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Crece el malestar entre los gobernadores aliados por la falta de diálogo con la Casa Rosada
Los mandatarios pretenden abrir un canal de diálogo y hay preocupación por la pérdida de injerencia de Guillermo Francos
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Hay un creciente malhumor entre los gobernadores dialoguistas con la Casa Rosada, aunque no hay ninguna certeza de que se vaya a traducirse en acciones concretas. Los aliados no dan señales respecto de la conducta que tomarán en el Congreso, a donde el oficialismo los necesita. Los mandatarios están atentos a la elección de la Ciudad de Buenos Aires, donde un eventual revés de La Libertad Avanza (LLA) podría cambiar sus estrategias.
Los números muestran que las provincias ajustaron (alcanzaron superávit en 2024) y los recortes que les hizo Nación aportaron fuerte al equilibrio del que se jacta el presidente Javier Milei. El principal reclamo es poder negociar y no ser relegados a un rol de meros espectadores.
La recuperación de la actividad sigue heterogénea y los gobernadores tienen dudas respecto a qué pasará hacia adelante porque si Nación sostiene la decisión de un tipo de cambio bajo (cerca del piso de la banda de $1200) los problemas de competitividad para muchos sectores productivos continuarán.
Hasta marzo las transferencias nacionales crecieron en la comparación interanual porque la base de comparación es muy baja. De hecho, el primer trimestre siguió siendo el segundo peor de los últimos 20 años. En coparticipación, abril no venía bien (puede levantar por los vencimientos de IVA) mientras que las transferencias por fuera mejoran por el impacto de los giros a CABA.
Si no mejora la competitividad -economistas de primera línea advierten que este año no habrá baja de impuestos para poder cumplir con las metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI)- el crecimiento previsto podría ser algo menor al calculado, lo que obviamente, impacta en los ingresos.
La frase que más repiten ante la consulta de LA NACION es que ya dieron “suficiente changüí”. Que entendieron que el primer año era de emergencia y acompañaron, pero que tiene que haber una “nueva etapa” a donde haya negociaciones. Uno de ellos usó la expresión “nos tienen de rehenes”. Cuando este diario comentó esa frase a otro mandatario, ácido respondió “podemos hablar de síndrome de Estocolmo”.
En la Casa Rosada tomaron nota del “enojo” de los dialoguistas y ha habido algunos llamados desde la Jefatura de Gabinete. Lo cierto es que con ese canal -el más aceitado que existe- hay desgaste. Si bien reconocen que Guillermo Francos atiende y busca dar respuestas, no tiene el nivel de decisión que reclaman. Desde el mismo gabinete hay quienes le dicen que esa no es la vía.
“Si faltaba algo, lo dijo el Presidente, Santiago Caputo está por encima de él”, se lamentó un ministro provincial que recorre despachos con pedidos puntuales.
Las decisiones confluyen, en su mayoría, en Luis Caputo, pero para llegar a Economía con “gestiones avanzadas”, según cuentan desde las provincias, es muy “complejo”.
Deudas y obras
Frente a este panorama, una docena de gobernadores sigue de cerca la negociación de Córdoba con Nación en la Corte Suprema de Justicia por la deuda de Anses. Desde la asunción de Milei las 13 cajas de jubilaciones no transferidas no reciben un peso.
Más allá del stock de deuda acumulado, la mira está puesta en el flujo ya que deben poner recursos propios para cumplir con el pago de haberes. La propuesta a la que estaría dispuesta Nación, como ya adelantó este diario, es a girarles un monto discrecional por mes.
A la salida de la audiencia de conciliación, Martín Llaryora levantó el tono y habló de “avasallamiento institucional” por parte de la Rosada. Los gobernadores son conscientes de que al Presidente no le hacen mella las críticas por la institucionalidad, pero sí es una vía que van a transitar con más insistencia.
“Pueden llevarnos puestos y no hay que decir nada, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos lo mismo? Nos catalogarían de golpistas”, reflexionó un mandatario que varias veces aportó legisladores en votaciones en el Congreso.
En las provincias, según el último trabajo del Iaraf, el gasto público total cayó 15,1% real interanual, por encima de lo ingresos (12,7% real) y coinciden en que no tienen más margen para seguir recortando. Salarios y obra pública fueron los mayores aportantes del ajuste. Plantean que tienen que atender más demandas sociales, de salud y de educación derivadas de lo que Nación restringió.
En la lista de puntos a negociar que alcanza a todos los gobernadores, está por ejemplo, el porcentaje del impuesto a los combustibles que por ley debe ir al arreglo de rutas o a obras viales y que no se está usando. En el 2024 esa carga recaudó $2,4 billones y, según el Cepa, de los $310.000 millones que debían transferirse a Vialidad Nacional para obras en la red vial, solo fueron $149.000 millones.
El año pasado, la Nación traspasó 258 obras a 17 provincias y municipios por unos $64.000 millones, al momento de la firma la Rosada se comprometió a ejecutar otras consideradas “estratégicas”. Según los gobernadores, esa promesa está demorada en la mayoría de los trabajos. Una situación similar se da entre los intendentes.
