Cristina Kirchner pidió autorización para no asistir al juicio en su contra por obra pública
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LA NACIONCandela Ini
La expresidenta Cristina Kirchner pidió autorización al Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2, que lleva adelante el juicio por la causa Vialidad, para no asistir a las próximas audiencias, en las que los demás acusados tendrán que prestar declaración indagatoria.
Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu resolverán el pedido en las próximas horas.
El TOF N°2, con el aval de dos de sus integrantes, ya autorizó a Julio De Vido, al exfuncionario de Vialidad Provincial Héctor Garro, entre otros, para no estar presentes durante las indagatorias de los otros imputados. De los trece acusados que tiene esta causa, siete de ellos ya avisaron que no van a declarar. Según el orden establecido por el TOF, Cristina deberá declarar -si así quisiera hacerlo- al final, y responder preguntas del fiscal y las querellas. Su abogado, Carlos Alberto Beraldi, anticipó que la expresidenta está dispuesta a declarar.
En este expediente, iniciado por una denuncia del exministro de Energía y exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel, se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, a las empresas de Lázaro Báez.
Según concluyó el juez federal de primera instancia Julián Ercolini cuando elevó la causa a juicio oral, de un total de 88 obras llevadas a cabo en Santa Cruz en el período 2004-2015, 52 se contrataron, por un monto de 46.000 millones de pesos, con empresas relacionadas con Báez. Los acusadores sostienen que se repartió la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz de manera favorable a Báez, y que además Cristina fue quien encabezó esa presunta asociación ilícita.
La semana pasada se incorporó al expediente de esta causa una pericia elaborada por ingenieros y contadores designados por las partes, por el fiscal, y por el mismo TOF. En ese trabajo se analizaron cinco de las obras que se le adjudicaron a las empresas de Lázaro Báez.
El perito oficial Pablo Eloy Bona concluyó, en uno de los informes, en que hubo sobreprecios mayores a los 150.000 dólares en la confección de los pliegos de oferta de las cinco obras analizadas. La perito de parte de los acusados, Adriana Alperovich, dictaminó en cambio que no hubo irregularidades. Las miradas de las defensas están fijas sobre esos informes, que serán materia de análisis y debate en las audiencias.
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