Coronavirus. La guerra del miedo: Corrientes y Chaco, enfrentadas en una inédita pelea política y judicial

Si algo le faltaba a la ya dramática situación estructural que vive el Norte argentino, pocos hubieran imaginado que ese algo sería la escalada de una disputa interprovincial entre Chaco y Corrientes, en despachos políticos y estrados judiciales, por el manejo de los criterios sanitarios que impone la necesidad urgente de controlar la propagación de la pandemia de coronavirus.

Todo empezó el 24 de marzo, cuando el gobierno de Corrientes dispuso que un grupo de 39 profesionales de la salud debía someterse al aislamiento obligatorio por considerarlo "de alto riesgo". Este aislamiento incluyó la imposibilidad de regresar a sus trabajos en la provincia del Chaco.

Ante tal situación, la Federación Médica del Chaco y la Asociación de Clínicas y Sanatorios elevaron un recurso cuestionado judicialmente el accionar del gobierno de Corrientes, por entender que la determinación de disponer el aislamiento social y obligatorio de los profesionales médicos con residencia en Corrientes -pero que prestan servicios en la vecina provincia del Chaco- lesiona sus derechos a transitar y trabajar.

En su presentación conjunta, las entidades privadas chaqueñas indicaron además que con la prohibición "se está arriesgando la salud de cientos de pacientes chaqueños" que se quedarían sin atención.

"Sin distinguir entre personal público y privado, la máxima autoridad ejecutiva de la República Argentina ha querido garantizar el acceso a la salud de todos nosotros como habitantes de un mismo suelo, considerando a este servicio como esencial y por ende una actividad exceptuada del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio", indica un tramo del escrito firmado por el abogado José Sánchez, en representación de las entidades médicas.

Por esta razón, el domingo pasado, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó al gobierno de Corrientes que levante la medida restrictiva que había dictado, pero el cuerpo de asesores letrados del gobierno correntino interpuso otra medida que fue viabilizada este miércoles por el juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, quién anuló lo resuelto por su par chaqueña.

Vallejos hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el gobierno de Gustavo Valdés (UCR) y declaró "inoponible" el fallo de la justicia federal chaqueña. Acto seguido, "suspendió los efectos" de lo resuelto contra Estado de la Provincia de Corrientes y el comité de crisis Covid-19.

"Denegar la medida cautelar solicitada importaría hacer prevalecer indebidamente el interés particular de los amparistas sobre el interés general de la comunidad tanto en la provincia de Corrientes como en la provincia del Chaco, de evitar la propagación del virus Covid-19", sostiene el magistrado.

La resolución del juez correntino repone el vigor del aislamiento de los médicos, alegando, sobre todo, cuestiones de competencia judicial, pero entendiendo también "el peligro" de demorar la cuestión, pues "implicaría un riesgo que no debe correrse, en relación con la pandemia y emergencia sanitaria decretada por la normativa federal y el avance de la circulación comunitaria del Covid-19, lo que demanda una respuesta estatal urgente, inmediata y sin demoras. Y la inmovilización del accionar del Estado correntino importaría la consumación de un perjuicio irreparable para la salud pública en la provincia de Corrientes".

Esta situación, que afecta a los médicos y al resto del personal de la salud, todavía puede escalar a la Corte Suprema. Pero además es una situación que afecta no sólo a estos trabajadores sino al resto de los actores del arco económico de la región, porque Chaco y Corrientes comparten mucho más que sus médicos. Por encima de la relación económica, la vida familiar, social y educativa (sólo por nombrar las más importantes) constituyen un solo entramado que ahora habrá que recomponer. Como la relación política entre las administraciones políticas de ambos pueblos.

Los orígenes de esta pelea

Ocurre que esta disputa tiene antecedentes inmediatos, todos surgidos en paralelo con la pandemia. Primero fueron algunos dardos verbales entre funcionarios de la Salud; después intervino el propio ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, para frenar la discusión y correr de la escena los intereses políticos que empezaron a surgir en medio de la crisis. Se le atribuyó al Chaco cierto desmanejo en el tratamiento de la enfermedad, caldo de cultivo para su propagación. La provincia gobernada por Jorge Capitanich es una de las más afectadas del país.

El propio gobernador de Corrientes había sugerido esa situación en declaraciones a la prensa, y en nombre de la preservación de la vida y la salud de los correntinos, ordenó que los profesionales correntinos guarden cuarentena en Corrientes. Después reclamó, a través de su ministro de Salud, Ricardo Cardozo, celeridad en los resultados de las muestras enviadas al Malbrán, y el envío de aparatos e insumos para atender la demanda local.

Sobre el fin de semana pasado, además, hubo un revuelo en las dos orillas por una publicación que endilgaba a los chaqueños la responsabilidad de exportar la enfermedad, cuestión en la que intervino incluso el Inadi. Y en las últimas horas, surgieron situaciones de maltrato, violencia verbal y discriminación hacia una médica que trabaja en el Hospital Perrando de Chaco, cuyo examen de coronavirus dio positivo y que se encuentra guardando aislamiento en su casa de Corrientes.

Mientras todo eso ocurre, Chaco cuenta 5 víctimas fatales por coronavirus, y un total de 91 positivos. En Corrientes son 21 los casos confirmados, sin circulación comunitaria, según se informó oficialmente.