Controversia por fondos para cascos azules argentinos

El 16 de diciembre de 1993 el Ejército Argentino contribuía en Croacia al despliegue de 2095 efectivos argentinos en diferentes misiones de paz. La nueva doctrina de compromiso internacional era impulsada por el gobierno de Carlos Menem. Ese día, el comandante de la compañía E, el mayor José Rojas, y el sargento primero Sergio Raúl Balla patrullaban la zona asignada al contingente argentino cuando su vehículo ingresó en un campo minado no señalizado. Tres minas antitanques explotaron a su paso. Rojas falleció y Balla perdió las piernas. Casi diez años después aún no se cumplió con el pago de indemnización girado por las Naciones Unidas.

El vehículo en el que viajaban forma parte del museo del Ejército, como parte del reconocimiento institucional a quienes participan como cascos azules, una de las principales misiones hoy de las Fuerzas Armadas.

Pero la trama burocrática y diversas interpretaciones legales privaron de una completa compensación económica a familiares de caídos en campos de batalla del exterior y a quienes quedaron con discapacidades físicas.

El 27 de mayo de 1992, también en Croacia -como parte del primer contingente argentino en la región-, el vuelco de un camión provocó las muertes del principal Francisco Acuña Godoy y los sargentos Oscar Vallejos y Marcelo Aguilera.

Por los nombrados y por otros cinco efectivos víctimas de graves heridas las Naciones Unidas giraron 3.109.816 dólares a la Argentina, en partidas detalladas en favor de los militares afectados por esos sucesos bajo la bandera de la ONU. Empezó entonces una controversia administrativa que se mantiene todavía.

En el caso del sargento primero Sergio Balla, en 1998 la ONU giró 399.942 dólares. Los uniformados sostienen que esos fondos fueron retenidos por el Tesoro, con la justificación de que la ONU no indemnizó a particulares, sino al Estado

Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron a LA NACION que las indemnizaciones militares se pagan de acuerdo con la ley 19.101 (referida al personal militar) y, explicaron, esta norma no habilita a realizar excepciones más allá del lugar del accidente o la muerte. Según indicaron estas fuentes -de importante ubicación en el Palacio de Hacienda-, la ONU habría aceptado esa posición.

También apuntaron que en 1995 el Ministerio de Defensa intentó reglamentar esa ley para establecer una serie de excepciones, pero que nunca se concretó esa iniciativa.

Economía se defiende

El Tesoro manifestó no haberse apropiado del dinero, sino que solamente cumplió con la normativa.

Importantes hombres del Ministerio de Defensa comentaron que se está frente a una situación compleja, pero derivaron a su vez la responsabilidad hacia Economía.

De todas maneras, en la cercanía del ministro Jaunarena se aseguró que el Estado tiene una sola voz en este tema y la aceptada hoy es que "los efectivos militares no viajan solos y sacan un seguro de vida con la ONU, sino que integran un contingente nacional", por lo que es cuestión de debate si el Estado no debe ser el indemnizado.

Especialistas castrenses de derecho mencionaron que la ley 19.101 no establece indemnizaciones para casos de accidente o muerte en servicio, sino que el beneficio que se otorga es el cobro de un porcentaje del haber.

Para casos que involucran una pérdida de capacidad física superior al 65 por ciento, corresponde un 15 por ciento más del haber completo, más suplementos del grado superior.

El sistema de jubilación militar es particular; si un efectivo obtiene la baja antes de los 15 años de servicio pierde todos sus aportes. En estos casos de actos de servicio el personal afectado pasa a retiro obligatorio, pero con el beneficio consignado. Sin embargo, los especialistas aclaran que en una participación como cascos azules los efectivos argentinos están sujetos a las normas internacionales, que incluyen, además de obligaciones, el pago de indemnizaciones.

Claves de una demora

Millones: las Naciones Unidas enviaron en la última década más de tres millones de dólares para compensar a afectados directos en misiones de paz y a familiares de caídos en Croacia y otros conflictos internacionales.

Acusación: fuentes del Ministerio de Defensa acusan a sus pares de Economía de retener indebidamente los fondos de indemnización.

Defensa: funcionarios de Economía aseguraron que cumplen con la la ley 19.101, que prohíbe recibir indemnizaciones más allá del accidente o la muerte, y afirmaron que el dinero pertenece al Estado.

Debate: el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, afirmó que "quienes viajan integran un contingente nacional" y que el tema está sujeto a debate.

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