Críticas del kirchnerismo a Macri por el manejo de la Metropolitana

El gobierno nacional redobló ayer las críticas contra el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, por la represión aplicada por la Policía Metropolitana , el viernes de la semana pasada, contra manifestantes que se oponían a la demolición de un sector del hospital neuropsiquiátrico Borda.

Los autores de los cuestionamientos contra Macri fueron el vicepresidente Amado Boudou y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, dos de los oradores centrales del Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional, que reunió a más de mil personas en el Congreso y sus alrededores.

Los dos funcionarios consideraron que la represión, que dejó más de 30 heridos, no fue resultado de un exceso policial sino de una concepción autoritaria de la seguridad de parte del gobierno porteño. "A veces nos preguntábamos por qué el gobierno de la ciudad ponía tanto énfasis en tener la policía y no quería aceptar los subtes u otras prestaciones. Hoy lamentablemente lo sabemos con total claridad: el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quería la policía porque quiere reprimir y espiar a los vecinos cuando algo no le gusta", sostuvo Boudou, durante la apertura del encuentro, en el Salón de Pasos Perdidos.

Garré encabezó el acto de cierre, junto con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. "El ministro Montenegro [Guillermo] dijo: "La ley y el orden deben primar". Estas mentes no conciben la conflictividad en una sociedad. Para ellos la conflictividad, la reunión, la expresión de ideas son malas. Quieren sociedades sólo ordenadas", dijo la ministra, en una de las cinco carpas instaladas en la Plaza del Congreso.

Frente a militantes y familiares de víctimas de gatillo fácil, la funcionaria también acusó al gobierno porteño de haber violado los principios de racionalidad y proporcionalidad de la fuerza, que, según dijo, deben regir la actuación de la policía. "En el caso de que se hubieran tirado piedras, hay que preguntarse: ¿es proporcional este ataque con gas pimienta y balas de goma?"

Como el resto de los expositores, la ministra puso énfasis en la necesidad de la conducción política de las fuerzas de seguridad, en contraposición con el modelo de autonomía de las policías. Garré reveló, además, que la ciudad de Buenos Aires es uno de los cinco distritos del país que todavía no adhirió a un protocolo de actuación policial en manifestaciones que se elaboró en base a recomendaciones de las Naciones Unidas. Tampoco adhirieron, hasta el momento, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Corrientes.

Del acto de apertura participaron, además de Boudou, el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el diputado nacional Leonardo Grosso.

Grosso, líder de la JP Evita (rama juvenil del Movimiento Evita), es el impulsor de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, una iniciativa que nació hace dos años y que realizó actividades en todo el país, con el foco puesto en los casos de brutalidad policial. El diputado consideró que la violencia institucional "es un problema del conjunto de los argentinos" y que si no hay unidad entre los tres poderes del Estado "nunca se va a poder decir que ya no hay más abuso policial o casos de gatillo fácil".

Tras calificar los casos de violencia institucional como un "fracaso de la política", Domínguez se sumó a los cuestionamientos al gobierno porteño. "Después de 30 años de democracia no podemos convivir con el Borda como alternativa a los requerimientos de una sociedad", advirtió.

Del encuentro, que tiene como consigna "ni un pibe menos", también participaron el intendente de Morón, Lucas Ghi; el titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella; la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.