Comodoro Py, uno por uno

Juzgado federal n° 4

Experto jugador de truco, es de los jueces federales que llegaron con el kirchnerismo que tiene mayor cintura política. Ariel Lijo asumió como juez en octubre de 2004 y cubrió la vacante que había dejado su entonces cuñado, Gabriel Cavallo, ascendido a la Cámara Federal. De aceitados contactos en Tribunales y con el mundo de la política y la empresa, diez años más tarde procesó al vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone. Hoy estudia elevar el caso a juicio oral y público, haciendo gala de un manejo de los tiempos.

Lijo nació el 19 de octubre de 1968 y se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ingresó a los tribunales como meritorio y luego se incorporó al equipo de trabajo de la fiscal María Riva Aramayo, quien con el padrinazgo de Carlos Corach llegó a camarista federal. Lijo la acompañó como secretario de la Sala I. En 2004 se inscribió en el concurso para juez: quedó quinto en la terna del Consejo de la Magistratura, pero por las bajas de Eduardo Freiler y Luis Salas, fue propuesto por Néstor Kirchner. Con la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, Lijo avanzó en la condena a los responsables del Batallón 601 por secuestros y homicidios contra militantes montoneros que regresaron al país en 1980. Además, investigó el encubrimiento del atentado a la AMIA y envió a juicio oral al ex presidente Carlos Menem. Procesó a empresarios de Siemens por el pago de coimas y debe resolver qué hace con los funcionarios involucrados en el caso, incluido el propio Menem.

Juzgado federal n° 7

Es el más joven de los jueces federales y uno los cuatro designados por Cristina Kirchner después de un largo concurso ante el Consejo de la Magistratura. La causa más resonante es la que investiga por presunto lavado de dinero al empresario Lázaro Báez y su círculo. A todos los citó a indagatoria después de la aparición de los videos de seguridad de la financiera SGI -supuesta cueva donde se lavaba dinero- en los que se ve contando pilas de billetes a Martín Báez, hijo de Lázaro; a su contador Daniel Pérez Gadín, y a quien figura como dueño de una empresa de aviación que sospechan que es de Báez, Walter Zanzot, entre otros. Báez ya declaró como acusado por la compra de un campo en Mendoza que Leonardo Fariña dijo haber adquirido para Báez, algo que después el propio Fariña negó. Casanello pidió que el Gobierno le informara todas las licitaciones que ganó Báez y si tienen auditorías o denuncias por irregularidades. Otra causa de alto voltaje político es la que abrió por la denuncia de Elisa Carrió contra el presidente de Boca, Daniel Angelici, a quien acusó de ser un "operador" del Gobierno en la Justicia. El fiscal Federico Delgado le pidió que citara a Angelici a indagatoria por tráfico de influencias. Casanello heredó las causas que venía tramitando, como subrogante, el juez Oyarbide. Entre ellas, la de presunto espionaje ilegal contra Mauricio Macri. Oyarbide lo había procesado, lo que luego confirmó la Cámara Federal. Pero Casanello frenó la elevación a juicio: consideró que no había pruebas y anuló el cierre de la instrucción. En diciembre, con Macri ya presidente, lo sobreseyó.

Juzgado federal n° 5

Lleva más de 20 años como juez federal y 40 en Tribunales, donde empezó como "pinche". Está al frente de su juzgado desde 1994, cuando lo nombró Carlos Menem, y sobrevivió a varias denuncias y a un juicio político ante el Senado.

Hoy es el único de los jueces federales cuya continuidad está en riesgo. El Consejo de la Magistratura lo investiga por haber frenado 22 allanamientos después de un llamado de la Casa Rosada durante el kirchnerismo. La mayoría apoya el avance del caso y hasta ahora el kirchnerismo no lo defendió.

A fines de 2015, Oyarbide anunció que había decidido empezar los trámites para su jubilación y que dejaba la Justicia, pero por el momento no renunció y presentó un escrito de defensa en el Consejo de la Magistratura, en el que negó las acusaciones y denunció que quienes pretenden echarlo "juegan con la presunción que han instalado mediáticamente sobre la corruptela de este juez". Aliado del kirchnerismo durante varios años, Oyarbide procesó al ex vicepresidente Amado Boudou por el delito de dádivas y al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, por malversación de caudales públicos. Lo acusa de fijar sobreprecios en los arreglos de vagones y estaciones. Oyarbide es el juez más resistido por Mauricio Macri y uno de los que peor reputación entre los doce jueces federales. Cerró en pocos meses la causa contra Néstor y Cristina Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito y, poco tiempo después, procesó a Macri por "asociación ilícita", en la causa del espionaje ilegal.

