Corrientes: se prolongará seis meses la intervención

CORRIENTES.- Algunas cosas cambiaron en tres meses. Por lo pronto el clima, que desde ese caluroso 21 de diciembre puso oficialmente en funciones al verano se llegó a la tormenta con la que apareció ayer el otoño. Pero no es cuestión de sensaciones térmicas de lo que se trata por aquí. Aquel día estaba en el ambiente el olor de la pólvora en el puente General Belgrano, mientras en el salón verde de la gobernación el ministro del Interior, Federico Storani, tomaba juramento al interventor federal, Ramón Mestre. Hoy eso es sólo un triste recuerdo.

En ese mismo recinto, el secretario general Martín Houret anunciaba ayer que la intervención tomará la prórroga de mandato estipulada, por lo que, sin poder alcanzarse los objetivos en los primeros seis meses de gestión, se continuará con este gobierno en los otros seis previstos por la ley que dio forma a esta búsqueda de nuevo orden político en la provincia.

"Nos gusta la automatización del proceso", dijo Houret ante la pregunta directa de La Nación sobre el plazo de la intervención. Para el funcionario, uno de los puntales del equipo cordobés de Mestre, aún no llegó la ocasión de dialogar con los partidos políticos locales: "No queremos sentarnos a la mesa para perder el tiempo. Queremos presentar un proyecto ordenado y para eso tenemos que hacer rápido otros deberes. También los partidos políticos deben hacer sus deberes".

Esas "misiones" que tienen por cumplir antes de planificar una agenda electoral que normalice la situación son entendidas en el círculo de la intervención como "el acercamiento total de la provincia con la Justicia" y "el reacomodamiento económico-social".

Por el lado judicial, Houret pasó lista a las remociones de jueces custionados y al convencimiento de que la población ahora tiene mayor confianza. "Me parece muy bueno que los correntinos hayan estado en la calle defendiendo sus derechos durante un año. Fueron ellos los que forzaron esta intervención federal, porque querían que se acabase la impunidad."

Los atrasos salariales potenciaron esas protestas, que terminaron con la toma del paso entre esta ciudad y Resistencia, lo que ocasionó una crisis reprimida por la Gendarmería y con dos muertos como resultado. Tras ponerse al día con los sueldos desde noviembre -70% en pesos y el resto en bonos Cecacor-, la policía recibió el pago adeudado de mayo y junio último con los certificados de cancelación de deudas. Una circunstancia aceptada por los estatales al no haber otra opción para cobrar esos haberes.

"No creo que el mercado se abarrote con los Cecacor. Es más, muchos volvieron a la provincia al usarse para el pago de impuestos. Lo importante es que se dio un tirón a la economía con casi 110 millones de pesos en el mercado. Es prácticamente el producto bruto provincial de un mes", comentó Houret.

Y los industriales correntinos sumaron un pedido: "Reclamamos al Estado que las empresas puedan pagar los impuestos con los Cecacor porque se liberaría la presión a la gente, al hacerlos redituables", comentó Adolfo Navajas Artaza, propietario del Establecimiento Las Marías y apoyándose en el documento firmado por la multisectorial el sábado último.

Políticos

Navajas Artaza fue gobernador de esta provincia y en su doble papel de empresario y político su palabra vale: "Lo que piden los partidos es que el Estado ayude a Corrientes a desembarazarse de la estructura administrativa creada por el PANU y que todavía sigue gobernando la provincia. Pero también decimos que la democracia funciona con la participación insustituible de los partidos políticos".

Estiman los políticos locales que hoy sólo el PANU del detenido Raúl "Tato" Romero Feris está en condiciones de presentarse en una elección, por lo que cuanto más se prolongue esta gestión mayor será la posibilidad de reformular las bases políticas. Sin embargo, pretenderían no quedar tan de lado como están frente a la intervención, que a tres meses de haber asumido todavía no tuvo ningún contacto con los sectores políticos.

"Nuestra línea de trabajo se marca en el Ministerio del Interior y está en concordancia con lo que quiere Fernando de la Rúa", explica Houret.

Por Daniel Gallo

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