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Con gobernadores, exoficialistas y socios de ocasión: la oposición busca tomar las riendas del Presupuesto 2026 y evitar otra prórroga
Con el reloj de mitad de septiembre encima, se acelera una ofensiva para forzar el tratamiento del plan de ingresos y gastos del próximo año; UP evalúa desplazar a Espert (Presupuesto) y a Mayoraz (Asuntos Constitucionales) de la conducción de sus comisiones
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La oposición en la Cámara de Diputados se adelanta a una disputa áspera: el Presupuesto 2026. En sintonía con los gobernadores, prepara el terreno para tomar las riendas del debate y trabaja en una estrategia con la mira en evitar que el Gobierno consiga una nueva prórroga.
Un tercer año sin presupuesto ampliaría el margen de maniobra de la administración de Javier Milei ante un eventual estrés cambiario y frente a un calendario con vencimientos de deuda que buscará refinanciar.
El cronograma tiene dos estaciones. La primera, a mediados de septiembre: fecha límite para que el Gobierno envíe el proyecto al Congreso.
La segunda, de acá a fin de año: discutir y aprobar el proyecto que ordene el crecimiento, los ingresos y los gastos de 2026 antes del inicio del próximo ejercicio.
El peronismo movió primero, con la polémica por discapacidad y los audios de Diego Spagnuolo de telón de fondo.
Cecilia Moreau, vicejefa de Unión por la Patria, deslizó que evalúan remover al libertario José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. La misma suerte podría correr Nicolás Mayoraz en Asuntos Constitucionales. El argumento: evitar que el oficialismo siga “entorpeciendo” la tarea parlamentaria. Sería un hecho inédito. En franca minoría, La Libertad Avanza estiró los tiempos en las comisiones que controla para esquivar discusiones incómodas.
La idea kirchnerista es embrionaria: no se socializó fuera del bloque ni hubo tanteos para evaluar respaldos. “El cuerpo es soberano”, advirtió otro diputado kirchnerista. Aun así, la oposición ya probó que puede reunir una mayoría frágil que podría robustecer si el reclamo es acompañado por el grueso de los mandatarios provinciales, renuentes a transitar otro año sin certezas presupuestarias.
El frente de gobernadores ya dejó una primera señal con la sanción de la ley que ordena el reparto diario y automático del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Y tiene otra ficha lista en la Cámara de Diputados: la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que además recorta una serie de fondos fiduciarios.
La tensión federal escala. El miércoles pasado, el misionero Hugo Passalacqua -bajo la tutela política de Carlos Rovira- presentó un amparo ante la Corte para que la Nación restituya los pagos de Pensiones No Contributivas por Invalidez, “suspendidos ilegítimamente” desde marzo de 2025, según denunció. En el Congreso, los legisladores misioneros han funcionado como salvavidas del oficialismo en votaciones sensibles: el gesto judicial reacomoda el tablero.
En Salta, Gustavo Sáenz se mostró con el flamante bloque Coherencia -exoficialistas hoy opositores, como Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro- y volvió sobre una frase que lo identifica: “La lealtad es una avenida de ida y vuelta, no unilateral”.
En Corrientes, la contundente victoria de Juan Pablo Valdés (hermano y delfín de Gustavo Valdés) cristalizó la posición provincial. Al día siguiente, el gobernador anunció su incorporación a Provincias Unidas -la liga de Chubut, Santa Cruz, Córdoba, Santa Fe y Jujuy- que decidió competir sin aliarse al oficialismo en las legislativas nacionales. La postal dejó otra paradoja: en los festejos se vio a Alfredo Cornejo, que selló un acuerdo electoral con los libertarios en Mendoza, celebrando el triunfo radical que relegó al candidato de LLA al cuarto puesto en Corrientes.
Coherencia, por su parte, anticipó una ronda de reuniones con gobernadores e intendentes de cara al Presupuesto 2026. El jueves fue el turno del riojano Ricardo Quintela, gobernador de la antigua tierra de los Menem. “El gobernador Quintela y el bloque Coherencia ratificamos nuestro compromiso de trabajar en conjunto para que cada provincia tenga las herramientas necesarias para crecer con autonomía, desarrollo productivo y justicia Federal”, comunicaron desde el espacio.
“Estamos en contra de paralizar las comisiones”, dicen, en alusión al movimiento de UP para desbancar autoridades.
En el resto de las bancadas críticas prevalece la cautela. Esperarán a que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto para medir su predisposición a negociar y, según ese termómetro, definirán los próximos pasos. Nadie descarta un golpe de efecto si el Gobierno insiste en patear la discusión.
La pulseada fuerte llegará después de octubre. El oficialismo apuesta a una buena elección que mejore su posición en el reparto de fuerzas del Congreso y, con ese aliento, podría estirar el debate hasta el recambio. La oposición, en cambio, buscará acelerar desde ahora: forzar el envío, abrir el tratamiento y evitar que 2026 arranque -otra vez- sin presupuesto.
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