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Corrupción: piden que el próximo gobierno proteja a los arrepentidos
Lo afirmó el subsecretario de Política Criminal, Sebastián Garat
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LA NACION
La posibilidad de que el kirchnerismo vuelva al poder en diciembre no solo alteró los tiempos y la brújula en los tribunales federales de Comodoro Py. También genera preocupación entre los arrepentidos que acusaron a exfuncionarios de Cristina Kirchner en las causas de corrupción.
Así lo señaló un informe del programa La cornisa, que conduce Luis Majul en el canal América, que contó con el testimonio de Sebastián Garat, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia. "El nuevo gobierno deberá proteger a los arrepentidos que denunciaron a exfuncionarios", sostuvo Garat.
En similar sentido se expresó el abogado Roberto Herrera, quien defiende a Víctor Manzanares y Leonardo Fariña, dos de los arrepentidos más emblemáticos. "No hay temor, pero sí preocupación en los arrepentidos, cierta incertidumbre por lo que puede venir, aunque no debería cambiar la situación de ellos", dijo Herrera antes de viajar a Río Gallegos para acompañar a Manzanares.
Garat y Herrera coincidieron en que la validación de los arrepentidos en las causas de corrupción en las etapas de instrucción deberá ser convalidada en los tribunales orales durante cada uno de los juicios. "Todo es nuevo y espero que se convalide, ya que la ley prevé penas mayores para quienes incurran en falso testimonio", agregó Garat.
Una eventual marcha atrás en los beneficios para los arrepentidos y en las prisiones preventivas alcanza a numerosos imputados. Solo en la causa de los cuadernos de las coimas -en la que hay funcionarios y empresarios bajo la lupa acusados de pagar sobornos al Estado para la obtención y cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo-, recientemente enviada a juicio oral, hay 31 imputados colaboradores de 172 procesados por múltiples delitos contra el Estado por cientos de millones de dólares.
Entre los arrepentidos está Manzanares, a quien se refirió el juez federal Claudio Bonadio por su "contribución en el decomiso de los inmuebles de la corrupción". El excontador de los Kirchner vive bajo custodia en Río Gallegos y en las próximas semanas volverá a Comodoro Py para acercar más pruebas.
También se arrepintieron el chofer Oscar Centeno, cuyos cuadernos fueron el disparador de la megacausa de corrupción, y el exsecretario de Obras Públicas José López, quien pidió aliviar su situación procesal mientras se evalúa su aporte en varias causas.
Algunos de los arrepentidos están dentro del Programa de Testigos Protegidos e Imputados Colaboradores, que depende del Ministerio de Justicia, como Fariña, que vive bajo la protección de Los Lobos, el grupo especial que lo custodia. El financista es otro de los arrepentidos fundamentales en la causa conocida como "la ruta del dinero K".
Un cambio de color político en la Casa Rosada también genera dudas respecto de la continuidad de las prisiones preventivas basadas en la doctrina Irurzun, que llevó a prisión a varios acusados por el riesgo de entorpecer las investigaciones o profugarse -como en caso de Lázaro Báez-.
Tanto en la Justicia Federal como en la provincia de Buenos Aires empiezan a revisarse las prisiones preventivas. No son pocos los que ya vislumbran que el exministro Julio De Vido podría obtener la prisión domiciliaria antes de fin de año, ya que cumple 70 en diciembre, o a Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, que fueron sobreseídos en la causa Indalo y lograron la excarcelación en el juicio por Oil Combustibles (aunque deberá decidir la Cámara Federal, luego de que Bonadio se opusiera a que les otorgaran el beneficio).
Otras figuras que hoy están detenidas bajo la prisión preventiva son la exmano derecha de De Vido en Planificación, Roberto Baratta, el exdirector de Yacyretá Oscar Thomas (en su domicilio) y el empresario Gerardo Ferreyra.
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