Claudio Vidal consiguió ampliar de 5 a 9 miembros la Corte provincial, dominada por el kirchnerismo
Antes lo había hecho Néstor Kirchner, en 1995, cuando sumó dos jueces al máximo tribunal de Santa Cruz
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Corresponsal en Santa CruzMariela Arias
EL CALAFATE.− La Legislatura provincial aprobó hoy la ampliación de cinco a nueve vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, tres décadas después que una ley impulsada por Néstor Kirchner llevara a la corte provincial de tres a cinco miembros. La ley, impulsada por el frente electoral Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal, impacta en la cúpula del poder judicial, cuyos miembros han sido todos designados durante las sucesivas gestiones kirchneristas.
La modificación del artículo 24 de la ley 2404 se realizó con la mayoría de 13 votos del Por Santa Cruz, 2 abstenciones y 11 voto negativos del bloque de Unión por la Patria, quienes cuestionaron la ampliación, acusaron a Vidal de buscar impunidad con la reforma, aunque reconocieron las actuales deficiencias del Poder Judicial. Con esta ampliación, Santa Cruz será la cuarta provincia en contar con nueve miembros en el máximo tribunal junto a Entre Ríos, Misiones y Salta, según publicó Ruido.
Cuando, en 1995, la Legislatura de Santa Cruz realizó la anterior reforma judicial incluyó además de la ampliación de la Corte la división de las funciones de la Procuración del Tribunal Superior y la cesantía en el cargo del entonces procurador Eduardo Sosa. Pese a un largo periplo judicial que llegó a la Corte Suprema de la Nación que ordenó su reposición, Sosa nunca fue repuesto en el cargo y su causa marcó el inicio de lo que fue, para muchos, el disciplinamiento de la justicia en manos del kirchnerismo.
Hoy, durante la sesión, la diputada Adriana Nieto, de Por Santa Cruz, autora del proyecto, abogada y conocedora de los tribunales provinciales, aseguró que la ampliación viene a terminar con “el último reducto del kirchnerismo que es el Poder Judicial”.
“No va a cambiar a todo el sistema judicial, somos el ejemplo de lo que no hay que hacer. Cuando en cualquier lugar del país, alguien pone un ejemplo de Poder Judicial corrupto, pone al poder judicial de Santa Cruz. Aquí el poder político avanzó de una manera descarada”, explicó Nieto al fundamentar la reforma judicial.
Nieto recordó que incluso uno de los actuales miembros, Fernando Basanta, exministro de Gobierno de Alicia Kirchner y amigo de Máximo Kirchner, fue propuesto en 2022 por la exgobernadora, pese a no reunir los requisitos constitucionales mínimos.
Desde antes de asumir, Vidal tuvo una mirada crítica del Poder Judicial. “En Santa Cruz no se puede robar más. Estamos terminando con los kioscos que nos dejaron. Basta de corrupción en el Estado, basta de una justicia adicta al poder político”, dijo en su primer discurso ante la Legislatura, el 1° de marzo del año pasado. Ese mismo día afirmó que iba a poner fin “a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial y a la utilización política de la Justicia”.
Desde entonces, las relaciones entre Vidal y el Tribunal Superior de Justicia solo fueron empeorando. Incluso en una nota dirigida al gobernador, el presidente del cuerpo, Mauricio Mariani, y los vocales Paula Ludueña, Alicia Mercau, Reneé Fernández y Basanta pidieron una audiencia para abordar los cuestionamientos que el gobernador hizo sobre la Corte relativao a la lentitud del sistema judicial y la falta de independencia. Vidal no los recibió y les respondió en público: “¿A alguien le cabe dudas que la justicia de Santa Cruz es militante de la oposición que gobernó durante 30 años?”.
Hoy, el kirchnerismo sostuvo la negativa que ya había adelantado en el debate de comisiones, mientras el legislador Eloy Echazú, del bloque Unión Por la Patria, argumentó que la ampliación de los miembros de la Corte “no es la solución, que tener más jueces no agiliza las causas que hay en la justicia”.
En la misma línea, la diputada kirchnerista Agustina Mora Doldán cuestionó la ampliación: “No es más ni menos que garantizar la impunidad. No busca transparencia, no busca mayor celeridad, no busca una escucha activa, ni una justicia con mayor sensibilidad”.
En el mismo bloque, la diputada Rocío García, madre de los nietos de Cristina Kirchner y expareja de Máximo, reconoció la lentitud del Poder Judicial, afirmó que hay gente que está detenida y no debería estarlo, y sorprendió con una propuesta: que los jueces sean electos por el voto popular. Una alternativa que el kirchnerismo evaluó desde la Casa Rosada. “Porque si no, cuando gobierne un color político va a ser dependiente de un color político, después cuando viene otro será dependiente del próximo poder político”, fue su razonamiento.
Entre quienes acompañaron la reforma estuvo el diputado Santiago Aberastain Zubimendi, de Por Santa Cruz, quien enumeró las deudas pendientes que tiene la justicia en la provincia. “Tenemos desaparecido en democracia como Marcela López” y recordó el reciente caso de violencia que involucró a dirigentes de la Uocra de Puerto Deseado.
La nueva Corte
A partir de la ley se abre el juego a la designación de los futuros vocales, proceso que en Santa Cruz se realiza a partir del envío de una terna desde el Poder Ejecutivo, pero no se descarta que sean convocados para consultas diferentes sectores vinculados al ámbito judicial.
Fuentes del gobierno indicaron a LA NACION que para marzo próximo esperan que el nuevo tribunal superior ya tenga los nueve vocales designados.
Las causas pendientes
El gobierno de Vidal impulsó una serie de denuncias judiciales contra exfuncionarios kirchneristas, centradas en presuntos hechos de corrupción. Entre las más relevantes se encuentran las investigaciones sobre 51 cooperativas contratadas por el Estado, donde se detectaron incompatibilidades, falsificación de documentación y posible fraude a la administración pública.
También denunciaron al actual intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, por presuntas adjudicaciones irregulares de terrenos fiscales, y se apuntó a Eugenio Quiroga, exvicegobernador de Alicia Kirchner, por la supuesta transferencia irregular de fondos públicos desde cuentas de la Legislatura a su cuenta personal, por un total de más de 32 millones de pesos.
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