¿El reglamento de la Comisión de Juicio Político habilita la "investigación" sobre la salud de Fayt?

El kirchnerismo rechazó ayer los pedidos de juicio político contra Boudou, Gils Carbó y Timerman
El kirchnerismo rechazó ayer los pedidos de juicio político contra Boudou, Gils Carbó y Timerman Crédito: Prensa FPV
La oposición denunció que no se puede solicitar medidas de prueba porque no hay un pedido de juicio político contra el juez; el kirchnerismo argumentó que el cuerpo tiene la facultad para investigar
Matías Moreno
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13 de mayo de 2015  • 11:24

El Congreso volvió a ser el escenario del ataque del Gobierno contra el juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt . El kirchnerismo abrió ayer un "proceso investigativo" contra el magistrado en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para conocer cuál es su verdadero estado de salud mental y certificar si aún es idóneo para seguir en su cargo de ministro del máximo tribunal.

La oposición denunció que la maniobra desplegada por el oficialismo en el parlamento fue antirreglamentaria, ya que en la comisión no se presentó ningún pedido de juicio político contra el jurista, de 97 años, que habilite al cuerpo a solicitar medidas de prueba para una investigación. En la reunión de ayer, el FPV pidió informes, documentos y un peritaje caligráfico de su firma; también citó como testigos a periodistas, secretarios del magistrado y a su chofer.

"Lo que aprobó el oficialismo no tiene ningún sustento legal. Preocupa que la Presidenta, en el final de su segundo mandato, en lugar de garantizar la calidad institucional, la esté tratando de degradar", señaló a LA NACION Oscar Martínez (Frente Renovador).

Por su parte, Manuel Garrido (UCR) advirtió que el bloque oficialista "inventó" una figura ("proceso investigativo") que no existe en el reglamento. Para el ex fiscal anticorrupción, el trasfondo de la ofensiva del oficialismo contra Fayt en el Congreso es "la discusión política" por la designación de un reemplazante de Raúl Zaffaroni en la Corte antes de que termine el segundo mandato de Cristina Kirchner , una posibilidad que la oposición acordó rechazar.

"Se llenan la boca hablando de democracia, de instituciones y república, pero ellos dieron conferencia en la que anunciaron que no permitirán la designación de un nuevo miembro de la Corte. La crisis en el tribunal se produjo en parte por la irresponsabilidad de la oposición", aseveró a este medio María del Carmen Bianchi (Frente para la Victoria).

¿Qué dice el reglamento interno del cuerpo? ¿En qué se basa la estrategia del Frente para la Victoria? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué necesita el kirchnerismo para impulsar una acusación contra Fayt por mal desempeño? ¿El juez podría ser citado?

¿Cómo funciona la comisión de Juicio Político?

El artículo 53 de la Constitución Nacional establece que la Cámara de Diputados tiene la facultad de acusar ante el Senado al presidente, el vicepresidente, los ministros y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Cualquier ciudadano puede presentar una denuncia contra esos funcionarios públicos en la Cámara baja. El cuerpo encargado de analizar esas presentaciones es la comisión permanente de Juicio Político.

Está integrada por 31 diputados. Diecisiete son representantes del bloque del Frente para la Victoria; cinco de la UCR; tres del Frente Renovador; dos del Pro; y los restantes se reparten entre la CC, GEN, Unidad Popular y el Frente Cívico por Córdoba. Al tener mayoría, el kirchnerismo puede designar a las autoridades del cuerpo y rechazar in limine los pedidos de juicio político contra integrantes del Gobierno -como hizo ayer en los casos del vicepresidente Amado Boudou , el canciller Héctor Timerman y la procuradora general Alejandra Gils Carbó -, entre otras medidas.

