Claudia Bello en la mira por un contrato de IBM

La Sindicatura General de la Nación (Sigen) reclamó oficialmente al titular de la Dirección General Impositiva (DGI) Carlos Sánchez que informe los motivos de las contrataciones directas que hizo ese organismo con IBM-Banelco en 1994.

Según adelantó a La Nación el titular de la Sigen Héctor Agustini la DGI deberá justificar también los montos convenidos por las 154 contrataciones directas realizas en 1994 por un monto de 579.662.584 pesos.

Agustini responsabilizó por las autorizaciones de esas contrataciones a la secretaria de la Función Pública Claudia Bello a quien desde hace un mes se le vienen solicitando las pruebas que justifiquen el monto abonado. El pedido de informes abarca entre otros contratos los firmados con IBM Argentina Unisys Sudamericana Xerox Impsat Compaq L.A. Consad Data Memory Casa de Moneda Encotesa y Artes Gráficas Rioplatenses.

-¿Cuándo elaboró la Sigen el dictamen sobre el contrato DGI-IBM-Banelco?

-Este mes.

-¿Por qué no lo hizo antes si el contrato DGI-IBM-Banelco se firmó en abril de 1994?

-El decreto 507/93 que autorizó la contratación directa del sistema informático dice que la DGI debe dar cuenta a la Sigen de lo actuado es decir de lo que se hizo a posteriori. La Sigen no tiene control previo; nuestras auditorías no pueden abarcar todo el espectro ni actuar todo el tiempo. Además ya había actuado un organismo de control como la Función Pública con competencia en el sector informático.

-¿Es decir que la tarea de control era responsabilidad de la Función Pública?

-La Función Pública manifestó en los documentos con los que contamos que el contrato DGI-IBM-Banelco debía continuar a pesar de que en sus dictámenes consideraron que existían otras alternativas.

-¿Todos los contratos informáticos deben ser controlados por la Sigen?

-Hasta mayo del año último el control le correspondía a la Secretaría de la Función Pública; con la firma del decreto 541/95 esa responsabilidad pasa a la Sigen. Pero debo admitir que aún existe un zona gris ya que la Función Pública continúa manteniendo cierta facultad de auditoría e intervención en algunos contratos informáticos.

-El dictamen de la Sigen habla de falta de justificación y constancias que justifiquen el contrato...

-Nosotros hasta ahora sólo contamos con los antecedentes de la DGI que figuran en el expediente. Le hemos pedido a la Función Pública los antecedentes obrantes para hacer las evaluaciones correspondientes pero todavía no tenemos respuesta.

-¿Ustedes creen que puede haber documentación que no fue integrada al expediente?

-Exactamente. Esos documentos podrían sustentar algunos de los puntos cuestionados. Por ejemplo por qué la Función Públicaaprobó lo actuado por una comisión interna que conformó la DGI.

-¿El sistema informático que se contrató funciona bien?

-Marcha razonablemente. No hemos analizado cada uno de los programas que se contrataron pero el funcionamiento general es bueno y se nota porque no hay reclamos de las AFJP que en última instancia son las destinatarias.

-¿Ustedes creen que el precio es correcto?

-La repartición que debería haber hecho esa valuación era la Secretaría de la Función Pública pero no la hizo. Ni siquiera se hizo una estimación sobre si la cifra tenía algún tipo de coherencia lógica. Pedimos explicaciones pero aún no tenemos respuesta. Hace un mes que venimos pidiendo todas las justificaciones.

-¿Sólo la Función Pública tenía esa responsabilidad?

-Nosotros también le exigimos a la DGIque nos diera una respuesta. Va a tener que hacer los cálculos correspondientes para justificar por qué pagó ese precio (425 millones de dólares) y por qué contrató a IBM-Banelco. Sobre este punto constatamos que la unidad de auditoría interna de la DGIno actuó como le hubiera correspondido.

-No parece haber una lógica en la valuación del contrato.

-La Función Pública tampoco analiza en su documentación la lógica económica de las ofertas. No lo hace ni antes ni después de la presentación de las ofertas. En ninguna parte encontramos la razonabilidad del precio. Estamos hablando de cifras que no tienen sustento.

-¿Qué responsabilidad tiene el ex titular de la DGI Ricardo Cossio en todo esto?

-Yo no veo que haya una empresa fantasma como sí la hubo en el caso IBM-Banco Nación ni que el sistema no funcione o aparezcan sospechas más allá de la falta de prevención y de cumplimiento de cuestiones de fondo. De todos modos no deja de ser responsabilidad importante del funcionario pero no veo un costado de corrupción en esto.

-En su opinión ¿hubo sobreprecio o no?

-No puedo hablar de sobreprecios ni prejuzgar porque no es mi tarea. En cuanto al costo la Justicia deberá reclamar las evaluaciones que correspondieran a los organismos técnicos que se ocupan de esto. Hasta que la Función Pública no dé explicaciones la Sigen no va a opinar.

-¿Qué responsabilidad tiene Cavallo en todo esto?

-El decreto 507/93 que firma con el presidente Menem autoriza a Cossio a contratar en forma directa. No le dice que contrate a cualquier precio sólo le pide que solicite al menos tres ofertas y que realice el análisis correspondiente. Pienso que la responsabilidad de Cavallo está fuera de toda discusión.

Por Claudia Boragni

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