Córdoba: habrían identificado a un espía

CORDOBA.- La causa contra los militares y agentes civiles de inteligencia del Ejército, acusados de realizar acciones de espionaje, seguirá en manos de la jueza federal Cristina Garzón de Lascano, quien habría logrado identificar y estaría por imputar a uno de los tres "espías" que sólo se individualizaban con una sigla o seudónimo.

La magistrada habría llegado a precisar quién sería el agente S-17, que se ocupaba -como adelantó La Nación - de hacer un seguimiento de las actividades de periodistas y medios de comunicación.

Ayer, la principal novedad se originó en la Cámara Federal de Apelaciones que rechazó por "improcedente" la recusación a la jueza, planteada por los abogados Gustavo Franco y Eduardo Rodríguez Aramburu, defensores del jefe de la Central de Reunión de Informaciones (CRI) 141, teniente coronel Abel José Guillamondegui, uno de los seis militares imputados.

Después de la indagatoria a este militar, en mayo último, se planteó la recusación y el pedido de nulidad de toda la causa, cuestión que la Cámara resolvería el miércoles próximo. La decisión que tome el tribunal será decisiva para la prosecución o la extinción de la causa por el espionaje que se habría ejercido sobre el Juzgado Federal Nº 2, donde se investiga la desaparición de personas.

En el rechazo de la recusación, la Cámara refutó a los abogados al afirmar que la jueza no adquirió la calidad de testigo y que no era parte interesada "La presunta actividad de espionaje no ha tenido por finalidad investigar a la señora juez en lo personal, sino la tramitación de la causa que la misma se encontraba instruyendo, lo que descarta que ella sea la damnificada", expresó el alto cuerpo.

También rechazó que el interrogatorio de Garzón de Lascano a Guillamondegui haya constituido un adelanto de opinión en la causa.

Por último, la resolución juzgó que, "al no existir sospecha de parcialidad que conlleve a la necesidad de apartar a la señora magistrada, del conocimiento e investigación de la causa, es que corresponde rechazar el planteo".

Avance

Fuentes judiciales revelaron que la jueza ya habría logrado identificar a uno de los agentes secretos que en los partes de inteligencia firmaba con una sigla (S-17), a pesar de que esa información no le fue proporcionada por el jefe del Ejército, teniente general Martín Balza.

El jefe castrense le respondió en dos oportunidades que en los registros del arma no figuran las identidades de los agentes que se reportan con siglas o claves. La jueza, empero, intimó a Balza a informarle y recibió como contestación que un diskette, donde constaban los nombres de los agentes, se había extraviado en la CRI.

Frente a esta situación, la magistrada requirió a Balza el envío de los legajos de todos los agentes de la CRI, trámite que se concretaría hoy.

A su vez, el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, general Juan Manuel Llavar, respondió en primera instancia que no tenía los datos reclamados por la jueza sobre los agentes, en tanto no contestó el segundo oficio judicial, por encontrarse en Perú.

En cuanto a la dilucidación del nombre de uno de los agentes investigados, la jueza impuso el secreto de sumario por diez días impidiendo a las partes acceder al expediente, como paso previo a la formulación de la imputación correspondiente contra esa persona. Con este fin, corrió vista a la fiscal federal Graciela López de Filoñuk.

La presunta pérdida del diskette llevó al diputado nacional Horacio Viqueira (Frepaso-Córdoba) a pedir que Balza y el ministro de Defensa, Jorge Domínguez, comparezcan ante la Comisión de Defensa de la Cámara baja.

Por Orlando Andrada

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