Juzgado federal n° 3

Nombrado por Néstor Kirchner, en 2004, llegó al juzgado federal de la mano del procurador Esteban Righi. Dijo en una entrevista que iba a sanear el fuero federal y el comentario no cayó muy bien en sus colegas. De destacada actuación en casos de derechos humanos, en 2005 decidió no condenar a tres adolescentes skinheads acusados de hostigar a un joven por su condición de judío y, en cambio, los llevó a visitar el Museo del Holocausto. Fue el primer juez del caso Ciccone y fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por intercambiar sugestivos mensajes con un abogado cercano a la defensa de Amado Boudou. La denuncia fue cerrada en el Consejo de la Magistratura y la Cámara Federal lo apartó del caso. . Graduado de abogado en la UBA en 1990, ya desde 1987 trabajaba en el Poder Judicial. Profesor universitario, en 2003 fue secretario letrado de la Procuración General de la Nación. Obtuvo el cuarto lugar en la lista que envió el Consejo al Poder Ejecutivo y por la baja de Eduardo Freiler y Juan Pablo Salas y las impugnaciones que recibió José Barbaccia, quedó en primer lugar. Fue cuestionado por la instrucción que hizo de la causa por los sobornos en el Senado contra Fernando de la Rúa. Tuvo casi un año sin movimiento la causa Hotesur, que investiga el patrimonio de la familia Kirchner, y sólo después del 10 de diciembre confirmó su incompetencia. Desestimó la denuncia que antes de su muerte hizo el fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta por el encubrimiento de los acusados de AMIA. El kirchnerismo lo salvó del juicio político y le cerró las causas que tenía en el Consejo.

Juzgado federal n° 11

Fue uno de los jueces federales que más avanzó contra funcionarios del kirchnerismo cuando aún estaban en el poder y el que más cerca estuvo de que lo echaran. Claudio Bonadio, con más de 20 años como juez federal, conoce los pliegues de la política. Con Cristina Kirchner en la Casa Rosada allanó las oficinas de su hijo, Máximo, en Río Gallegos por el caso Hotesur. En esos meses de campaña electoral indagó a Aníbal Fernández, al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, al ex ministro de Economía Hernán Lorenzino, pidió la captura de Ricardo Jaime, procesó a Juan Pablo Schiavi, Guillermo Moreno, Juan Manzur y Amado Boudou. Semejante envión mereció el reproche de Cristina Kirchner, quien por cadena nacional lo llamó "juez pistolero". Hacía referencia a un tiroteo que protagonizó el juez en 2001 cuando mató a dos ladrones que lo atacaron una noche en Florida. Hubo una ofensiva en el Consejo para destituirlo, pero el kirchnerismo no reunió los votos. Peronista, recibe en su despacho al visitante con un cartel que avisa: "No se preocupe, yo tampoco llegué por concurso". Llegó a juez de la mano del menemismo. Fue subsecretario legal y técnico y Menem lo propuso para ser juez federal de Morón en 1993. Fue designado juez federal de la Capital en 1994. A los 60 años, tiene diálogo con referentes políticos. Supo compartir café con el cardenal Jorge Bergoglio y suele almorzar con Miguel Ángel Pichetto, operador del peronismo. Tuvo cercanía con Guardia de Hierro en los 70 y en 1983 se acercó al Frente de Unidad Peronista.

