del Palacio de Justicia.

Por Agencias Télam, DyN, ANSA y AFP

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