Creen que se reducirá aún más el financiamiento para la Argentina

Especialistas afirman que la decisión del juez afecta las perspectivas de obtener divisas
Martín Kanenguiser
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30 de septiembre de 2014  

Aunque sea una sanción difícil de ejecutar, el desacato colocará a la Argentina en una situación más difícil en términos de financiamiento en un contexto de caída de reservas y del nivel de actividad.

Así lo expresaron a LA NACION diversos especialistas, que consideraron que seguramente la Argentina apelará esta decisión y que habrá que ver si el gobierno de Estados Unidos eventualmente decide apoyar al país con un escrito. Por ahora, la administración Obama ya tuvo un gesto hacia el Gobierno, ya que el viernes pasado compartió con los abogados de la Argentina un "amicus brief" que presentó un caso de desacato contra Irak.

El ex secretario de Finanzas Daniel Marx sostuvo: "En el corto plazo habrá que ver si el juez impone una multa. Y después habrá que ver cómo impacta en la situación general: lo más complicado es el financiamiento comercial, sobre todo al sector privado, porque esto afecta precios y disponibilidad de insumos y productos". Al respecto, admitió que "podría complicar" el financiamiento de líneas de crédito del Eximbank, que el país tanto buscó al solucionar la deuda en default con el Club de París.

De todos modos, según Marx, "algunos inversores siguen pensando que toda cuestión se resolverá en el primer trimestre del año próximo si el Gobierno paga a los holdouts, lo cual debería ocurrir, no tanto por deseo propio, sino por la necesidad de obtener divisas" para tratar de revertir la recesión sin generar más inflación.

Para Miguel Kiguel, ex subsecretario de Financiamiento, "es una mancha más, con consecuencias más legales que económicas, aunque puede complicar un poco más el acuerdo con los holdouts".

Al igual que Marx, el jefe de la consultora Econviews expresó que puede haber un acuerdo a principios de 2015 "porque cada día que pasa y que ven que la economía está mal es más probable que traten de buscar una solución, y la situación de reservas está muy ajustada".

Este deterioro, según Kiguel, "te pega directamente en el nivel de actividad, que responde a un problema de oferta, no de demanda, por más que incentiven el consumo. Te hunde un poco más".

Por otra parte, abogados consultados por LA NACION afirmaron que seguramente la Argentina no pagará y desmintieron, como afirmó la Cancillería, que la ley de EE.UU. no contemple la posibilidad de penalizar con el desacato a otro Estado.

Marco Schnabl, socio del estudio Skadden de Nueva York, dijo que "lo que invocó la Argentina son convenciones internacionales que Estados Unidos no firmó". Schnabl consideró que la sanción sería de US$ 50.000 diarios, porque es una suma que ya se aplicó en otros casos, y dijo que la sanción de ayer "es curiosa, porque resulta de un canje al que seguramente nadie adherirá".

Por otra parte, relativizó la posibilidad de que se reciba apoyo de EE.UU. "en un partido que la Argentina pierde con toda seguridad".

"No creo que la Argentina pague, pero me parece relevante lo que dijeron los holdouts de que buscarán castigos no financieros. Posiblemente busquen convencer a terceros para que no hagan negocios con la Argentina cuando el país está en desacato", expresó Schnabl.

Eugenio Bruno, socio del estudio Garrido, también indicó que la ley norteamericana "no prohíbe" que haya una declaración de desacato a otros Estados soberanos. Además, aseguró que "esto va para largo porque la Argentina seguramente apelará" la decisión de Griesa.

En tanto, Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, dijo que "el desacato es irrelevante en el marco del default y una suma de US$ 50.000 es relativamente barata, aunque, como dijeron los abogados del país, esto no va a ayudar a que haya un arreglo con los acreedores". Sobre la posibilidad del apoyo de EE.UU., dijo que será difícil de lograr "si el Gobierno se sigue peleando" con la administración Obama.

Piden prisión para Cavallo

  • Una fiscal del Tribunal Oral Federal N° 4 pidió que el ex ministro de Economía Domingo Cavallo sea condenado a tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por intervención en el canje de deuda realizado en 2001.
  • La fiscal Fabiana León acusó a Cavallo de negociaciones incompatibles con la función pública. Dijo la fiscal que el canje se realizó para que un grupo de bancos actuaran de intermediarios y cobraran comisiones.
  • El abogado de Cavallo, Eduardo Oderigo, solicitó su absolución. Los jueces Néstor Costabel, Patricia Mallo y Enrique Pose darán a conocer el veredicto el lunes luego de que Cavallo diga sus últimas palabras. La Cámara Federal sobreseyó a otros nueve procesados.

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