Juzgado federal n° 9

Está en la Justicia desde hace 40 años, pero hace sólo cuatro llegó al grupo de jueces federales. El padrino de su hija es Javier Fernández, que integra la Auditoría General de la Nación y es señalado habitualmente por sus buenas relaciones en Tribunales. Rodríguez nació en 1959, en Merlo, y a los 18 años ingresó en el Juzgado N° 7 de la Capital Federal. Se recibió de abogado 11 años después. Pasó por distintos escalafones, hasta que en 1990 llegó a secretario de primera instancia. En 1994 se convirtió en juez de instrucción. El entonces ministro de Justicia Rodolfo Barra, cuyo secretario privado era Javier Fernández, promovió su nombramiento en el Juzgado Criminal N° 11 de la Capital. Se inscribió en el polémico Concurso 140 para cubrir vacantes en los juzgados federales de primera instancia. Integró la lista complementaria que envió el Consejo al Poder Ejecutivo y el Gobierno lo incluyó en la lista enviada al Senado. Allí recibió distintas impugnaciones, por supuestas irregularidades en el concurso, pero la jueza María Servini de Cubría lo absolvió. En octubre de 2012 llegó al Juzgado Federal N° 9, que hasta 2004 había ocupado Juan José Galeano, destituido por irregularidades en la investigación de la causa AMIA. Allí tiene la causa por amenazas de muerte que recibió Alberto Nisman antes de morir y por eso es posible que recaiga en su juzgado el expediente por el deceso del fiscal. Investigó por enriquecimiento ilícito al ex número dos de Carlos Zannini, Carlos Liuzzi, lo sobreseyó y la Cámara revocó su fallo y lo apartó del caso. Por esa decisión había sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura.

Juzgado federal n° 12

Fue el primer juez federal de Comodoro Py designado por el Consejo de la Magistratura y el único de primera instancia nombrado por el gobierno de Fernando de la Rúa. Asumió en el Juzgado Federal N° 12 en octubre de 2001.

En 2008 mandó a juicio oral al ex ministro de Justicia Gustavo Beliz por haber mostrado en televisión una foto de Antonio Stiuso. En febrero de 2015 intentó juzgar a Carlos Menem y Domingo Cavallo por la venta del predio de La Rural.

Ingresó al Poder Judicial en 1985, dos años antes de recibirse de abogado en la UBA. Ya con el título fue prosecretario administrativo en la Cámara Federal de San Martín. En 1992, llegó a secretario de Cámara.

En paralelo, comenzó con la docencia en la cátedra de Guillermo Ouviña de la UBA. Dictó clases en la Universidad Argentina de la Empresa y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde realizó, en 2009, su especialización en Derecho Penal y Criminología.

En 1993 estuvo al frente de una fiscalía de instrucción, y a los pocos meses fue trasladado al fuero federal como fiscal adjunto. No duró mucho en ese cargo y pasó a juez de instrucción en la Capital Federal. Tras la destitución del ex juez Carlos Branca, el Consejo de la Magistratura abrió un concurso para cubrir la vacante del Juzgado Federal N° 12. Torres quedó en tercer lugar en la terna. En octubre de 2001 el Senado aprobó su pliego.

Con bajo perfil en Comodoro Py, evita el ruido en casos sensibles. Investiga a Julio De Vido y a Amado Boudou. Raúl Zaffaroni prologó dos de sus trabajos y ambos dirigen el Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Matanza.

Juzgado federal n° 8

Durante cuatro años, a pesar de ser aún secretario de la Cámara Federal en los papeles, Marcelo Martínez de Giorgi ya era juez federal. Asumió como subrogante. En 2012 obtuvo por concurso el Juzgado Federal N° 8. A fines de 2014 procesó al fiscal Carlos Gonella y citó a indagatoria al entonces ministro de Justicia, Julio Alak.

Nació en 1966 y se graduó en la Universidad Kennedy, en 1990. Desde 1985 trabaja en la Justicia. Apocado, resolvió casos de extrema sensibilidad en silencio. Antes de dejar de ser subrogante sobreseyó al entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en una causa por subsidios entregados a firmas agropecuarias. En 1991 ingresó como auxiliar a un juzgado criminal y rápidamente pasó a trabajar en la Cámara Federal. En los años 90 tuvo cargos dentro de la Cámara hasta que, en 2001, llegó a secretario de la Sala II, que integraban Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi. Hizo un posgrado en Derecho Penal. En 2001 se sumó a la cátedra de Carlos Elbert, en la UBA.

En 2006, tras la renuncia de Jorge Urso, el Consejo de la Magistratura designó a Martínez de Giorgi como juez subrogante. También fue suplente en el Juzgado Federal N° 2.

Se inscribió en el concurso 140, para cubrir los cuatro juzgados vacantes; dos ya estaban a su cargo. Quedó primero en la terna del Consejo y en 2012 asumió en el Juzgado N° 8, uno de los que subrogaba.

