Cristina arma su propio esquema de inteligencia

La presidenta Cristina Kirchner le perdió la confianza a la línea orgánica de la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE) y le ordenó al secretario legal y técnico, Carlos Zannini, neutralizarla con un nuevo sistema de inteligencia paralelo. Estará compuesto por un pequeño sector afín de la SI; por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y por el nuevo jefe del Ejército, general César Milani, experto en inteligencia.

El ascenso de Milani, hace diez días, fue la puntada final de esa delicada operación. Se trata del militar más leal del kirchnerismo. Era y será jefe de Inteligencia del Ejército, J2, y conservará los dos cargos.

En la ex SIDE estalló la guerra. Sólo el secretario, Héctor Icazuriaga, se mantiene alineado a Cristina. Su principal aliado es Fernando Pocino, director de Reunión Interior. Son el ala política de la SI.

En cambio, la Presidenta entró en crisis con un viejo soldado de Néstor Kirchner, el subjefe de la SI, Francisco "Paco" Larcher, el que realmente operó el organismo en esta década.

Larcher estrechó lazos con el ala profesional de la SI, que lidera el director general de Operaciones, Jaime Stiusso. Ese sector, de mucho poder, cayó en desgracia en Olivos.

Según confiaron fuentes oficiales a LA NACION, un episodio puso al descubierto la crisis: la Casa Rosada le atribuyó a Larcher haber informado a la Presidenta que Sergio Massa no se presentaría como candidato a diputado para las elecciones de octubre próximo. Luego, el intendente de Tigre se postuló. En Balcarce 50 sospechan que Larcher se reunía con el líder del Frente Renovador.

"Este hijo de puta nos desinformó desde hace varios meses", se enfureció un ministro. El malestar en la Casa Rosada fue general. Pero la Presidenta se desencajó: no le permitió armar una estrategia sólida con tiempo suficiente.

El conflicto viene de mucho antes. El cortocircuito con el ala Larcher-Stiusso comenzó cuando la Presidenta firmó el acuerdo con Irán, en enero último, por la causa del atentado a la AMIA de 1994. Podría terminar en el levantamiento del pedido de su captura a Interpol de los cinco imputados. Y ello haría caer la vieja investigación de Stiusso, que impulsó el fiscal especial Alberto Nisman en la causa, con apoyo de Estados Unidos e Israel. La Presidenta vincula a este sector con intereses norteamericanos. Pero ella y Kirchner lo apoyaban desde 2003.

Cerca de Cristina atribuyen ahora a ese sector y a sus operadores en la Justicia, los abogados Javier Fernández y Darío Richarte, algunos fallos en contra del Gobierno.

En mayo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo, antes afín al Gobierno, revocó las multas que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, impuso a consultoras que medían la inflación. Y la semana última, el juez federal Claudio Bonadio indagó a Moreno y lo podría procesar por abuso de autoridad. Además, pidió la detención del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Días más tarde, la Sala I de la Cámara Federal porteña, antaño también amigable, ordenó reabrir la causa contra la procuradora general de la Nacion, Alejandra Gils Carbó, por nombramientos irregulares de fiscales ad hoc o subrogantes.

Ahora el Gobierno teme por el fallo de la Corte Suprema por la ley de medios, que afecta al Grupo Clarín.

"El detonante fue lo de Massa. La SIDE está fuera de control. Por ello, Cristina dispuso el ascenso de Milani para tener un sistema de inteligencia de su confianza", dijo a LA NACION un funcionario oficial.

Zannini, Milani y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, son aliados de Icazuriaga, Pocino, la ex ministra de Defensa Nilda Garré y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside Horacio Verbitsky. Son el cristinismo a ultranza.

El conflicto no resuelto es que las Fuerzas Armadas sólo tienen competencia en inteligencia externa y tienen vedada la interna, según las leyes de seguridad interior y de defensa de la democracia.

La muerte de un agente encubierto de la SI (de la que se informa aparte) no tendría relación con esta pelea. Pero algunos sectores aprovecharon para vincular el escándalo con la vieja estructura de la SIDE.

Como apoyo al Ejército, Zannini reequipó a la PSA con tecnología de inteligencia. Cristina fortaleció a Gils Carbó con el grupo Justicia Legítima para contener a posibles operadores judiciales de la SI e impulsaron por ley nuevas cámaras de casación afines para neutralizar a las cámaras de segunda instancia.

La última decisión contra el ala tradicional de la SI: Gils Carbó no autorizó a Nisman a viajar a EE.UU. para exponer ante el Congreso su informe sobre Irán y el terrorismo en América latina. Y desató un conflicto con legisladores de ese país.