Cinco forenses están imputados en dos causas

Otra bomba de tiempo podría estallar en los próximos días en la Corte Suprema de Justicia. Su Cuerpo Médico Forense (CMF), de decisiva actuación en casos de mala praxis médica y causas polémicas como María Soledad Morales, Omar Carrasco, Nair Mostafá y Sergio Schiavini, ha perdido confiabilidad y soporta imputaciones de falsos peritajes y adulteraciones, y la crítica de la Cámara del Crimen a un sospechoso plenario de 40 médicos forenses.

Los escándalos revelados en forma exclusiva por una investigación de La Nación el 1º y el 13 de diciembre de 1997 y el 30 de enero de este año se incrementaron en las últimas semanas hasta alcanzar tal magnitud que, para garantizar la objetividad de los estudios, dos jueces se vieron obligados a encargar peritajes a médicos ajenos al máximo organismo pericial.

La razón es sencilla: en dos causas independientes hay cinco forenses acusados de falsos peritajes. Una es la jefa de Radiología del CMF, Cynthia Urroz, que cumplió un papel fundamental en el caso del soldado Omar Carrasco, asesinado hace cuatro años, donde también se cuestiona su diagnóstico.

El juez Raúl Irigoyen investiga si Urroz, Luis Alberto Bosio y Jorge Carlos Odzak efectuaron un falso informe para ocultar que a Liliana Goffi le extrajeron el riñón izquierdo sin comunicárselo cuando la operaron de la glándula suprarrenal en una clínica. Irigoyen encargó a peritos ajenos al organismo nuevos estudios que aún no comenzaron.

"Decisiones aberrantes"

Hay otra causa cuyo cierre se apeló, que se basa en un anónimo autoatribuido a "forenses no complacientes" que "disentimos con las aberrantes decisiones del decano del cuerpo, Armando Maccagno". Allí se denuncia que en el organismo que decide la suerte de juicios relevantes, se habría enquistado "una mafia" que adultera peritajes. Maccagno, también vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, negó las acusaciones.

Pero en el juzgado de Mariano Bergez podría reabrirse el expediente del anónimo pues, a pedido de los fiscales nacionales del crimen Pablo Jorge Lanusse y Félix Pablo Crous, La Nación entregó a la Justicia las cintas de una entrevista en que el forense Julio Ravioli reveló manejos dudosos en un plenario de 40 forenses. Luego, Ravioli acusó al redactor de tergiversar sus dichos, que están grabados.

Pero el peritaje más urticante para los forenses comenzará hoy en la Cátedra de Clínica Obstétrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba. En una causa que impulsan el fiscal Crous y el juez Guillermo Carvajal se acusa a los forenses Carlos Fernando Poggi y Florencio Casavilla de falsear un peritaje y encubrir a dos médicos de la maternidad Sardá ya procesados por la muerte de Cristina Britez Arce cuando iba a dar a luz. Poggi es hijo del vicedecano del CMF, Víctor Luis Poggi, y Casavilla, de otro miembro del cuerpo.

Este caso se fue ramificando a medida que adquiría mayor gravedad hasta involucrar a casi todo el CMF, excepto a sus psiquiatras.

Estudio anulado

En un primer estudio sobre la actuación de los dos médicos de la Sardá, los forenses Poggi y Casavilla afirmaron que Cristina, que tenía antecedentes de hipertensión y engordó diez kilos en un mes de embarazo, no era una paciente de riesgo y no requería internación antes del parto. Su peritaje demoró casi un año y la Justicia lo anuló.

Posteriormente, un estudio de otros dos forenses, Héctor Papagni y Horacio Schiavo, contradijo a Poggi y Casavilla al establecer que la paciente era de riesgo y había que internarla. La Justicia recurrió a la Academia Nacional de Medicina, que se negó a intervenir con el argumento de que no estudiaba casos particulares. La cátedra de Obstetricia de la UBA también rechazó el convite "por falta de recursos".

Entonces, la Justicia convocó a un plenario del CMF que, además, debía informar si Poggi y Casavilla ocultaron datos al juez Carvajal. Complicando aún más el panorama, el plenario determinó que tanto Poggi-Casavilla como Schiavo-Papagni podían tener razón en sus diagnósticos contradictorios y que "en medicina la certeza es una extraña eventualidad".

Inseguridad jurídica

La Sala IV de la Cámara del Crimen criticó el dictamen salomónico y ahora se recurre a los médicos cordobeses. Si sus conclusiones no coinciden con la equidistante cautela del CMF, el prestigio del cuerpo sufrirá un duro golpe.

En la entrevista del año último con La Nación , el decano Maccagno no quiso opinar sobre el plenario por no haber participado. "Sólo intervengo -explicó- cuando lo pide un juez, y fue lo mejor, así cada uno se expresaba con libertad".

El abogado René Federico Garris, querellante en los tres casos, no está de acuerdo: "Cuando el Estado no puede confiar en sus propios órganos está en juego la seguridad jurídica. ¿Cómo es posible que no se pueda recurrir al principal organismo pericial del país?" Con Garris colabora su esposa, Concepción Britez Arce, hermana de Cristina.