Lleva adelante la causa contra Sergio Schoklender por supuesto desvío de fondos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Archivó la causa por enriquecimiento ilícito que tenía el camarista Eduardo Freiler.

Juzgado federal n° 2

Sin estridencias, Sebastián Ramos llegó a juez federal en 2012. Su decreto lo firmó Cristina Kirchner. Pero, antes de asumir, llevaba 20 años en la justicia federal, donde trabajó en el juzgado de quien luego fue su colega, Daniel Rafecas, y con anterioridad, con los jueces Néstor Blondi y Carlos Liporaci.

Ramos entró a Tribunales cuando tenía 19 años. Se recibió de abogado en 1994, en la UCA, donde enseñó durante más de diez años.

Cuando en 2004 el juzgado federal donde trabajaba quedó a cargo de Rafecas, Ramos ya había alcanzado el cargo de secretario. Trabajó a su lado hasta que probó suerte en el concurso 140, destinado a cubrir los cuatro juzgados federales de primera instancia que se encontraban vacantes.

Ramos quedó segundo en un terna complementaria que envió el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo. Pero su nombre estuvo entre los cuatro pliegos que finalmente el Ministerio de Justicia envió al Senado y, en octubre de 2012, quedó al frente del Juzgado Federal N° 2, que se encontraba vacante desde el ascenso de Jorge Ballestero a la Cámara Federal.

Citó a indagatoria al ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime porque no llamó a renegociar los contratos de las explotaciones ferroviarias. También investiga, como derivación del caso de la Tragedia de Once, la distribución de los subsidios. Pero no se le conocen resoluciones en casos resonantes.

A principios de 2014, su hermano Martín Ramos se incorporó como secretario al Juzgado Federal N° 5, a cargo del doctor Norberto Oyarbide.

Juzgado federal n° 10

Llegó a juez federal en 2004, casi al mismo tiempo que Esteban Righi a procurador general de la Nación, nombrado por Néstor Kirchner. Julián Ercolini, desde los 26 años enseñaba en la cátedra de Righi en la UBA, donde hoy da clases.

Se inició en el Poder Judicial como auxiliar en la Justicia de Menores de Morón y, más tarde, fue secretario en el Juzgado Federal N° 2 de San Martín. En 1994 ingresó a la Cámara Federal de la Capital Federal como relator de Horacio Vigliani. En paralelo, continuó trabajando en la cátedra Righi, en la que llegó a ser profesor adjunto y donde conoció al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández.

Trabajó en la Cámara Federal hasta 2001. Pasó a la Oficina Anticorrupción y fue secretario letrado en la Corte Suprema. Además, fue docente universitario y dirige una carrera de especialización en la Universidad de Buenos Aires.

A partir de su llegada a secretario en la Corte, integró tres ternas para ocupar juzgados federales de primera instancia: en Morón, Tres de Febrero y Capital Federal. En el primer caso, no fue elegido por el Poder Ejecutivo. En septiembre de 2004, llegó al Senado su pliego para ocupar uno de los cuatro juzgados federales vacantes de la Capital Federal y en octubre asumió en el Juzgado Federal N° 10.

Manejó la causa por enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner (quien era defendido por el Estudio Righi), la denuncia de Carrió contra Kirchner en 2008 por asociación ilícita y la causa impulsada por el gobierno kirchnerista por la supuesta apropiación indebida de Papel Prensa.

La causa impulsada por Carrió sigue abierta y es una de las que puede atraer el caso Hotesur y convertir a Ercolini en el juez que investigue a Cristina Kirchner.

Su prudencia y manejo de los tiempos es reconocida en tribunales. Pero ayer sorprendió con la captura de Ricardo Jaime, a quien ya había condenado por recibir como dádiva de empresarios del transporte el monto del alquiler del piso que ocupaba en Retiro,

En el caso Papel Prensa rechazó todos los embates del kirchnerismo para avanzar contra los directivos de Clarín y LA NACION acusados por el gobierno saliente de violaciones de derechos humanos para quedarse con la empresa.

Juzgado Federal n° 1

Es la única mujer, y la que más atribuciones tiene de los doce jueces federales. Como titular del Juzgado Federal N° 1, además de ser jueza penal tiene una competencia extra: es la única jueza electoral a nivel nacional.

