Con ocho meses de demora, la Legislatura porteña aprobó la moratoria para deudores tributarios impulsada por Jorge Macri
El proyecto prevé un plan de facilidad de pago y condonación de multas para morosos; debía tratarse durante las sesiones extraordinarias de febrero; el parlamento también limitó los honorarios de los mandatarios de AGIP
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En su cuarta sesión del año, la Legislatura porteña aprobó hoy un plan de regularización de deudas tributarias y una reforma del régimen de actuación de los mandatarios judiciales que fija un tope a los honorarios de quienes intervienen en casos de mora. La sanción de ambos proyectos contó con el apoyo del bloque libertario, que había acordado una tregua con el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en el marco de la alianza entre Pro y La Libertad Avanza para las elecciones nacionales de octubre.
Con su respaldo, el alcalde porteño destrabó el debate del proyecto después de ocho meses y logró anotar su primer triunfo legislativo desde la derrota en los comicios porteños del 18 de mayo. A principios de julio, la oposición había logrado bloquear una reforma fiscal impulsada por Macri y, dos semanas más tarde, forzó una sesión para aprobar la gratuidad del subte pese a la resistencia inicial del oficialismo local.
“Desde el bloque LLA acompañamos el proyecto de moratoria con las observaciones que hicimos desde nuestro espacio. Gracias a ese trabajo, entre otras cosas, se ampliaron las fechas, se modificó el proceso de embargo y se sumaron facilidades concretas para quienes tienen la voluntad de cumplir. Siempre vamos a estar del lado del contribuyente”, expresó Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario.
La moratoria -sancionada con 47 votos afirmativos- establece un plan de facilidad de pagos de hasta 48 cuotas para la cancelación de las deudas tributarias, así como también la condonación de multas e intereses resarcitorios por las obligaciones incumplidas hasta el 31 de agosto de este año. Además, en caso de cancelación total de la deuda, quedarán extinguidas las acciones penales en curso. Quienes deseen adherir al régimen podrán hacerlo hasta los 90 días posteriores a su entrada en vigencia.
“[Esta ley] pretende lograr un equilibrio: permite al Estado recaudar lo que corresponde y, al mismo tiempo, otorga una salida ordenada y transparente para los contribuyentes que quieran cumplir”, sostuvo la legisladora del bloque oficialista Vamos por Más, Paola Michielotto.
En la misma línea, se expresó el diputado larretista Claudio Romero, quien de todos modos, advirtió sobre la importancia de no convertir esta herramienta excepcional en una política permanente: “Tenemos la responsabilidad de equilibrar: acompañar a quienes aún no pudieron regularizar su situación, pero también reconocer el esfuerzo de quienes cumplen. El objetivo es fortalecer la cultura tributaria sin castigar al buen contribuyente”.
Originalmente, la moratoria -que rige para deudas sobre ABL, patentes e infracciones- alcanzaba a todas aquellas obligaciones incumplidas hasta fines de 2024. Sin embargo, luego de que se postergara por meses la discusión del proyecto, se acordó extender el plazo hasta el 31 de agosto de este año. Según confirmaron fuentes parlamentarias a LA NACION, este y otros cambios de último momento en los textos a debatir habrían provocado que la sesión comenzara más de dos horas tarde.
El debate por la regularización de deudas tributarias estaba pendiente desde el verano y acumulaba alrededor de ocho meses de retraso. Según había indicado en enero la vocera Laura Alonso, el proyecto formaba parte del temario para las sesiones extraordinarias que se llevaron a cabo entre el 28 de enero y el 28 de febrero. Sin embargo, la iniciativa no tuvo tratamiento en ese período.
Aquel temario también incluía la reestructuración de Ingresos Brutos, una iniciativa que el oficialismo porteño aún no ha podido sancionar en el parlamento local. A principios de julio, la oposición bloqueó la reforma fiscal que eximía del pago del tributo a las dos primeras categorías de no profesionales por considerarla demasiado acotada y el texto volvió a comisión. Aún no se logró retomar la discusión en el recinto.
“Es 11 se septiembre y estamos tratando una partecita de lo que anunció el jefe de Gobierno a principios de año ya a destiempo y tarde”, reclamó Matías Barroetaveña, legislador de Unión por la Patria: “Nosotros discutimos en diciembre rondas presupuestarias y no se trató la cuestión impositiva que se pasó a febrero, cuando, en esa carrera por competir con el discurso del Gobierno nacional, plantearon que iban a bajar impuestos, que venía una baja importante de Ingresos Brutos y también este plan de facilidades de pago. La realidad es que eso no pasó”.
En la sesión de esta tarde, la Legislatura también aprobó una reforma en el Régimen de actuación de los mandatarios judiciales (ley 2.603) en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). Entre otros cambios, el oficialismo impulsó una regulación de los honorarios que los mandatarios intervinientes en casos de mora le cobran a los deudores.
“Hasta hoy, la legislación vigente establecía que los vecinos de la ciudad pagan mínimo $360.000 de honorarios por cualquier deuda. Si tenés una deuda de $100.000, tenés que ir y pagar $360.000 de honorario”, explicó Hernán Reyes, legislador porteño y candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica.
Según el texto consensuado de la reforma de la ley 2.603, al que pudo acceder LA NACION, se reemplazó dicho sistema por un esquema proporcional por el que se puede cobrar una unidad de medida arancelaria (UMA, equivalente, a agosto de 2025, a $124.255) por las deudas cuyo monto oscile entre cero y tres UMA. Por saldos de entre tres y siete UMA, se aplicará un honorario de 1,5 UMA y aquellas mayores a siete UMA, será del 10% del monto adeudado o, al menos, dos UMA.
Además, los legisladores especificaron que, sin perjuicio de lo establecido en la ley 2.603, quienes adhieran a la moratoria podrán abonar los honorarios correspondientes en seis cuotas.
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