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Consiguió un fallo de la Corte, pero aún no recuperó su dinero
Carlos Smith hizo ayer otra presentación
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Carlos Antonio Smith consiguió que la Corte Suprema declarara la inconstitucional del corralito y, con ese fallo, amenazara la política económica del gobierno de Eduardo Duhalde. Pero pasaron doce días y aún no logró recuperar sus ahorros.
El máximo tribunal de Justicia del país, con el voto de seis de sus nueve miembros, confirmó el 1° del actual una medida cautelar que ordenaba la devolución a su vencimiento de los más de 200.000 dólares que Smith tiene en depósitos a plazo fijo en el Banco Galicia.
Sin embargo, cuando luego de una semana de feriado cambiario, el empresario correntino reclamó su dinero en la entidad bancaria le dijeron que no les había llegado la orden de la Corte porque el Gobierno, con el decreto 214/02 publicado en el Boletín Oficial dos días después del fallo a su favor, suspendió por seis meses todas las medidas judiciales contra el corralito.
Smith, igual que miles de argentinos, quiere recuperar su dinero. El, a diferencia de todos los demás, consiguió un fallo en el que el máximo tribunal del país aseguró que su reclamo es legítimo.
Por eso, el ahorrista no se conformó con la negativa del banco y ayer hizo una presentación ante la Corte en la que pidió la inconstitucionalidad del decreto 214/02, por afectar el derecho de propiedad y el derecho de defensa, y reclamó al máximo tribunal que ordene al banco que cumpla el fallo y le devuelva sus fondos, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.
Para representarlo en la Capital, Smith, propietario de medios de comunicación de Corrientes, contrató a Nydia Zigman de Domínguez, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que se hizo conocida por haber sentado jurisprudencia en casos de robos y hurtos a cajas de seguridad de bancos.
Consultada anoche por LA NACION, la letrada confirmó la presentación de Smith y dijo que están "a la espera de un fallo de la Corte donde se restablezca el derecho de quien contrató con el banco realizando un depósito con reglas preestablecidas que fueron violadas por toda la nueva normativa dictada en los últimos meses por el Poder Ejecutivo".
Según Zigman de Domínguez, "la situación que se vive en el país ha producido un desequilibrio y una patología en los contratos bancarios y en los no bancarios, ya que se perdió el llamado "equilibrio" o "sinalagma" contractual", que quiere decir que ambas partes cuando se vinculan en un negocio a través de una contratación deben estar en pie de igualdad y con obligaciones recíprocas equivalentes.
A criterio de la abogada, "en este caso lo que sucede es que una de las partes se está viendo incausadamente perjudicada y otra u otras incausadamente enriquecidas".
Enfrentamiento
Desde que los jueces Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano, Guillermo López y Carlos Fayt sostuvieron en el caso Smith que el decreto 1570/00, que instauró el corralito el 3 de diciembre último, es inconstitucional porque "aniquila" el derecho de propiedad, la Corte y el Gobierno mantienen un abierto enfrentamiento. Algunos funcionarios y legisladores se atreven a hablar de una guerra.
El presidente Duhalde aseguró que algunos jueces del máximo tribunal quisieron "chantajearlo" y negociar un fallo favorable al corralito a cambio de su continuidad en la Corte. Los magistrados dijeron públicamente que no renunciarán por los cacerolazo ni por la apertura en el Congreso del juicio político en su contra.
Aunque contrariamente a lo que se preveía el fallo de la Corte no tuvo hasta ahora ningún efecto práctico, porque el Gobierno se apresuró y dictó el decreto 214/02, la nueva presentación de Smith podría habilitar a los jueces a dictar una nueva resolución que jaquee la política económica de Duhalde. La pelea no se detiene.
Inconstitucionalidad
- La jueza federal de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, decretó ayer la inconstitucionalidad del decreto que suspendió todas las medidas judiciales contra el corralito. Igual que los jueces marplatenses Mario Robbio y Daniel Vázquez, cuestionó el artículo 12 del decreto 214/02, que paralizó por seis meses los juicios contra el congelamiento de los depósitos. Desde que entró en vigor, media docena de jueces porteños, de la provincia de Buenos Aires y de Rosario declaró la invalidez del decreto, cuya legalidad finalmente decidirá la Corte Suprema.