Servini tiene potestad para decidir sobre las elecciones y el financiamiento de las campañas electorales, pero también sobre la organización y la vida interna de los partidos políticos, un tema siempre sensible para el PJ, que debe normalizarse para alejar el fantasma de una nueva intervención de Servini.

Es también la jueza electoral de la ciudad de Buenos Aires y, por decisión del macrismo, subroga, además, el juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande del país, que representa el 40% del padrón.

Servini vio pasar siete presidentes. Fue nombrada por Carlos Menem y asumió su cargo en noviembre de 1990.

Como jueza electoral, horas antes de que empezara el gobierno de Mauricio Macri, hizo lugar a un amparo de Pro y dictaminó que el mandato de Cristina Kirchner terminaba el 9 de diciembre y no el 10, como decía la ex presidenta.

Ya antes se había enfrentado al kirchnerismo, cuando declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por la entonces jefa de Estado.

Hoy tiene a su cargo la causa que investiga el programa Fútbol para Todos. Entre los acusados por este caso está el ex jefe de gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández. Además, Servini recibió en su juzgado la causa por el triple crimen de General Rodríguez y es la responsable de la investigación por tráfico de efedrina. En ese expediente procesó a José Granero, ex jefe de la Sedronar durante el gobierno kirchnerista.

El mes pasado, Servini visitó la cárcel de Ezeiza para tomarle declaración a Martín Lanatta, uno de los condenados por el triple crimen. Lo indagó durante una hora y media, y el ex prófugo volvió a acusar a Aníbal Fernández de tener lazos con el narcotráfico. Lanatta confesó que agentes penitenciarios bonaerenses lo dejaron salir de la prisión de General Alvear el 27 de diciembre pasado, cuando comenzó una fuga que paralizó al país y que culminó en Cayastá.

Juzgado federal n° 6

A cargo del Juzgado Federal N° 6 desde 1993, Rodolfo Canicoba Corral es uno de los jueces federales porteños más antiguos. Se lo identifica como uno de los magistrados que más se mueven en función de los vaivenes del poder político. Nacido en Buenos Aires en 1945, comenzó su carrera como meritorio en la justicia bonaerense, pero recién en los 90 tuvo roces con la política.

En 1992 ingresó como asesor al Ministerio de Justicia y al año siguiente reemplazó a Miguel Guillermo Pons en el Juzgado Federal N° 6. No existía en ese tiempo el Consejo de la Magistratura y la designación fue promovida por el entonces presidente Carlos Menem.

En 1997 condenó a cuatro meses de prisión en suspenso a Domingo Cavallo, quien lo había acusado de ser uno de "los jueces de la servilleta", grupo que, según Cavallo, respondía al ministro Carlos Corach.

En diciembre de 2003, la Cámara Federal apartó a Juan José Galeano de la causa AMIA por considerar que no era imparcial. El expediente fue derivado al juzgado de Canicoba Corral. Casi tres años más tarde, el juez ordenó la captura internacional de los siete imputados iraníes, en línea con el dictamen que había recibido del fiscal Alberto Nisman, y declaró crimen de lesa humanidad el atentado contra la mutual judía. Sus últimos diez años en Comodoro Py estuvieron marcados por la instrucción de la causa AMIA.

En 2013, tras la aprobación del memorándum con Irán, la AMIA y la DAIA presentaron un amparo. Canicoba Corral explicó que no era su competencia y que la causa debía ir al fuero contencioso administrativo. La Corte Suprema rechazó su planteo y le envió el expediente a Canicoba, quien declaró improcedente el amparo. Seis meses más tarde, la Cámara Federal declaró inconstitucional el acuerdo e hizo lugar a la medida cautelar.

Canicoba Corral tiene seis hijos. El mayor, Emiliano, fue secretario letrado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín, trabajó en la Corte y en junio de 2015 fue designado titular del Juzgado Federal N° 1 de San Martín. Su hija Malena trabajó en la Auditoría General de la Nación (AGN), gracias al auditor Javier Fernández.

Tuvo diálogo frecuente con el kirchnerismo, aunque siempre negó vínculos con La Cámpora.

LA NACION

• Casos de corrupción

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