Chevron, el nuevo nombre de la soberanía de YPF

Carlos Pagni
Carlos Pagni LA NACION
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9 de julio de 2013  

Cristina Kirchner confía en que la semana próxima sacará a flote la operación más audaz que haya encarado en el campo empresarial: la confiscación de YPF. Miguel Galuccio le prometió que el martes dará a conocer una inversión de la petrolera estadounidense Chevron en esa empresa. Galuccio espera que ese contrato, tantas veces anunciado como demorado, salve su gestión. O le permitirá alejarse de YPF sin que ese paso sea un bochorno completo.

Es temprano todavía para saber si lo conseguirá. Hay algo mucho más probable: el contrato con Chevron amenaza con hacer naufragar el concepto en el que se justificó la estatización de YPF. La Presidenta se vio obligada a sacrificar una bandera política, la de la "soberanía hidrocarburífera", en el altar de las urgencias energéticas que tiene hoy.

Juan Domingo Perón hizo lo mismo. Ahorcado por las importaciones de combustibles, negoció en 1955 un contrato con la California Standard Oil porque YPF no podía incrementar la producción. Con los años, la Standard Oil cambió de nombre: hoy es Chevron. Aquel giro de Perón desató una guerra. Julio Canessa, jefe de YPF, se le opuso y fue despedido. Arturo Frondizi condenó el convenio en el libro Petróleo y política.

Cuando la Revolución Libertadora, encabezada por el nacionalista Eduardo Lonardi, derrocó a Perón, desconoció todo lo acordado.

Hace poco más de un año, Axel Kicillof explicó a los senadores, con el dedo índice en alto, que, por el hecho de ser una multinacional, jamás Repsol protegería los intereses del productor y el automovilista argentinos. Sólo el Estado podría alcanzar ese objetivo. Desde aquella arenga, los precios de las naftas no han dejado de subir y las importaciones de combustibles no han parado de crecer. El Estado, que expulsó de YPF a la multinacional Repsol, busca el auxilio de la multinacional Chevron. A diferencia de Canessa, Kicillof no tiene intención de protestar.

El contrato que está por firmar Galuccio es un misterio. Sólo se sabe que Chevron invertiría entre 1500 y 1600 millones de dólares para explotar petróleo no convencional - shale oil - en dos áreas de la formación Vaca Muerta: Loma La Lata Norte y Loma Campana. ¿En qué condiciones ingresará? ¿Podrá disponer del producto? ¿Se apropiará de los dividendos que obtenga por el emprendimiento? YPF no da precisiones.

Los sectores más ideologizados del kirchnerismo están inquietos. Sobre todo desde que Eduardo Basualdo se negó a continuar como director de la petrolera. Basualdo fue durante décadas un crítico severo de lo que él considera la deserción del Estado en la explotación de los recursos naturales y los servicios públicos. Algunos integrantes del grupo Carta Abierta aplaudieron su incorporación a YPF como "un gesto de coherencia de Cristina". Ahora esos intelectuales fruncen el ceño, porque en la segunda línea de la empresa explican que Basualdo se retiró para no convalidar el pacto con Chevron.

¿Qué harán los directores que quedaron? ¿Exigirán ver la letra chica del contrato o se contentarán con que les muestren un Power Point? Entre esos directores están los que representan el 12% de las acciones que conserva Repsol. La embestida judicial de los españoles va a recrudecer. Hubo otras multinacionales que se negaron a dar el paso de Chevron, atemorizadas por los riesgos jurídicos. Según algunos expertos, hasta que a Repsol no se le paguen sus activos, los funcionarios del Estado ejercen sobre YPF una "administración temporánea" que les impide tomar decisiones patrimoniales relevantes. Los propios directivos de la empresa advirtieron estos riesgos en su última presentación ante la Securities and Exchange Commission de Nueva York.

Los responsables de las finanzas de YPF, encabezados por el neocamporista Nicolás Arceo, se preguntan si Chevron ingresará dólares a través del Banco Central, es decir, cotizados según la paridad oficial. ¿O aplicará a la explotación de shale la renta de sus propios yacimientos, que no pudo sacar del país por las restricciones vigentes?

La operación de Chevron en América latina y África está a cargo de Alí Moshiri. Este iraní, radicado desde hace décadas en los Estados Unidos, se ufana de su capacidad para lidiar con gobiernos intervencionistas. Cuando el avance de Hugo Chávez sobre el mercado energético espantó a las multinacionales radicadas en Venezuela, Chevron permaneció.

