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Cristina Kirchner trabaja en un rediseño de los planes sociales con los dirigentes barriales
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LA NACIONNicolás Balinotti
Cristina Kirchner trabaja en un rediseño de los programas sociales. Lo imagina como la viga maestra de un proyecto para evitar que se dispare el índice de pobreza por la crisis que ahondó el coronavirus. La vicepresidenta lo conversó en reiteradas ocasiones con Juan Grabois y hace una semana abrió una ventana de encuentros con dirigentes barriales del llano. Proyectan acoplar planes con trabajo genuino. El próximo paso será definir cómo reemplazar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un auxilio estatal en pandemia para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías. Su nuevo perfil será más laboral que asistencial.
Reciben hoy los $10.000 del IFE unas 9 millones de personas. Calculan en el Ministerio de Desarrollo Social que un tercio de ese universo se quedaría sin ingresos cuando concluya la asistencia. El Gobierno y los referentes de los movimientos sociales estudian como una salida crear una suerte de "ingreso mínimo garantizado" a cambio de alguna prestación. No será un salario universal, ya que no será para todos.
"El desafío es convertir los planes sociales en trabajo genuino, con el Estado como articulador y no necesariamente como un empleador tradicional", explica Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie y miembro de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. Menéndez visitó a la vicepresidenta la semana pasada en su despacho del Senado.
El monto de la ayuda está en evaluación, pero sería superior al del IFE y se busca encadenarlo con el salario social complementario, que es hoy de $8500. Una prueba piloto es el plan "Potenciar trabajo", que lanzó el jueves pasado Desarrollo Social y que apunta a mejorar las condiciones edilicias de los comedores comunitarios, a la urbanización de los barrios y a desarrollar la producción de la economía popular de la mano de las cooperativas. Estiman en Desarrollo Social crear inicialmente unos 50.000 empleos, que serían la mano de obra para avanzar con las refacciones proyectadas.
Las enviadas de Grabois
Un día antes de ver a Daniel Menéndez, Cristina recibió a tres dirigentes mujeres del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la agrupación del dirigente social Grabois. Les garantizó su apoyo para impulsar el denominado "plan Marshall criollo", cuyos objetivos centrales son crear cuatro millones de puestos de trabajo, generar una redistribución poblacional, mejorar la infraestructura de los barrios populares y entregar tierras a los pequeños agricultores. Requeriría de una inversión de 750.000 millones anuales durante cuatro años. A fines de mayo, Grabois le había entregado en mano a Alberto Fernández el programa en una de sus visitas a Olivos.
La iniciativa de Grabois, cuyo nombre oficial es "plan San Martín", no contaría con el aval oficial del Gobierno. Así lo aclararon fuentes de de Desarrollo Social a LA NACION.
Sin embargo, una aproximación a esa idea podría ser el proyecto de ley que presentará la semana próxima el diputado nacional Juan Carlos Alderete, del Frente de Todos. Se trata de un proyecto denominado "tierra, techo y trabajo", que implica distribución de tierras fiscales, créditos para construcción de viviendas y chacras. Prevé una inversión inicial de unos $420.000 millones y no se descarta la expropiación de las tierras donde se levantan hoy los 4400 barrios populares relevados en el Registro Nacional (Renabap).
"El proyecto tiene el aval de Máximo Kirchner, que es el jefe del bloque, y también de los ministros María Eugenia Bielsa (Desarrollo Territorial y Hábitat) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social)", asegura Alderete a LA NACION. También afirma que el papa Francisco está detrás de la movida. Alderete encabezó hoy uno de los actos por San Cayetano en el que estuvo el Presidente, de manera virtual.
Alderete es el coordinador de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) desde hace dos décadas. Su área de influencia es La Matanza, aunque el poder de su organización radica en el campesinado. Integran la CCC unas 70.000 personas, de las cuales la mitad percibe algún plan social o de empleo. Asumió como diputado nacional del Frente de Todos a partir de una alianza del Partido Comunista Revolucionario con el kirchnerismo. Integra el triunvirato piquetero que se alió hace cuatro años en una movilización a San Cayetano.
En la letra chica de la iniciativa, además, se contempla incorporar a unas 8000 cooperativas al programa para el desarrollo de las obras y darles prioridad a las organizaciones sociales, lo que podría derivar en un conflicto, por ejemplo, con el gremio de albañiles de la Uocra, un sindicato clásico enrolado en la CGT. Proyecta la creación de 1.500.000 de puestos de trabajo directos y la construcción de 375.000 viviendas.
Los movimientos sociales se organizaron como nunca durante el macrismo. Unidos, presionaron en 2017 por la ley de emergencia económica, que derivó en el salario social complementario. Se convirtieron en un factor de poder tan gravitante como el sindicalismo que anida bajo las siglas de alguna de las centrales obreras. Ubicaron ahora a sus principales dirigentes en el Gobierno y desde allí impulsan medidas cuya puesta en marcha hace un tiempo parecía improbable.
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