Coronavirus: duros y aperturistas, las posturas en el gabinete ante las nuevas restricciones

“No hay margen para mucho más”, reflexionaron, con una mezcla de resignación y pragmatismo, desde un ministerio cercano a la Casa Rosada. Por la imparable suba de contagios de coronavirus, que actúa a modo de correctivo, el gobierno de Alberto Fernández se encamina hoy a sancionar un DNU con nuevas restricciones, enarboladas por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, avaladas por el jefe de gabinete Santiago Cafiero y resistidas desde hace semanas por algunos miembros del gabinete que buscaron, de una manera o de otra, morigerar cierres compulsivos o totales de actividades y movimientos.

Amparados en la “imposibilidad” de frenar medidas, varios de los miembros del gabinete con vínculos económicos se anotan, al menos, algunos módicos triunfos, si es que la construcción privada y el turismo, por dar solo dos casos, no se vieran afectados por las nuevas disposiciones.

“Carla [Vizzotti] hace lo que tiene que hacer. Pero los infectólogos, el sistema de salud que ve un horizonte complicado y la provincia presionan para cerrar todo ya”, comentaron desde otro ministerio, que pretendía un “equilibrio” para no afectar la recuperación económica, una de las frases que el presidente Alberto Fernández suele repetir en los últimos meses.

A esas presiones, que corporizan en empresas de medicina privada y la salud pública, el consejo de asesores que rodea al Presidente y los responsables de Salud bonaerense, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak, se le oponen razonamientos de índole económico. “Cerrás todo por tres semanas, ¿y qué hacés? ¿ Otros 90.000 millones de IFE? Es inviable, imposible”, comentaron cerca de otro ministro que conversa con el jefe de la cartera de Economía, Martín Guzmán, preocupado por un eventual rebrote inflacionario que traería la mayor emisión monetaria en caso de disponerse el regreso de la ayuda masiva.

“Martín va a resistir que vuelva el IFE, lo consideraba adecuado para atender la urgencia de la pandemia hasta que se acomodase el sistema de salud”, afirman dos fuentes del área económica. “Aunque él tampoco quería la nueva ley de Ganancias porque eran $40.000 millones menos para el Estado y la tuvo que aceptar”, recordó una fuente oficial, que apunta a declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en las que no descartó el regreso de la ayuda masiva a través de IFE o ATP para empresas en caso de ser necesario.

Hay ministerios, como el de Obras Públicas, de Gabriel Katopodis; Trabajo, de Claudio Moroni, o Turismo, encabezado por Matías Lammens, que recibieron en las últimas semanas inquietudes de las cámaras empresarias y sindicatos por eventuales cierres. “Hay que buscar un equilibrio. No somos Brasil, que tiene todo desbocado, y tampoco Francia, que puede cerrar todo porque el Estado banca al sector privado”, razonó un alto funcionario que no acuerda con el tono “tremendista” de Gollán y Kreplak para impulsar medidas más contundentes. “Siembran el miedo, así no se hace política”, aseguraron.

Mientras que desde el ministerio de Katopodis, en sintonía con la Uocra y las cámaras del sector, esperan que la obra privada continúe como está (la obra pública no corre riesgos de cierre), las cámaras de Turismo y gastronomía también esperan que los cierres sean “lo más acotados posible”, luego de un fin de semana de Semana Santa que califican de “exitoso”.

Distinta es la situación en el Ministerio de Transporte, que encabeza Mario Meoni, en el que las empresas reciben generosos subsidios del Estado, tengan o no circulación de pasajeros. “Aflojaron los controles, y eso es responsabilidad de las jurisdicciones”, afirmó una fuente que dialoga con el ministro. Desde varios ministerios apuntan no sólo a la ciudad y la provincia de Buenos Aires, sino también a la ministra se Seguridad, Sabina Frederic, que no da “órdenes firmes” a los uniformados para que controlen las entradas y salidas de los transportes públicos. Y agregaron que la jefatura de gabinete, que definió las categorías de “esenciales”, tiene la llave para revocar permisos a algunos sectores ya que, afirmaban “hoy prácticamente todo el mundo puede viajar” y los controles son laxos o inexistentes.

Más allá de las razones y los pases de factura internos, el consenso hoy es que hay que hacer “algo rápido”. Por eso, esperan que el DNU presidencial ayude a frenar la ola de contagios que amenaza con complicar no sólo la salud, sino también la economía.

Por Jaime Rosemberg

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