El kirchnerismo le ofrece ahora una oportunidad tan riesgosa como tentadora. La Presidenta se cansó de invitar a directivos de grandes petroleras a invertir en YPF, sin ningún éxito. El único dispuesto a conversar fue Moshiri. A fines del año pasado, ella lo invitó como huésped de honor a su hotel Los Sauces, de El Calafate. La facilidad de la Presidenta para entenderse con iraníes, de cualquier signo político, es asombrosa.

Mientras Moshiri disfrutaba de la Patagonia, en Buenos Aires estalló una crisis que lo puso al borde del abismo. Desde Ecuador llegó el pedido para que se ejecute una sentencia que condenó a Chevron a pagar 19.000 millones de dólares por daños ambientales. La demanda había sido formulada por un grupo de abogados de los kofán y los siona, indígenas de la Amazonia. La petrolera alegó que el embargo ecuatoriano estaba dirigido contra Chevron Corporation, no contra Chevron Argentina. Pero los jueces de primera y segunda instancia no aceptaron el argumento y bloquearon las cuentas locales de la compañía, sentando un antecedente peligroso para reclamos que se procesaban en otros países. Moshiri había quedado en manos de la Presidenta.

A pesar de dos pedidos de su amigo Rafael Correa , Cristina Kirchner no fue sensible a la demanda de los pueblos originarios. Podrá aducir que en los tribunales de los Estados Unidos se está demostrando que la sanción contra Chevron está viciada de irregularidades. La tormenta judicial convenció más a Moshiri de la conveniencia de prometer una inversión en YPF. La procuradora Alejandra Gils Carbó recomendó a la Corte Suprema revocar las sanciones contra Chevron. La Corte aceptó los argumentos.

En su ingreso a Loma La Lata Norte, Moshiri vuelve a encontrarse con el reclamo indigenista. Sobre el área que negocia con YPF se asienta una comunidad de mapuches que protestan contra Chevron, en parte inspirados por los kofán y los siona ecuatorianos que han venido a visitarlos.

El pacto entre la señora de Kirchner y Chevron será parte del debate electoral. Sobre todo en Neuquén. Es comprensible: los recursos sobre los que negocian esa empresa e YPF son de la provincia. El gobernador Jorge Sapag, líder del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y aliado del Gobierno, bendijo el acuerdo, pero no dio señal alguna de conocerlo. Ante la condescendencia de Sapag, el sindicalismo y la oposición reivindican la autonomía provincial. El líder de los trabajadores petroleros es el intransigente Guillermo Pereyra, que renunció a su cargo de director de YPF enemistado con Galuccio. Pereyra secunda a Moyano en la CGT disidente y compite por una candidatura a senador dentro del MPN.

El liderazgo de Sapag es desafiado también por el partido Nuevo Compromiso Neuquino, que encabeza el intendente de la capital provincial, Horacio "Pechi" Quiroga. Esa fuerza postula como primer candidato a diputado a Rubén Etcheverry, quien hasta hace meses se desempeñó como presidente de la empresa provincial de petróleo y gas, de la que se alejó por discrepancias con la estrategia energética de Sapag. Etcheverry es un experto en el tipo de hidrocarburos que explotará Chevron.

Los críticos de Sapag sostienen que si YPF no está en condiciones de llevar adelante una explotación, él debería exigir que se devuelvan los yacimientos a la provincia e impedir que se transfieran a otra petrolera.

Sapag, subordinado al gobierno nacional, defiende el acuerdo con Chevron. Para él ha de ser enojoso. El martes pasado la Corte volvió a fallar a favor de esa empresa, esta vez en un pleito con Neuquén por regalías gasíferas.

El celo de Sapag para obedecer decisiones de la Casa Rosada es superior al de muchos kirchneristas. Mientras Galuccio atrae a Chevron, Julio De Vido y Kicillof incluyeron a la multinacional en un listado de empresas susceptibles de ser sancionadas por no cumplir con sus compromisos de inversión. Las presionan para que se asocien al Estado.

¿De Vido y Kicillof hostigan a Chevron para facilitar las negociaciones de Galuccio? ¿O lo están boicoteando? Ni una cosa ni la otra. De Vido y Kicillof van a contramano de Galuccio porque falta una cabeza que piense todo el cuadro y coordine las acciones. Cristina Kirchner concentra las decisiones. A pesar de eso, o tal vez por eso, conduce un gobierno invertebrado.

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