Garris ya pagó de su bolsillo el arancel de 1500 pesos por el estudio de Córdoba. Ahora reza para que se los reintegre el responsable del CMF: la Corte Suprema.

Los estudios del conflicto

• Poggi y Casavilla: al analizar un caso de mala praxis en la maternidad Sardá, estos dos forenses dictaminaron que una mujer fallecida en el parto no era una paciente de riesgo y no requería internación previa. La Justicia anuló el informe.
• Schiavo y Papagni: a diferencia de sus dos colegas, estos forenses dijeron que era una paciente de riesgo y había que internarla antes del parto.
• Plenario del Cuerpo Médico Forense: el juez Carvajal ordenó que todos los miembros del organismo resolvieran cuál de los dos equipos tenía razón y si Poggi y Casavilla ocultaron datos. El plenario produjo tres informes que la Cámara del Crimen consideró insuficientes.
• Universidad Católica de Córdoba: agotadas todas las instancias en el Cuerpo Médico Forense, hoy realizará el estudio la Cátedra de Clínica Obstétrica de la UCA cordobesa.
• Liliana Goffi: denunció que en una clínica le extirparon un riñón sin advertírselo. Se investiga a tres forenses que afirmaron que tiene el riñón, pero atrofiado.

La Justicia pidió la entrevista a Ravioli

Prueba: a pedido del fiscal Crous, La Nación entregó la grabación del reportaje donde un forense confirmó presuntas irregularidades.

En mayo del año último concluyó un plenario del Cuerpo Médico Forense (CMF). Debía expedirse sobre dos dictámenes contradictorios de cuatro de sus miembros en un caso de mala praxis en la maternidad Sardá, donde murieron Cristina Britez Arce y su hijo por nacer.

Estaban acusados de falso peritaje los forenses del primer estudio, Carlos Poggi y Florencio Casavilla, hijos de dos forenses.Su estudio, anulado por la Justicia, libraba de culpa a dos médicos de la Sardá, hoy procesados por homicidio.

Durante el plenario, el abogado querellante René Garris recibió un anónimo de supuestos "médicos forenses no complacientes". Denunciaba presuntas presiones de la cúpula del CMF para que se firmara un informe preelaborado que tendía a favorecer a Poggi y Casavilla.

También mencionaba una supuesta mafia consentida por Armando Maccagno, decano del CMF desde hace ocho años (antes, el cargo era anual) y señalaba que la Academia Nacional de Medicina rehusó analizar el caso cuando la Justicia la consultó porque "Maccagno es su vicepresidente". Y que lo mismo hizo la Facultad de Medicina de la UBA por las buenas relaciones de sus autoridades con Maccagno.

El abogado Garris radicó la denuncia en el juzgado de Mariano Bergez, pero, al no haber requerimiento del fiscal, la causa se cerró.

El 1º de diciembre último La Nación publicó una nota sobre el CMF, donde Maccagno negó los cargos.

A raíz de la nota, el forense Julio Ravioli solicitó una entrevista para explicar su actuación. Dijo desconocer el anónimo, pero confirmó que en el plenario circuló un informe preelaborado "no sé por quién (...) El que quería firmar, firmaba. (...) Nosotros (él y cuatro colegas) no adherimos (...) Ese informe era como que no pasó nada".

"Que alguien opine"

Según su relato, él y sus cuatro compañeros redactaron una nota al juez Guillermo Carvajal para que los eximiera de informar sobre aspectos obstétricos y así limitarse a la autopsia. "Le llevamos la nota a Maccagno y nos dijo que no, que respondiéramos todo. No pudimos dirigirnos al juez". Ravioli entregó una copia de esa nota al redactor.

El informe preelaborado lo firmaron 33 forenses. El grupo de Ravioli redactó otro, y también hubo un tercero. La Cámara del Crimen cuestionó los tres por insuficientes.

Ravioli también expresó su extrañeza por el silencio de la Academia Nacional de Medicina y la Cátedra de Obstetricia de la UBA. La Academia respondió que no realizaba estudios particulares, y la Facultad que no tenía recursos. "Un papel y alguien que opine, ése es el recurso", acotó Ravioli. Su relato parecía confirmar puntos del anónimo.

Tras publicarse la entrevista a Ravioli, el fiscal Félix Pablo Crous pidió dos veces al juez Carvajal que lo citara a declarar como testigo.

Acto seguido, en una carta publicada en este diario, Ravioli acusó al redactor de tergiversar sus dichos, por lo cual La Nación ofreció la grabación a sus lectores y al fiscal. Crous la requirió, la incorporó a la causa contra Poggi y Casavilla, y por tercera vez pidió al juez que cite a Ravioli. Fuentes judiciales opinan que, como el contenido de las cintas coincide con algunas denuncias del anónimo, también podrían ir al juzgado de Bergez para reabrir la causa del anónimo.

Por Jorge Urien Berri

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