Hace una semana, el kirchnerismo reactivó la comisión -el año pasado se reunió apenas dos veces- para designar a Anabel Fernández Sagasti, integrante de la agrupación La Cámpora, como nueva presidenta del cuerpo. El sorpresivo cambio de autoridades coincidió con la ofensiva del Gobierno contra Fayt por la polémica acordada 11/15, mediante la cual Ricardo Lorenzetti fue reelegido como presidente del tribunal hasta 2019. La Casa Rosada duda de la validez de ese documento.

"Tiene que ver con este objetivo de amarrar la independencia del Poder Judicial y es la consecuencia de una Justicia que le ha puesto límites al Gobierno, algo que la Presidenta no acepta, ni tolera", dijo Martínez sobre el nuevo perfil de la comisión.

Denuncia, análisis y dictamen

El reglamento interno de la comisión marca los pasos que debe dar antes de impulsar un proceso de juicio político. Cuando ingresa un expediente, el presidente del cuerpo analiza si se dan las condiciones para realizar la apertura del sumario o si aconseja rechazar el pedido. Ambas decisiones deben ser consideradas por el plenario de la comisión (Artículo 9).

En caso de que se abra una investigación, el artículo 12 del reglamento indica que la Comisión puede adoptar distintas medidas de prueba como realizar "inspecciones", solicitar a un juez federal un allanamiento, pedir informes o citar testigos.

El artículo 13 prevé que el cuerpo puede convocar al denunciado para que preste declaración una vez que finalice la etapa de investigación y se reúnan "las actuaciones sumariales". El denunciado no está obligado a concurrir y puede presentar un escrito.

Por último, la Comisión resuelve si es procedente o no avanzar con el pedido de juicio político y emite un dictamen a favor o en contra. Para impulsar la acusación y que sea tratada en el recinto, se necesita una mayoría simple. En cambio, para que sea aprobada en la Cámara baja, requiere el voto de los dos tercios de los diputados presentes.

¿Una maniobra antirreglamentaria?

La oposición denunció ayer que el oficialismo violó el reglamento al pedir una decena de medidas de prueba que apuntan a verificar si el juez Fayt está en condiciones de seguir ejerciendo su cargo en la Corte Suprema.

Desde el arco no oficialista argumentaron que el expediente presentado el año pasado por Aníbal Fernández no incluyó un pedido de juicio político contra Fayt, sino que solicitó un estudio psicofísico para conocer su verdadero estado de salud. El artículo 7 del reglamento interno del cuerpo establece que uno de los "requisitos esenciales" que debe cumplir la denuncia contra un funcionario o magistrado para que sea investigada es que incluya cuál es "la causal de juicio político que invoca" el denunciante. Por ese motivo, la oposición advirtió que la Comisión no puede pedir medidas de prueba sin que haya una solicitud para que se abra un proceso para destituir al juez.

El artículo 7 del reglamento interno de la Comisión de Juicio Político
El artículo 7 del reglamento interno de la Comisión de Juicio Político Crédito: www.diputados.gov.ar

"Tenés que hacer una denuncia para pedir las medidas. El escrito de Aníbal Fernández es muy genérico para abrir una investigación. El reglamento dice que la denuncia debe indicar contra quién es y cuál es la causal. Ese «proceso investigativo» no existe en ningún lado", señaló el diputado Garrido.

En tanto, el kirchnerismo se aferró al artículo 90 del reglamento interno de la Cámara de Diputados que fija las facultades que tiene la Comisión de Juicio Político. Dicho artículo, indica que el cuerpo puede "investigar y dictaminar" en las causas de juicio político y "en las quejas o denuncias" que se presenten contra los funcionarios y jueces de la Corte en el Congreso. Por lo tanto, sostienen desde el oficialismo, la Comisión es competente para abrir un proceso investigativo sobre la salud de Fayt.

Desde la bancada del Frente para la Victoria, aseguraron que fueron "cuidadosos" a la hora de solicitar las medidas de prueba para saber si Fayt puede seguir en su cargo. "No se está usurpando la voluntad del magistrado", afirmó Bianchi.

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