El comandante boliviano acusado de contrabando negó haber firmado una carta para el embajador argentino

El excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros declaró el lunes en el penal de Palmasola, Santa Cruz, donde se encuentra detenido preventivamente, y además de negar la autoría de la carta en la que habría agradecido al gobierno argentino el envío de material bélico, exigió que se abra una investigación para dar con la misiva original.

“Que den con la supuesta carta original para de ahí investigar a los que han falsificado mi firma y han elaborado el contenido de esa carta. Exijo que el Ministerio Público lo haga tan pronto como sea posible para que sean sancionados aquellos que han cometido este delito”, señaló Terceros según explicó su abogado Jorge Santistevan al diario boliviano Página Siete.

“Él niega haber recibido parte (de la entrega de material), mucho menos que recogió las armas, porque ese avión llegó el 13 de noviembre y él ya había renunciado el 12 de ese mes”, precisó Santistevan.

A lo largo de la declaración indagatoria, Terceros negó categóricamente haber redactado y enviado la carta de agradecimiento al embajador argentino por la entrega de material bélico. Asimismo, según detalló su abogado, el excomandante exigió que, de darse con la carta original, se realice un estudio grafológico de la misiva.

Por otro lado, el letrado del militar informó que se inició un tercer proceso contra el exjefe de la FAB- detenido preventivamente por su presunta implicación en el “golpe de estado” en Bolivia- por “incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución”, por el que deberá declarar nuevamente ante un fiscal el próximo jueves.

La carta, el documento que se sumó al expediente

El martes se conoció que el original de la carta con la que se inició la investigación por supuesto contrabando de material represivo a Bolivia fue incorporada al expediente que se tramita en el fuero Penal Económico en la Argentina. La carta estaba dirigida al exembajador argentino en Bolivia durante el gobierno de Cambiemos Normando Álvarez García, y fue el principal documento de los incorporados al expediente a partir de la apertura de un sobre con información que envió el ministerio de Relaciones Exteriores.

Según informaron fuentes judiciales, la incorporación a la causa del documento original permitirá someterla a peritajes y corroboraciones, si es que así lo consideran oportuno los magistrados que llevan adelante la investigación.

En el texto de la carta se agradecía “la colaboración prestada” a esa organización armada y “en el marco del apoyo internacional” entre ambos países “debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”, según surge del propio documento. En el texto se consigna además que el gobierno de Mauricio Macri envió 40 mil cartuchos antitumultos, gases lacrimógenos en spray MK-9 y MK-4; 50 granadas de gas CN; otras 19 CS y 52 granadas de gas HC.

La Justicia investiga ese envío como una maniobra de supuesto contrabando agravado toda vez que se habrían evitados los controles aduaneros y se fingió que los elementos salían del país para proteger la embajada argentina en Bolivia cuando en realidad fueron a parar a manos de las fuerzas de seguridad que se encontraban en plena represión de las protestas sociales tras el golpe de Estado al gobierno de Evo Morales. La causa continúa su trámite con medias que se encuentran en curso, pese a que la Cámara Federal del fuero Penal Económico tendrá que decidir en los próximos días qué juez queda a cargo del expediente, ya que los magistrados Javier López Biscayart y Alejandro Catania trabaron una disputa negativa de competencia.

El juez Javier López Biscayart, quien adoptó las primeras medidas de prueba en relación a estos hechos, sostiene que la causa debe ser tramitada por su colega Alejandro Catania porque recibió la primera denuncia radicada sobre el tema, formulada por el abogado Eduardo Freiler.El magistrado Catania, por su parte, rechazó la competencia tras señalar que le corresponde llevar el caso a López Biscayart porque le recibió una denuncia pocos minutos después y con mayor contenido: la que presentaron y luego ampliaron en dos oportunidades los ministros Martín Soria (Justicia) y Sabina Frederic (Seguridad) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

En ambos casos intervienen el fiscal Claudio Navas Rial quien, tal como publicó LA NACION, imputó al exjefe de Gabinete Marcos Peña, al excanciller Jorge Faurie y al exsecretario de Asuntos Estratégicos de la Nación Fulvio Pompeo bajo la sospecha de que habrían participado de la organización del envío de las municiones a Bolivia.

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