El oficialismo y sus aliados pidieron sesionar mañana para aprobar la reforma laboral sin el artículo de licencias médicas
El debate comenzará a las 14; Bornoroni anunció que sólo se eliminará el artículo 44; el dictamen se discute en un ambiente caldeado por el cierre de Fate y las denuncias de sindicalistas
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Con la presencia de las tres centrales sindicales −la CGT y las dos CTA−, el oficialismo inició el debate de la reforma laboral, cuyo texto buscará aprobar mañana desde las 14 en el recinto de Diputados. El plenario de las comisiones de Legislación Laboral y Presupuesto es conducido por el libertario Lisandro Almirón en una atmósfera espesa producto del cierre de Fate, la fábrica nacional de neumáticos.
La convocatoria de la sesión fue firmada por los bloques que garantizarán el quorum al oficialismo: Pro, la UCR, el MID, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los tucumanos de Independencia, los misioneros aliados a Carlos Rovira y la neuquina referenciada con el gobernador Rolando Figueroa.
Además de referentes gremiales, entre los invitados también hay representantes de las plataformas digitales de delivery como Rappi, asociaciones de abogados laboralistas y magistrados de distintos fueros laborales. Los apoyos al proyecto llegaron, sobre todo, de los referentes empresarios.
Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza (LLA), marcó de entrada la postura del oficialismo. Anunció que retirarán el artículo 44 sobre licencias médicas y anuló la posibilidad de avalar cualquier otro cambio. “Pasaremos a la firma el texto del dictamen”, señaló.
Es que los aliados del centro político avisaron que también impulsarán otras modificaciones. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes del empleador, y la derogación de varios estatutos profesionales concentran las principales objeciones. Un conjunto de bloques que reúne alrededor de 35 diputados ya adelantó su rechazo a esos puntos.
El primero en tomar la palabra fue el jefe del bloque Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, quien catalogó el debate de “desprolijo”. “Quieren evitar que este tema tenga la discusión pública que tiene que tener”.
En representación de la izquierda, Nicolás Del Caño habló de una “ley esclavista”. “Es un escándalo tratar de manera exprés una ley que pisotea todos los tratados internacionales”, consideró.
Cuando se abrió el micrófono a los invitados, Hugo Godoy, de la CTA autónoma, dijo que en la Argentina “lo único que crece es lo que ustedes dicen que quieren evitar, que es la precariedad laboral”.
Julio Piumato, del gremio judicial, anticipó que si se aprueba la reforma su pelea se trasladará a los tribunales. “Del primer al último artículo es violatorio de la Constitución Nacional”, señaló. “Da vergüenza que muchos diputados desconozcan el proyecto que están votando y el texto de la Constitución y las leyes supralegales”.
A su turno, el triunviro Jorge Sola, de la CGT, puso el foco en aquello que el texto oficial no aborda: “No se habla de robótica, de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de nuevos modos y relaciones de trabajo, de nuevas economías”. Cuestionó, además, el FAL. “Implica una transferencia multimillonaria de 6000 millones de dólares anuales que va a pasar del salario diferido de los empleadores al sector financiero”, dijo el sindicalista del Seguro.
En la misma línea se pronunció Cristian Jerónimo, cotitular de la central cegetista, que anunció un paro nacional para mañana desde las 00. Les habló directamente a los diputados: “No tienen que olvidarse que ustedes representan los intereses del pueblo. Muchos se van a hacer los distraídos y van a apoyar diciendo que esto moderniza y crea nuevos puestos de trabajo, pero eso no es así”.
En representación de los trabajadores de prensa, Carla Gaudensi rechazó la reforma. Objetó, sobre todo, el último título en el que se derogan múltiples estatutos profesionales seis meses después de sancionada la ley. “No nos da ninguna garantía que se vaya a derogar el estatuto y nos deje sin ninguna protección. La prórroga aparece como una manera de los diputados y senadores de no hacerse cargo de lo que votan”, acusó.
El proyecto, que incluye el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al fuero porteño, fue duramente objetado por Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados. Se trata del artículo 91, que fue adicionado en el recinto del Senado. Catalogó esta medida de “arbitraria” y “discrecional” y consideró que “proyecta el cierre del fuero del trabajo”. “El diseño de la Constitución fija claramente que la Justicia Nacional deberá quedar a cargo del Poder Judicial de la Nación mientras la Ciudad de Buenos Aires sea la Capital Federal”, argumentó.
El presidente de la asociación de abogados laboralistas, Matías Cremonte, se focalizó en los trabajadores de plataforma. Sostuvo que, si se aprueba la propuesta del Gobierno, la Argentina será “el único país que no los considera trabajadores”. “[Esta ley] va a nacer en contra del próximo convenio de protección de trabajadores de plataforma”, anticipó.
Previamente, Gabriel Buenos, director de asuntos corporativos de Rappi, defendió la propuesta. “Promovemos este tipo de discusiones. Necesitamos reglas de juego claras que permiten el desarrollo de la economía de plataformas”, argumentó.
La iniciativa también fue avalada por Santiago Mignone, presidente de Idea, el instituto para el desarrollo empresarial de la Argentina. “Este proyecto no enfrenta al capital y el trabajo, sino que los une en un mismo objetivo: crear y producir”, evaluó. “Esperamos que este proyecto pueda ser aprobado y dar un paso hacia la modernización laboral”, cerró.
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