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“Avasallamiento institucional”: el gobernador Llaryora se presentó en la Corte y redobló su reclamo al gobierno de Milei por la deuda de la Anses
Córdoba y el Estado nacional volverán a encontrarse dentro de 15 días ante el máximo tribunal; otras 12 provincias tienen demandas millonarias
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
La Corte Suprema de Justicia abrió una caja que puede traer sorpresas para el gobierno de Javier Milei. Realizó una audiencia para que Córdoba y el Estado nacional acuerden el pago de una deuda billonaria por los fondos que la Anses dejó de transferirle a la caja de jubilaciones cordobesa. Se trata de sólo una de las 13 provincias que plantearon el mismo reclamo judicial por fondos millonarios.
En la reunión de este mediodía en la Corte, las partes quedaron en volverse a verse en 15 días. En ese lapso, los representantes del Ministerio de Economía y la Anses, y los técnicos del gobierno cordobés deberán avanzar en una propuesta para la determinación de la deuda y la manera en que se saldaría.
Al terminar la audiencia de conciliación, en en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, el gobernador cordobés Martín Llaryora hizo un fuerte reclamo: “Vine a defender el interés de los cordobeses. No solo de los jubilados cordobeses, porque seguimos pagando los haberes con el esfuerzo de todos, con los recursos de todos. No se puede permitir un avasallamiento de la institucionalidad”, aseguró.
El monto en discusión es una deuda de $1 billón que la provincia le reclama a la Anses por la caja de jubilaciones provincial no transferida.
“No puede permitirse que se incumplan las leyes. La república tiene que tener institucionalidad. Si la Nación no cumple, las provincias podríamos hacer lo mismo y no lo hacemos”, insistió Llaryora.
La audiencia fue con el secretario de Asuntos Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Rodríguez, encargado de las causas que se tramitan directamente ante los estrados del máximo tribunal cuando hay conflicto entre provincias, o entre ellas y el Estado nacional.
El Gobierno, al termino del encuentro, informó: “Las partes se pusieron de acuerdo en trabajar en conjunto para la solución del conflicto e ir presentado a la Corte los avances acordados entre las ellas”. Así lo expresó una fuente del Ministerio de Economía.
El gobernador calificó de “valiente” el gesto de la Corte Suprema de convocar a una audiencia en el actual contexto “porque no se puede permitir que siga el avasallamiento a las provincias”.
Las cajas de jubilaciones no transferidas a la Nación son 13 y por eso la audiencia de este miércoles fue seguida con interés por otros mandatarios, que quieren conocer la disposición a negociar y pagar de la Casa Rosada. El cubrir con recursos propios los giros que por ley debe hacer Anses y no llegan, se tensionan las cuentas en sus distritos.
Además de Llaryora, participaron del encuentro el ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Constancio Acosta; su par de Justicia y Trabajo, Julián López; el fiscal de Estado, Jorge Eduardo Córdoba; el presidente de la Caja de Jubilaciones provincial, Adrian Daniele, y el abogado de la provincia, Alberto Manuel García Lema.
Por el Estado nacional acudieron el secretario Legal y Técnico de la Anses, Andres Gutiérrez, los abogados Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez; el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José García Hamilton, y la subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial, Valeria Patricia Sanchez.
Simulacro
Hace unos días este diario publicó una simulación de a cuánto ascenderían, sobre la base de los datos existentes, las cuotas mensuales en concepto de anticipo que debería hacer la Anses. Por ejemplo, la transferencia a la provincia de Buenos Aires rondaría los $65.000 millones; a Córdoba, $21.000 millones; a Santa Fe, unos $18.000 millones, y a Entre Ríos, $12.000 millones. Esos son los distritos más importantes, pero Neuquén debería recibir unos $4800 millones; Formosa y La Pampa, $4000 millones; Misiones, $3200 millones, y Corrientes, $1600 millones.
“Podemos cumplir con las jubilaciones y poner los recursos porque tenemos superávit, sino sería imposible", insistió Llaryora.
Los giros que no se están realizando tienen un esquema de actualización aprobado por el Congreso y deben ser corregidos siguiendo la movilidad previsional. El argumento de la Casa Rosada es que la Anses no terminó las auditorías y que por eso están suspendidas las transferencias. Ni siquiera se hacen a valores históricos.
