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Cómo se vive en Pontevedra, la ciudad que venció a una papelera
La empresa que se instalará en Fray Bentos lleva 45 años en esa ciudad española
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LA NACIONSilvia Pisani
PONTEVEDRA, España.- Durante los últimos cinco años fue la alcaldía de esta ciudad, en la costa de las famosas Rías Bajas. Pero ahora se sumó también el gobierno regional de Galicia en la puja para que la papelera ENCE, la misma que echará raíces en Fray Bentos, mude su fábrica de aquí, convencidos de que su instalación "fue un error que todavía pagamos caro".
Así lo confirmaron a LA NACIÓN fuentes de esas dos instancias gubernamentales, que confiaron el intento a una "mesa de diálogo"; consultada al respecto, la empresa reconoció que "escuchará atenta" lo que allí se diga. Y aún así, nadie, por cierto, piensa en un acuerdo sencillo.
La decisión apunta a terminar una historia que empezó hace 45 años. Por entonces, la papelera llegó con un aura de salvavidas en momentos de depresión económica. Una promesa de desarrollo que, a juicio del alcalde, "no sólo no se cumplió sino que, con el paso del tiempo, impidió otros proyectos, mucho más efectivos a la hora de crear riqueza y empleo".
Lo primero que dicen los pontevedreses de ella es que no duerme, que trabaja las 24 horas del día. Y, en gallego, definen como "cheiro" (mal olor) el aroma pesado que, según el viento, se instala en el ambiente; "un olor a huevo podrido", dicen algunos. Otros hablan del humo blanco de sus chimeneas y que, según sople, vuela con dirección a las comarcas vecinas.
Muchos aquí conocen el proyecto de Fray Bentos y, en cuanto "oyen" a un argentino, no cesan de dar consejo: "Piensen muy bien la ubicación porque una vez que la planta está, no se la sacan de encima tan fácil. Lo sé por experiencia", dice a LA NACION el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, en diálogo telefónico.
Otros invitan a ver un poco más allá. "Por un puñado de puestos de trabajo pueden hipotecar otros desarrollos que generan más riqueza", dicen ecologistas de la Asociación por la Defensa de la Ría (APDR).
No es ése el criterio de la empresa. Consultada al respecto, aseguró que los casos de esta ciudad y de Fray Bentos "no tienen nada que ver" entre sí; que "nadie discute" que la actual ubicación en esta costa gallega no fue la más acertada, pero que en el caso uruguayo "se tomaron todos los recaudos" para evitar problemas, según dijo uno de sus voceros.
Bañada por el agua que llega del océano, Pontevedra vive, desde hace años, en convulsión interna, recorrida, cada tanto, por marchas a favor y en contra del traslado de la papelera. "Esto no es una ría, es una porquería", dicen algunas pintadas. Otras estigmatizan al alcalde como "enemigo de los trabajadores".
"No voy a contestar a eso. Pero sí aclarar que no busco el cierre de la planta, porque la industria es necesaria. Lo que está claro es que contamina y que tiene que estar en un sitio apropiado, un polígono industrial, con los controles del caso y no donde es perjudicial para el buen desarrollo", dice Fernández Lores.
Hace poco más de tres años, en noviembre de 2002, la fábrica fue acusada por la Audiencia de Pontevedra de "delito ecológico continuo", condenada a pagar multa y con penas de arresto -no efectivas- para seis de sus directivos. No fue un proceso fácil: duró más de diez años, hasta que ENCE terminó por aceptar su responsabilidad.
"No sabes lo complicado que es llevar una causa de éstas en los tribunales, luchando casi sin recursos contra abogados de nivel internacional", dijo el ecologista Benito Andrade, de la APDR. Consultada al respecto, ENCE dijo que "todo fue un caso de acoso, armado con una denuncia por unas lechugas en un huerto" (ver nota aparte).
Sueños
Muchos en Pontevedra sueñan con recuperar su costa; un sueño parecido a lo que ya es realidad en Bilbao o Valencia, que de un pasado industrial reciclaron su orilla. "Eso es lo que significa el desarrollo, y no una fábrica que, al final, con 280 puestos de trabajo, está muy lejos de ser la solución para nada", dice al alcalde.
No piensan lo mismo los sindicatos. El de Comisiones Obreras (CCOO) dice que la batalla se reduce "a las ganas de quienes quieren especular con lo inmobiliario. Hay un grupo de clase media al que le molesta la fábrica", dijo a LA NACION José Luis García Pedraza, titular del sindicato.
El gremialista es el primero en hablar de costos. "Mudar la planta costará 600 millones de euros. Eso es algo que Galicia ni siquiera puede pensar en afrontar, porque aquí el dinero hace falta para otras cosas. Y a mí lo que me importa es que allí hay 283 puestos de trabajo directos. Pero en total son como 800, si sumamos los indirectos", dice.
La alcaldía negó de plano que esos terrenos puedan privatizarse para especulación inmobiliaria: "están amparados por la ley nacional de recuperación de costas", se explicó.
Por esa norma, la planta tiene, de todos modos, el futuro acotado: no podrá extender su permanencia más allá de 2018. "Pero sí intentó quedarse. Hace poco, trató de que el terreno que ocupa sea declarado fuera de los alcances del municipio. Y nadie está seguro de que no siga probando", dijeron periodistas locales.
El otro punto es la salud. "Nadie sabe nada firme al respecto. Lo llamativo es la "escasa" voluntad política que hubo para averiguarlo", dijo el jefe del servicio de alergia del hospital provincial, José Fernando Filgueiras Iglesias. "Pero si en todo el mundo las emanaciones producen efectos, no veo por qué aquí no", añadió.
