Coronavirus en la Argentina. La oposición denuncia que los "superpoderes" otorgados a Santiago Cafiero violan la Constitución

Los bloques opositores de Juntos por el Cambio, Consenso Federal, el socialismo y el peronismo federal cuestionaron con dureza al Gobierno por avasallar facultades propias del Congreso. Sus principales líderes advirtieron que, con el pretexto de la pandemia de coronavirus, el gobierno de Alberto Fernández retomó una de las prácticas más cuestionadas del kirchnerismo: el manejo de los recursos presupuestarios sin límites ni control del Congreso.

En efecto, en el decreto de necesidad y urgencia 457/2020 que dictó el domingo pasado, el Poder Ejecutivo no solo aumento en 498 mil millones de pesos el gasto público, sino que además suspendió por este año el tope del 5% que establecía el artículo 37 de la ley de administración financiera para reasignar las partidas del presupuesto. En buen romance, esto significa que, a partir de ahora, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, podrá disponer de "superpoderes" presupuestarios para manejar los recursos públicos a discreción.

La dirigencia de Juntos por el Cambio rechazó, tajante, esta decisión del Gobierno. "El artículo cuarto del DNU 457/20 del presidente Alberto Fernández cercena definitivamente cualquier facultad del Congreso de la Nación en materia presupuestaria. Sin límites puede disponer de las reasignaciones presupuestarias sin ninguna autorización. A todo esto seguimos sin presupuesto", advirtió el jefe de bloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri.

Negri, junto con los diputados Alfredo Cornejo, jefe del radicalismo, y Gustavo Menna, presentaron este mediodía un proyecto de ley para dejar sin efecto los artículos del decreto que permiten al jefe de Gabinete reasignar partidas presupuestarias sin límites.

Por su parte,las bancadas que integran el interbloque Federal rechazaron el decreto y advirtieron, en un comunicado, que la delegación de facultades cedida al Jefe de Gabinete en el cuestionado DNU "es una cuestión inherente al Congreso y, por lo tanto, el Poder Ejecutivo debió seguir para este tema el trámite ordinario previsto en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes".

Los legisladores indicaron que si bien es necesario "continuar y fortalecer las políticas de apoyo a las familias y a las empresas que el gobierno, aunque no siempre con eficacia, está ejecutando", resulta imprescindible, en este estado de excepción, "otorgar la máxima fortaleza institucional y política a estas trascendentes decisiones".

En Juntos por el Cambio las críticas al decreto fueron impiadosas. "La pandemia no puede ser una excusa para eliminar de un plumazo las instituciones de la República. Al Congreso, cuando retome las sesiones, no le van a quedar prácticamente facultades", advirtió Cornejo, en diálogo con LA NACION.

"La atribución que se le ha conferido al jefe de Gabinete implica transferirle las atribuciones del Congreso, debido a la eliminación del límite previsto en el suspendido artículo. Ahora, el jefe de Gabinete podrá reestructurar la totalidad del presupuesto. A mi modo de ver, esa atribución constituye un exceso que la torna inconstitucional", dijo a LA NACION el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina.

El legislador anticipó que, en las próximas horas, también presentará junto a Cristian Ritondo, jefe de bloque de Pro, un proyecto para dejar sin efecto la suspensión del artículo 37 de la ley de administración financiera que impuso el Gobierno por DNU. "Digamos la verdad. El Congreso Nacional se ha convertido en una institución que funciona con carácter de excepción, en materia penal y tributaria. El abuso de los DNU lo aniquiló. Es casi lo que la realeza a las monarquías constitucionales. Una formalidad", agregó Laspina en su cuenta de Twitter.

También expresó su preocupación el bloque de la Coalición Cívica. "Se pone en manos de un funcionario que nadie votó y a espaldas de los representantes del pueblo de la Nación la distribución discrecional del dinero de todos los argentinos", advirtieron los legisladores comandados por Maximiliano Ferraro.

"El Gobierno directamente suspendió ayer por decreto la Ley de Administración Financiera para todo 2020 y se arrogó superpoderes presupuestarios ilimitados. Además de no tener el país presupuesto 2020, asume ahora el Presidente las facultades del Congreso", cuestionó, por su parte, el radical Alejandro Cacace, miembro de la Comisión de Presupuesto.

El último límite

En rigor, el manejo discrecional del presupuesto comenzó desde el primer día de la gestión de Alberto Fernández, cuando el Gobierno decidió prorrogar la ley del año pasado y no presentar un nuevo proyecto para este ejercicio. Este último DNU revocó el único límite para la reasignación de las partidas presupuestarias que le imponía la ley de administración financiera, en su artículo 37, aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri. Ese límite fue del 7,5% para el ejercicio 2017 y el cinco por ciento 5% para el ejercicio 2018 y siguientes, sobre el monto total aprobado por cada ley de presupuesto. Cualquier reasignación por fuera de ese límite debía pasar por el control del Congreso.

"En 2016 Cambiemos logró modificar esta situación cuando el Congreso fijó un tope del 5% del total del presupuesto para hacer reasignaciones. Lamentablemente el gobierno nacional decidió ahora volver a 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner hizo sancionar la ley de superpoderes", advirtió Negri.

En los argumentos del decreto 457/2020, el Gobierno justifica esta decisión en la necesidad de "dotar de flexibilidad al Presupuesto de la Administración Nacional para la atención de los gastos que se eroguen en virtud de medidas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria". En el mismo párrafo, se faculta al jefe de Gabinete a retirar los fondos necesarios que "excedan los necesarios para el normal funcionamiento de la AFI" y destinarlos a políticas nutricionales, educativas o de salud.

El futuro del decreto

El principal bloque opositor difícilmente convalide este DNU cuando se discuta en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, aunque al oficialismo no le inquieta: el decreto ya está en vigor y solo el rechazo de ambas cámaras podría derogarlo. "Este decreto lleva la delegación al jefe de Gabinete al 100% del presupuesto, que es el esquema que había impuesto el kirchnerismo en 2006. Es decir, no hay más ley de presupuesto porque apruebe lo que apruebe el Congreso, el Jefe de Gabinete puede cambiar todas las partidas", apuntó el diputado radical Gustavo Menna, de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Por su parte, la diputada Gabriela Lena, también de Juntos por el Cambio, consideró que el Gobierno tiene un plan para silenciar al Congreso y a las expresiones críticas de la oposición. "Los argentinos nos eligieron a los legisladores para defender sus derechos en el Congreso, pero con el Congreso clausurado y las decisiones concentradas en el Ejecutivo Nacional, se están cometiendo arbitrariedades y nos impiden ejercer la representación para la que fuimos electos", señaló.

Por último, el diputado Alvaro De Lamadrid afirmó que con este decreto el Presidente "procura desguazar y desmantelar el Parlamento quitándole su rol en materia presupuestaria con reasignación de partidas". El diputado anunció que, por eso, pidió que concurriera el Jefe de Gabinete a brindar explicaciones ante los diputados. "Esto muestra también que sesionar de manera virtual es una trampa", sostuvo.