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Condenaron a seis años de prisión a un exfiscal por intentar beneficiar al prefecto que robó la casa de Sergio Massa
Carlos Washington Palacios fue sentenciado junto a dos abogados y un testigo; el robo ocurrió hace 13 años, en medio de la campaña en la que el tigrense enfrentó al kirchnerismo
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LA NACIONHernán Cappiello
El exfiscal de Pilar Carlos Washington Palacios fue condenado a seis años de prisión, junto con dos abogados que fueron sentenciados a cuatro años de cárcel, por urdir una maniobra para favorecer al prefecto que ingresó a la casa de Sergio Massa en 2013, cuando enfrentó al gobierno de Cristina Kirchner como candidato diputado nacional.
El robo a la casa de Tigre de Massa siempre fue vinculado por el exministro de Economía y su entorno como una operación de inteligencia o un intento para amedrentarlo como candidato.
El Juzgado en lo Correccional N°6 de San Isidro dictó las condenas contra el exfiscal Palacios, a los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español, y el testigo César Emiliano Jaunarena.
La justicia los encontró culpables de orquestar un plan criminal destinado a favorecer a Alcides Gorgonio Díaz, el exagente de Prefectura Naval que había sido cercano a los Massa pero que entonces fungía como enlace de inteligencia en el Ministerio de Seguridad nacional. Gorgonio fue condenado por el robo a la casa de Massa.
La sentencia contra Palacios y los abogados dio por probado que entre noviembre de 2014 y marzo de 2015, los acusados “violaron el deber de objetividad” y realizaron “actividad tendiente a prestar ayuda a Gorgonio Díaz” para que este eludiera la condena.
El plan comenzó cuando Jaunarena, quien había sido testigo presencial del allanamiento original en la casa de Díaz, fue instigado y asesorado, según el fallo, por los abogados Pérez Bodria y Español para presentarse en la fiscalía de Pilar a cargo de Palacios y radicar una falsa denuncia por amenazas.
En esa declaración, Jaunarena afirmó que en la casa de Díaz se había secuestrado mucho más dinero del documentado, ya que dijo haber visto seis fajos de 10.000 pesos y un “block” grueso de dólares. Señaló además que un hombre canoso de traje se había llevado un bolso repleto de dinero.
A partir de esta denuncia que se corroboró falsa, el fiscal Palacios desvió el objeto de la investigación. En lugar de investigar el origen de las amenazas, utilizó el expediente para intentar demostrar la ilicitud del allanamiento original.
Para que la maniobra no fuera descubierta, Palacios mantuvo la causa en secreto, no cargó los datos del denunciante y de los policías involucrados en el Sistema Informático del Ministerio Público.
La investigación judicial comprobó la connivencia entre los acusados: Palacios le entregaba copias de la investigación secreta a la esposa del delincuente (Graciela Garate) y coordinaba con ella a través de comunicaciones telefónicas clandestinas. Le advirtió incluso que no hablaran por teléfono porque “esta banda de delincuentes” (en alusión a otros fiscales) podía tener intervenidas las líneas.
Paralelamente, quedó demostrado que Palacios y el abogado Pérez Bodria citaron al comisario Gabriel Natiello a un estudio jurídico para presionarlo e intentar que cambiara su declaración oficial para que coincidiera con lo declarado por Jaunarena.
En marzo de 2015, en pleno juicio oral contra el prefecto Díaz, de manera “anómala e irregular” el fiscal Palacios envió un sobre al tribunal del juicio intentando incorporar su investigación paralela para lograr la nulidad de la causa. La maniobra fracasó y la prueba espuria fue rechazada por los jueces.
La justicia determinó que la principal finalidad directa y la intención esta asociación fue favorecer a Gorgonio Díaz para evitar su condena y protegerlo.
Se buscaba tumbar el allanamiento y anular todo. Sin embargo, el trasfondo revela un intrincado juego político y de enemistades en el Poder Judicial de San Isidro.
El robo afectaba directamente a Massa, en ese entonces candidato a diputado nacional por el recientemente surgido Frente Renovador, que hacía de la seguridad su eje de campaña.
La defensa argumentó que el ocultamiento inicial del robo y la aparición de testimonios sobre dinero no declarado tenían la intención política de perjudicar la imagen del candidato en plena disputa electoral.
El entonces fiscal Palacios debió apartarse y remitir la causa a la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas, pero no lo hizo, porque desconfiaba de quien lideraba esa unidad, el fiscal Claudio Scapolán, condenado finalmente por narcotráfico.
Palacios formaba parte de un grupo de fiscales que había denunciado a Scapolán y a la cúpula de la Fiscalía General en 2009 por conformar una “estructura tenebrosa” de poder y corrupción.
Creyendo que Scapolán archivaría la causa para encubrir a “su banda”, Palacios decidió actuar por su propia mano.
Tras un largo proceso, el fallo sentenció a Palacios a seis años de prisión y 12 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
Se lo halló autor de incumplimiento de los deberes del funcionario público, coautor de encubrimiento agravado, autor de falsedad ideológica e instigador de falso testimonio.
El juez destacó que “utilizó deliberadamente la función que le había sido confiada para instrumentar y sostener la maniobra ilícita”.
El 29 de noviembre de 2019, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires había resuelto −por unanimidad− la destitución de Washington Palacios de su cargo como Agente Fiscal a cargo de la UFI N° 1 de Pilar. En 2023 fue destituido también Scapolán, pero no por unanimidad: el único voto en su defensa fue de una senadora del massismo.
El jurado tuvo por acreditado que Palacios llevó adelante conductas demostrativas de un accionar irregular y anómalo, contrario al criterio objetivo que debía guiar su función, extralimitándose en sus atribuciones fiscales con la intervención de otras personas.
Tomás Ángel Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español fueron condenados a cinco años de prisión y cinco años de inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado.
Se los halló coautores de encubrimiento agravado, partícipes necesarios de falsedad ideológica e instigadores de falso testimonio. La sentencia recrimina que, como auxiliares de la justicia, erosionaron el sistema de administración judicial para fines ilícitos.
El testigo Jaunarena fue condenado a cuatro años de prisión como coautor de encubrimiento agravado (con ánimo de lucro), partícipe necesario de falsedad ideológica y autor de falso testimonio.
El juez, al ponderar la pena, mencionó la ausencia de atenuantes y como agravantes tuvo en cuenta la gravedad institucional de los hechos y la erosión al sistema de administración de justicia: el entrecruzamiento de vínculos ilícitos; la participación de más de tres personas; la instrumentalización de una persona en situación de vulnerabilidad y el uso del aparato judicial y de la función fiscal con fines espurios.
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