Condenas de hasta 14 años de cárcel a funcionarios que emitían licencias de conducir irregulares

MAR DEL PLATA.- Un tribunal condenó hoy a 14 años de prisión a un exjefe de la Dirección de Tránsito municipal acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que, desde esa dependencia, otorgó miles de licencias de conducir de manera irregular.

Otros nueve acusados, entre los que se cuentan un médico que firmaba los certificados de aptitud, una gestora y empleados de aquella citada oficina pública, recibieron penas de 4 a 11 años y medio de prisión, además de inhabilitación -según el caso- para el ejercicio profesional o el desempeño de cargos en el Estado. El único absuelto fue el actor Federico Bal, el único titular de estas licencias irregulares que llegó a juicio oral y público.

Estas condenas cierran una primera etapa del proceso que tenía, en principio, 25 acusados -más de la mitad de los cuales ya tuvo condenas o aceptó la suspensión de sus juicios a prueba- y abren camino a una segunda causa que podría involucrar a figuras políticas de la anterior gestión de gobierno, que encabezó Gustavo Pulti, período en el que se detectaron estos hechos ilícitos.

Qué pasó

"Acá hay implicados políticos. Vamos a decir de quién era este negocio", había advertido Juan Carlos Belmonte, condenado y ahora detenido por estar al frente de esta organización. En el inicio del debate, ordenado por el Tribunal Oral en lo Penal N°2, que integran Alexis Simaz, Néstor Conti y Roberto Falcone, el señalado líder de la asociación ilícita ya anticipaba su decisión de involucrar a funcionarios de rango superior, incluido el exjefe comunal.

Además de Belmonte (que gozaba de arresto domiciliario y salidas laborales) quedaron detenidos el médico Alberto Zelaschi (11 años de prisión) y la gestora Esther Bonfini (4 años y medio), derivados a las unidades penales 15 y 50 de Batán, respectivamente. También resultaron condenados Luis Alberto Belmonte, hijo de Juan Carlos (7 años y medio de cárcel); Viviana Pared y Fernando Peña (7 años); Raúl Hernández y Leda Araya (6 años), y Verónica Benedetti y Sabrina Soria (5 años y 6 meses).

El fiscal Marcos Pagella, que encabezó esta investigación, manifestó que la sentencia dejó conforme al Ministerio Público. "Durante el juicio oral y público quedó probada, con documentos, testimonios y elementos de prueba aportados, la existencia de esta asociación ilícita", señaló, al término del juicio.

También aclaró que funcionarios de mayor rango no fueron convocados como testigos o imputados en este juicio porque están sometidos a otros procesos judiciales. Pero no descartó que, en función de los resultados de esta investigación, puedan ser citados e, incluso, pasibles de una eventual condena.

Probation

Bal, que llegó a este juicio porque no aceptó ninguna instancia de acuerdo previo -incluida la opción de una probation- se retiró conforme y, al mismo tiempo, molesto. "Hice todo bien, nada irregular, no tenía por qué aceptar nada parecido a una condena", dijo al retirarse de los tribunales. Y consideró que ser el único usuario de estos registros que llegó a juicio "fue usado para que la causa tenga trascendencia mediática".

Las sospechas de estas irregularidades se terminaron de confirmar con un allanamiento al Distrito Descentralizado El Gaucho, sede del área de Licencias de Conducir. Allí, en abril de 2014, se secuestró documentación probatoria y se detuvo a funcionarios considerados sospechosos de la maniobra ilegal.

Si bien a este juicio se llegó a partir de varias decenas de casos, se considera que circularon más de 7000 licencias irregulares -aunque válidas, porque las emitía el organismo público- por las que cobraba un valor superior al del trámite regular.