Congreso | En medio del escándalo de los audios, la comisión bicameral de inteligencia cuestiona que la Policía Federal haga tareas de espionaje

Tras la denuncia que presentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre una supuesta operación de inteligencia ilegal contra el Gobierno, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso cuestionó con dureza que la Policía Federal Argentina (PFA), bajo el mando de la funcionaria, ejerza facultades para realizar tareas de espionaje que, a su juicio, contravienen la Ley de Inteligencia nacional.

En una nota que remitió a las presidencias de ambas cámaras y a las jefaturas de los bloques parlamentarios, la comisión bicameral –que preside el senador radical Martín Lousteau- advirtió que el decreto presidencial 383/2025, firmado en junio de este año, asigna a la PFA funciones que se superponen con aquellas propias de los organismos de inteligencia.

Los legisladores de la oposición que integran la Comisión Bicameral sospechan que Bullrich, en función de las atribuciones conferidas en el citado decreto para realizar tareas de espionaje, impulsó la denuncia que presentó en la Justicia por una supuesta operación de inteligencia ilegal para desestabilizar al gobierno de Javier Milei. En función de ello solicitó que se realicen allanamientos a periodistas y a un canal de streaming.

El presidente de la Comisión Bicameral criticó la actitud de la ministra. “El pedido de allanamiento a un canal y a periodistas por parte de Patricia Bullrich es un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia –arremetió el senador Lousteau-. Busca violar el secreto de las fuentes en medio de graves denuncias de corrupción, incluso relacionadas con el robo de fondos destinados a personas con discapacidad”.

“En lugar de atacar la Constitución y al sistema republicano, el gobierno de Javier Milei debería explicar estos hechos. Desde que asumió, ha tensionado los límites constitucionales con DNU abusivos, ataques a la prensa y bloqueos legislativos. Este allanamiento busca amedrentar a periodistas y evadir responsabilidades”, agregó.

Lousteau y el resto de los miembros de la Comisión Bicameral advirtieron que el decreto 383/2025 otorga facultades a la PFA excede lo previsto en la ley de inteligencia.

“Dicho decreto, en su artículo 5°, inciso 3°, título I, capítulo II, establece que la PFA tiene como función `desarrollar acciones de inteligencia criminal, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, sus modificaciones y demás legislación vigente en la materia´ -advirtió la comisión bicameral-. Sin embargo, en el mismo decreto, artículo 6°, inciso 4°, título I, capítulo II, se asigna a la PFA la facultad de realizar ´análisis criminal, de políticas de seguridad y de operatoria policial, lo cual no se encontrará alcanzado por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificaciones, salvo disposición expresa de la autoridad competente´.

“En consecuencia, la modificación introducida por el Decreto N° 383/2025 no solo genera una innecesaria superposición de funciones, sino que también debilita el consenso legislativo en torno al carácter público y controlado de la inteligencia estatal, pilar esencial del Estado de Derecho –agregaron los legisladores en la nota-. Además, compromete la posibilidad de consolidar un sistema unificado y coordinado de inteligencia, sujeto a un control parlamentario robusto y dotado de amplias facultades de supervisión”.

Los miembros de la Comisión Bicameral señalaron que, a fin de evitar prácticas de espionaje sin control, “resulta imperioso establecer los lineamientos que la PFA debe observar en el desarrollo de las tareas previstas, conforme lo estipulado por la Ley N° 25.520 y bajo la supervisión parlamentaria de esta Comisión Bicameral”.

Por Laura Serra

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